El intercambio comenzó cuando el consejero Espadas pidió a los representantes partidistas presentes en la sesión "dejar de fastidiar" con posicionamientos de corte político un debate que, a su juicio, debía centrarse en los aspectos técnicos de la propuesta presupuestal. La expresión detonó la reacción inmediata de Gutiérrez Mancilla, quien le respondió que si estaba "fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa".
El diputado priista no se limitó a esa respuesta. Calificó de "lamentable" la intervención del consejero y le reprochó pretender normar lo que los representantes partidistas pueden o no decir en el seno del Consejo General. "Usted se ha querido meter en la vida de los partidos políticos, al decir qué podemos o no decir y cómo podemos hacerlo", señaló Gutiérrez Mancilla, quien agregó que él no pretendía decirle al consejero qué podía expresar, aun reconociendo diferencias entre ambos: "podemos tener nuestras diferencias, pero nunca me voy a mofar de la voz de un consejero".
La consejera presidenta intervino para acallar el intercambio y leyó ante el pleno el fragmento del reglamento de sesiones del INE que, dijo, la faculta como responsable de conducir los trabajos del Consejo General. "Debo tener la posibilidad de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para reestablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado", recordó Taddei, quien precisó que el uso de la palabra en las sesiones ha sido acordado previamente con las representaciones de las fuerzas políticas.
Gutiérrez Mancilla respondió que esa advertencia constituía, en su opinión, "una amenaza velada" y un acto de censura contra su representación como diputado federal, condición que subrayó por tratarse de un representante de oposición. "Yo no vine aquí a ser amigo de los consejeros", concluyó el legislador. Espadas cerró el intercambio con una réplica: "Ser diputado no lo coloca por encima de la ley".
Un pulso presupuestal recurrente
El episodio se produjo en el marco de las discusiones que el Consejo General sostiene sobre el techo presupuestal que el INE solicitará para 2027, un proceso que cada año enfrenta al órgano electoral con las bancadas de los partidos representados ante el Instituto, que vigilan el gasto de una institución cuyo costo de operación ha sido objeto de señalamientos por parte de distintas fuerzas políticas en años recientes.
El reglamento invocado por Taddei atribuye a la presidencia del Consejo General la conducción de los trabajos y las facultades para preservar el orden durante las sesiones públicas. Esas atribuciones incluyen, en el escalón último, la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, un recurso que rara vez se activa en la práctica y cuya sola mención suele bastar como advertencia procesal.
El presupuesto del INE forma parte del ciclo anual del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El organismo elabora su propia solicitud, que se integra al paquete económico que el Ejecutivo federal remite a la Cámara de Diputados y que San Lázaro debe aprobar antes de que concluya el año. En sexenios recientes, la solicitud del Instituto ha sido objeto de ajustes en el contexto de la política de austeridad promovida desde el Ejecutivo, lo que ha generado fricciones recurrentes con el Congreso de la Unión.
Tensión histórica entre partidos y árbitro electoral
El choque se inscribe en una relación históricamente tensa entre las representaciones partidistas y los consejeros del órgano electoral. El actual INE tiene como antecedente al Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990 tras la reforma electoral que siguió a los cuestionados comicios presidenciales de 1988. Desde entonces, los partidos han impugnado en distintos momentos decisiones del árbitro —desde la fiscalización de sus recursos hasta la organización de comicios—, mientras los consejeros han defendido la autonomía técnica del organismo frente a lo que califican como presiones políticas.
La discusión del presupuesto del INE para el Ejercicio Fiscal 2027 continuará en las próximas sesiones del Consejo General, de cara a que la propuesta se integre al paquete económico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitirá a la Cámara de Diputados y que el Congreso de la Unión deberá dictaminar y aprobar antes de que termine el año.