El episodio irrumpe en la antesala del proceso interno de Morena para definir a su abanderado o abanderada a la gubernatura del estado norteño, una de las contiendas más observadas rumbo a 2027 por la disputa entre Chávez, senadora, y Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez hasta hace unos días.
En conferencia de prensa, Álvarez Hernández defendió la pertinencia de los espectaculares y los enmarcó como una denuncia de la inseguridad que, según dijo, azota a los 67 municipios de Chihuahua y al resto del país. Atribuyó a Morena la responsabilidad de "200 mil homicidios dolosos y 130 mil desaparecidos" en el ámbito nacional, cifras que la dirigente panista expuso sin vincularlas a una fuente oficial en la comparecencia. "En el PAN estamos decididos a que deje de suceder", afirmó.
La dirigente estatal señaló específicamente a Ciudad Juárez, gobernada hasta hace pocos días por Pérez Cuéllar, como el municipio que concentraría el 60% de los homicidios dolosos de la entidad. "Lo gobierna Morena", añadió, para sostener que la gestión morenista en la frontera sería causante directa de la violencia, un señalamiento que el partido guinda rechazó.
Álvarez Hernández acusó además a Morena de oponerse a excluir a "narcocandidatos" de las contiendas de 2027 y afirmó que el partido habría buscado "la complicidad" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ese propósito. No presentó documentación pública ni referencia a un expediente ante el máximo tribunal. Como ejemplo de lo que calificó "dinero sucio del narcotráfico", mencionó el caso de la organización identificada como "La Barredora", señalada el año pasado de financiar unidades médicas móviles y publicidad en carteleras vinculadas a la campaña de Andrea Chávez.
La panista sostuvo también que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca etiquetar a Chihuahua como un estado violento con fines electorales. "Pero son ellos los responsables de las muertes en la entidad", dijo, en referencia a las administraciones morenistas local y federal.
La réplica de Morena
La dirigencia de Morena en Chihuahua, que encabeza Brighite Granados, descalificó la "desesperada" campaña panista y ubicó el origen de la violencia en el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) y su "falsa" guerra contra el narcotráfico, a la que atribuyó el ciclo de violencia que aún golpea a la entidad. En un comunicado, exigió al PAN estatal transparentar el origen de los recursos con que se financiaron los espectaculares y recordó que las prerrogativas que el INE otorga a los partidos —de carácter público— no están destinadas a la calumnia.
"No es nada menor, pues hablamos de recursos públicos, del dinero de todas y todos, que debe ejercerse con responsabilidad y rendición de cuentas. Exigimos al INE que tome cartas en el asunto y defina con claridad los lineamientos para el uso de los recursos públicos que son de todas y todos los mexicanos. En Morena Chihuahua no vamos a permitir que la mentira normalice ni que la propaganda sustituya a los resultados", señaló la dirigencia en el texto.
El intercambio se enmarca en un ambiente de confrontación política en el estado de cara a 2027. El Partido del Trabajo exigió recientemente a la gobernadora Maru Campos pruebas sobre una denuncia de presuntas amenazas, solicitud que la mandataria respondió alegando que se trataba de la confusión de un requerimiento legal. Días antes, autoridades reportaron el aseguramiento de tres campamentos de presuntos criminales en la entidad, con hallazgo de víveres y un panel solar, antecedente que ambas fuerzas invocan para respaldar sus lecturas sobre la seguridad en Chihuahua.
La normativa electoral faculta al INE, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias y del procedimiento sancionador —ordinario o especial según el caso—, para ordenar el retiro de propaganda cuando existan elementos de calumnia o uso indebido de recursos, así como para requerir a los partidos la comprobación documental del origen y destino de sus gastos. Esa obligación se enmarca en la fiscalización que la autoridad realiza sobre los informes de ingresos y egresos partidistas. En caso de acreditarse infracciones, el INE puede imponer sanciones económicas, y sus resoluciones son impugnables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El uso de espectaculares y propaganda de alto contraste entre fuerzas políticas ha sido recurrente en procesos electorales mexicanos recientes y, en el pasado, ha derivado en multas para los partidos cuando la autoridad ha acreditado violaciones a las reglas de propaganda o al uso de prerrogativas. El caso chihuahuense reproduce ese patrón en un estado que ha sido escenario habitual de disputas por la narrativa de seguridad pública.
Ni Chávez ni Pérez Cuéllar han detallado públicamente ante qué instancia del INE presentarán formalmente la queja ni el plazo en que esperan resolución, aunque el procedimiento sancionador suele resolverse en semanas una vez admitida la denuncia. El desenlace, que corresponderá al INE y, en su caso, al Tribunal Electoral si alguna parte impugna, se conocerá en las próximas semanas y podría marcar el tono de la contienda por la gubernatura de Chihuahua, uno de los procesos locales más competidos rumbo a 2027.