Rodríguez sostuvo durante la presentación que el gobierno federal hace "todo lo que está al alcance" para atender la búsqueda de personas desaparecidas, y agradeció a familias y colectivos el tiempo dedicado a esa labor. "El diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros", afirmó la funcionaria, quien subrayó la instalación de políticas públicas orientadas a la localización.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló el contenido técnico del plan. Explicó que la primera línea de acción consiste en garantizar que todos los reportes del RNPDNO cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros encargados del análisis técnico, científico y jurídico. De acuerdo con Medina, ese grupo tendrá perfiles de análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, con el objetivo de revisar las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, proponer adecuaciones al marco jurídico vigente.
Diez líneas de acción
Entre las medidas anunciadas figura que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación abierta, así como la difusión periódica de avances a través de la Plataforma Única de Identidad, la búsqueda generalizada a cargo de los estados y las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). También se contempla informar de manera regular sobre los resultados de la propia ANBI y reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.
La medida con mayor peso institucional es el Plan de Identificación Humana, que será encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito declarado de abatir el rezago forense, uno de los problemas más señalados por organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda ante la acumulación de cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses de distintas entidades.
El paquete incorpora, además, un componente de prevención frente al reclutamiento y la cooptación de jóvenes a través de plataformas digitales. Las dos últimas acciones corresponden a la ampliación de las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado, y al mantenimiento de la atención y el diálogo permanente con familias y colectivos, que se llevará al territorio mediante jornadas de atención y esquemas de coordinación con las entidades federativas.
Cifras del rezago
Según los datos presentados por la dependencia, a partir de julio de 2025 se detectaron 40,628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha de su reporte, de las cuales 6,939 ya cuentan con reporte de localización.
En los últimos dos meses se concretaron 3,039 localizaciones, de acuerdo con la información oficial. A través de la Alerta Nacional se ha localizado en meses recientes a 2,572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. Las brigadas territoriales de la CNB, por su parte, han realizado 1,075 localizaciones con vida, de las cuales el 86% correspondió a ausencias voluntarias no vinculadas a algún delito, según cifras expuestas por Medina.
La presentación ocurre en un contexto marcado por la persistente demanda de justicia en el caso Ayotzinapa. Un abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 lamentó que "aún estamos lejos de conocer el paradero" de los jóvenes, tras una reunión de los padres con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que, según refirió la mandataria, se abrieron nuevas líneas de investigación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su parte, rechazó atraer un recurso de revisión promovido por familiares de los 43, quienes buscaban modificar las medidas cautelares aplicadas a un militar liberado en ese proceso.
El fenómeno de las personas desaparecidas se ha convertido en una de las principales demandas sociales del país desde hace más de una década. La respuesta institucional tomó forma con la promulgación en 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, marco que creó la propia CNB y ordenó la conformación del RNPDNO. Colectivos de búsqueda han calificado esos instrumentos de insuficientes ante el tamaño del rezago forense y el número de fosas clandestinas localizadas en distintas entidades.
La Segob no precisó un calendario específico para la implementación completa de las 10 acciones ni plazos de evaluación de resultados. El seguimiento de las medidas, así como la instrumentación del Plan de Identificación Humana bajo coordinación de la FGR, quedará sujeto a la revisión periódica que colectivos de familiares y organismos internacionales de derechos humanos han solicitado de manera reiterada al gobierno federal.