«Desconozco los términos en los que se pactó», admitió Rocha sobre el acuerdo entre Caracas y Washington. A su juicio, cualquier pacto de esta naturaleza «que se ha celebrado a espaldas de los venezolanos, debe revisarse en algún momento a los efectos de establecer su vigencia y sus alcances». El abogado matizó que la revisión no implica automáticamente la nulidad: «No todas las cosas que nacen sin legitimidad externa son nulas. Para revisar la nulidad hay que ver el principio, los fines y propósitos».
El acuerdo, según lo difundido por la propia Rodríguez, contemplaría que Estados Unidos mantuviera durante 25 años el control sobre el 22% de las reservas petrolíferas venezolanas. Rocha se mostró escéptico ante esa cifra atribuida a la presidenta interina: «Delcy puede decir cualquier cosa. No estoy obligado a creerla. Ella no me representa, ni a ningún venezolano. Ni siquiera ha presentado el acuerdo a su Parlamento», declaró.
La objeción del entorno de Machado apunta a un procedimiento constitucional preciso. La Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo 150 que los contratos de interés público nacional requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. La ausencia de ese trámite parlamentario es, según la posición defendida por Rocha, uno de los elementos que debilitaría la legitimidad jurídica del pacto suscrito con la Administración Trump.
Preguntado sobre si el acuerdo respondería más a intereses electorales estadounidenses que a los venezolanos, Rocha evitó pronunciarse: «No quiero evaluar la política de EE.UU., ni me corresponde». Sí subrayó, en cambio, su reconocimiento a Washington por las gestiones que acompañaron su propia excarcelación: «Hay un Estado que arriesgó seres humanos y recursos militares para darnos la libertad y extrajo a una persona; yo estoy aquí gracias a esa gesta».
El coordinador de Vente Venezuela rechazó la tesis de que Rodríguez hubiera actuado para arrebatar a Machado la iniciativa de una apertura petrolera. En su lectura, la dirigente estaría tratando de «sobrevivir» políticamente ejecutando «acciones distintas a su doctrina e ideología», aunque —sostuvo— «tomando decisiones torpemente que nosotros en libertad nos hubiésemos planteado». La diferencia esencial residiría en el método: «Primero, nosotros consultaríamos a los venezolanos. Segundo, no serían decisiones reactivas a una presión externa, sino posiciones reflexivas», afirmó, insistiendo en que la oposición «no tendría por qué renunciar a la OPEP», organización de la que Venezuela es socio fundador desde 1960.
Rocha esbozó un modelo alternativo basado en la integración energética continental, con Estados Unidos como socio estratégico frente a lo que definió como el «enemigo externo e interno» común: «Son Rusia, China e Irán. Es el mismo enemigo de la Venezuela libre». El abogado reivindicó una alianza con Washington «como lo fuimos en el pasado» y ofreció los recursos del país «pero de manera racional», con la aspiración de que Venezuela sea vista como «el socio pequeño pero fuerte, y no la rémora».
Ese planteamiento se produce sobre un trasfondo de deterioro estructural del sector. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, superiores a los 300.000 millones de barriles según la OPEP, pero su producción se desplomó en las últimas dos décadas por la falta de inversión, las sanciones internacionales y la crisis de gestión de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estados Unidos, comprador histórico del crudo venezolano hasta el endurecimiento de las sanciones en 2019, ha mostrado en los últimos años un interés renovado por diversificar sus fuentes de suministro, mientras China se consolidó como principal destino de las exportaciones venezolanas.
La controversia sobre la titularidad de los recursos energéticos tiene raíces profundas en la historia reciente del país. La industria fue nacionalizada en 1976, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la creación de PDVSA como empresa estatal. Cada intento posterior de apertura al capital extranjero —incluida la denominada apertura petrolera de los años noventa— reabrió el debate sobre la soberanía de los recursos, una discusión que el pacto actual, según Rocha, vuelve a situar en el centro.
El propio abogado encarna la situación jurídica de parte del liderazgo opositor. Es, según su testimonio, el único preso político venezolano con tobillera digital, colocada el 10 de enero en su domicilio dos días después de salir de El Helicoide, centro de detención en Caracas señalado por organizaciones de derechos humanos por denuncias de torturas y que la propia Rodríguez ordenó cerrar tras asumir la presidencia interina. Rocha fue acusado de cinco delitos, entre ellos conspiración y traición a la patria, y debe presentarse ante el juzgado cada quince días.
Ni la Casa Blanca ni el Gobierno interino de Rodríguez han detallado públicamente los términos completos del acuerdo petrolero, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre su alcance jurídico y sobre los mecanismos de control que podría aplicar un eventual Ejecutivo distinto al actual. La ausencia de ratificación parlamentaria refuerza el argumento de la oposición para reclamar una revisión.
La cuestión de fondo —la titularidad y gestión de las reservas petrolíferas venezolanas— seguirá marcando la agenda política del país en los próximos meses. La oposición liderada por Machado reclama una transición negociada, mientras la comunidad internacional observa cualquier movimiento que pueda alterar el equilibrio de fuerzas entre Caracas, Washington y los actores globales con intereses en la región. Un futuro cambio de Gobierno abriría, según la posición expresada por Rocha, la vía para examinar la validez de lo firmado.
