El diagnóstico parte de una premisa favorable. México cuenta con manufactura de exportación en sectores de alta complejidad, universidades y centros de investigación con capacidades reconocidas en ciencias y negocios, y un sistema de protección industrial que ha ganado reconocimiento a nivel global a través del IMPI. Sin embargo, ese potencial no se traduce de forma sistemática en tecnología propia que las empresas mexicanas puedan absorber y explotar comercialmente, según el análisis que circula entre quienes siguen la política de innovación en el país.
La eventual designación permitiría al IMPI realizar, para solicitantes de distintos países, los exámenes técnicos previos que determinan si una invención es patentable dentro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), administrado por la propia OMPI desde 1970. Ese papel lo desempeñan hoy oficinas de un número reducido de jurisdicciones, entre ellas Australia, Japón, Corea del Sur, Suecia, España y Estados Unidos (EU), por lo que la incorporación de México sumaría una nueva oficina con esa función en América Latina.
El reto ya no es registrar un mayor número de patentes, sino lograr que las invenciones alcancen un nivel de madurez tecnológica suficiente y encuentren socios dispuestos a invertir en su desarrollo y llevarlas al mercado. Muchas patentes mexicanas permanecen como títulos jurídicos que ofrecen protección legal, pero nunca se integran en una cadena productiva ni generan valor económico tangible para quien las genera.
Esa desconexión tiene un origen estructural: la ausencia de intermediarios especializados entre quienes producen conocimiento y quienes podrían financiarlo, desarrollarlo y llevarlo al mercado. Faltan oficinas de transferencia tecnológica, fondos dedicados a la maduración de tecnologías en etapas tempranas, mecanismos de coinversión y espacios permanentes de colaboración entre investigadores y empresas. El sector privado, por su parte, rara vez identifica a las universidades y centros de investigación como proveedores potenciales de soluciones a sus desafíos tecnológicos.
El resultado es un conocimiento que existe, se publica y en ocasiones se patenta, pero que no siempre responde a los problemas concretos de los sectores productivos estratégicos del país, desde la manufactura automotriz hasta la electrónica de exportación. A esa brecha se suma una limitación financiera de fondo: México no cuenta con un sistema robusto de fondos de riesgo dispuestos a ofrecer capital a los innovadores con base en el valor de sus activos intangibles.
De título jurídico a activo económico
Una patente, para cumplir su función plena, tendría que poder licenciarse, valorizarse e incorporarse a los libros contables de una empresa como un activo más, algo que en la práctica ocurre con poca frecuencia. Ese vacío requiere el desarrollo de metodologías de valuación de propiedad intelectual y de mecanismos que permitan usar esos activos intangibles como base para obtener financiamiento. La OMPI presentaría, junto con la designación, un estudio que documenta las brechas que impiden el financiamiento basado en propiedad intelectual en México y emite recomendaciones para reducirlas.
Documentar casos de éxito de empresas de base tecnológica —surgidas de proyectos gestados en universidades a demanda del sector privado y que hayan obtenido financiamiento basado en el valor de sus derechos de propiedad intelectual— podría abrir una nueva conversación sobre el desarrollo industrial del país a partir de la innovación, según el diagnóstico que acompaña al anuncio. Para el crecimiento de la economía, sostiene ese análisis, es fundamental una agenda de innovación y transferencia de tecnología capaz de fortalecer proveedores nacionales, sustituir insumos, desarrollar soluciones propias y generar empleos de mayor calificación.
La historia de la política de ciencia y tecnología mexicana ofrece ejemplos de este desfase entre generación de conocimiento y aplicación productiva. Desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1970 —hoy reorganizado como Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación— el país ha invertido en infraestructura científica sin lograr de manera consistente que esa inversión se traduzca en cadenas de valor tecnológico propias, a diferencia de economías como Corea del Sur, que dio ese salto en las últimas cuatro décadas.
La agenda de transferencia tecnológica cobra relevancia adicional en el contexto del nearshoring, el fenómeno por el cual empresas extranjeras han buscado relocalizar cadenas de suministro hacia México aprovechando la proximidad con el mercado estadounidense y los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Fortalecer proveedores nacionales capaces de sustituir insumos importados y desarrollar soluciones propias es, según este diagnóstico, una condición para que la relocalización se traduzca en empleos de mayor calificación y no solo en ensamblaje de bajo valor agregado.
El IMPI no ha emitido hasta el momento un comunicado propio confirmando la designación, que corresponde anunciar formalmente a la OMPI, organismo especializado de Naciones Unidas con sede en Ginebra. De concretarse el lunes, se sumaría a los reconocimientos que el instituto mexicano ha recibido en años recientes dentro de foros internacionales de propiedad industrial. El debate de fondo —cómo cerrar la brecha entre invención y mercado— seguirá abierto entre académicos, empresarios y autoridades de innovación, con las recomendaciones del estudio de la OMPI como próximo punto de referencia para la discusión sobre financiamiento basado en propiedad intelectual.