Quién era Lahbib Abdelaziz
Lahbib Abdelaziz no era únicamente el hijo de un fundador: representaba la segunda generación del Polisario, nacida ya en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde malviven desde 1975 entre 90.000 y 173.000 saharauis, según las estimaciones que manejan respectivamente Marruecos y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), una horquilla que en sí misma refleja la profundidad del conflicto político sobre el terreno. Su figura encarnaba la transición generacional pendiente en una organización fundada en 1973 y cuya cúpula histórica envejece sin haber resuelto la cuestión de la sucesión.
A diferencia de cuadros formados en la Argelia de los años de la Guerra Fría o en la Cuba que acogió a cientos de jóvenes saharauis becados por La Habana desde los años ochenta, Lahbib Abdelaziz había desarrollado un perfil más orientado a la diplomacia multilateral y a los contactos con la diáspora saharaui en Europa, especialmente en España. Fuentes próximas al movimiento lo describían como pragmático, con capacidad para moverse tanto en los foros de la Unión Africana como en los pasillos de Ginebra donde la ONU gestiona el dosier del Sáhara.
El conflicto del Sáhara y la ruptura del alto el fuego
Para entender el alcance del ataque es imprescindible situar el conflicto en su eje histórico. España administró el Sáhara Occidental como provincia hasta 1975, cuando los Acuerdos de Madrid —denunciados desde entonces por el Polisario y cuya legalidad ha sido cuestionada reiteradamente por el Tribunal de Justicia de la UE— cedieron el territorio a Marruecos y Mauritania. La llamada Marcha Verde, organizada por el rey Hasán II con entre 300.000 y 350.000 civiles marroquíes, precipitó la huida masiva de la población saharaui hacia Argelia. Mauritania renunció a su parte en 1979; Marruecos ocupó la totalidad.
Un alto el fuego supervisado por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) mantuvo la paz relativa entre 1991 y noviembre de 2020, cuando el Polisario lo denunció formalmente tras una operación de las fuerzas marroquíes en el paso de Guerguerat, en el extremo sur del muro de arena —el 'berm'— que Marruecos levantó entre 1980 y 1987 a lo largo de más de 2.700 kilómetros para separar las zonas bajo su control del territorio liberado. Desde entonces, el Polisario ha reivindicado decenas de acciones militares, y Marruecos ha intensificado el uso de drones de combate —principalmente de fabricación turca e israelí, según informes de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)— contra objetivos en las zonas orientales.
La guerra de los drones y la asimetría militar
El uso sistemático de drones armados por parte de Marruecos ha alterado la ecuación militar en el Sáhara de forma estructural. Según el SIPRI, Marruecos destinó en 2023 aproximadamente 5.200 millones de dólares a defensa, situándose entre los diez mayores importadores de armamento de África. La adquisición de drones Bayraktar TB2 de origen turco —el mismo modelo que cambió el curso de los conflictos de Libia, Nagorno Karabaj y Ucrania— y de sistemas israelíes Harop y Heron ha proporcionado a Rabat una ventaja táctica que las fuerzas del Polisario, equipadas con armamento convencional de era soviética suministrado históricamente por Argelia, no pueden compensar en paridad.
El Polisario carece de sistemas antiaéreos de largo alcance verificados públicamente, lo que convierte a sus cuadros en objetivos vulnerables incluso en zonas alejadas del frente. Este desequilibrio es relevante para comprender cómo un ataque de precisión puede alcanzar a una figura política de primer nivel. No es el primer caso: desde 2021, la organización ha denunciado ante el Comité de Descolonización de la ONU ataques que habrían causado víctimas civiles y militares, sin que el Consejo de Seguridad haya adoptado medidas vinculantes.
El vacío en la cúpula y la cuestión sucesoria
La muerte de Lahbib Abdelaziz no solo tiene dimensión simbólica; tiene consecuencias orgánicas directas. Brahim Gali, secretario general desde 2016, enfrenta una salud que él mismo ha reconocido deteriorada —fue hospitalizado en España en 2021 en una visita que generó una crisis diplomática con Marruecos y precipitó la acogida por Madrid del líder polisario Ghali bajo identidad supuesta, episodio que tensó hasta el límite las relaciones hispano-marroquíes—. El Polisario celebra congresos para renovar su dirección, siendo el más reciente el XV Congreso de diciembre de 2023, pero la candidatura de Gali fue ratificada sin alternativa real visible.
Con Lahbib Abdelaziz fuera del escenario, los analistas especializados en el Magreb señalan que el relevo generacional se complica. Los nombres que circulan en círculos diplomáticos incluyen cuadros formados en Argelia con perfil más militarista, lo que podría endurecer la postura negociadora del Polisario en un momento en que, paradójicamente, la organización había moderado públicamente su posición: en los últimos meses había reconocido que la independencia ya no era la «única opción» sobre la mesa, abriendo la puerta a fórmulas de autonomía amplia si estuviesen supervisadas internacionalmente, un giro que sintonizaba con la mediación que Estados Unidos ha impulsado discretamente desde la Administración Biden.
El papel de las potencias y la posición española
El conflicto del Sáhara es, en su trasfondo, un nudo de intereses geopolíticos que va bastante más allá de los 266.000 kilómetros cuadrados de desierto en disputa. El territorio alberga las mayores reservas de fosfatos del mundo —estimadas por el United States Geological Survey (USGS) en torno al 70% de las reservas mundiales conocidas, incluyendo el Sáhara bajo control marroquí junto al territorio continental de Marruecos—, además de caladeros pesqueros de primer nivel en el Atlántico y un potencial de energía solar y eólica que varios estudios de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) califican de excepcional.
Argelia, que acoge los campamentos de Tinduf y suministra apoyo logístico y diplomático al Polisario, tiene en este conflicto un instrumento de presión sobre Marruecos con quien mantiene la frontera terrestre cerrada desde 1994. La rivalidad argelino-marroquí estructura buena parte de la política norteafricana y condiciona la posición de ambos países ante la OTAN, la UE y la Unión Africana. Francia ha sostenido históricamente a Marruecos; España ha oscilado. El giro del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2022 —cuando reconoció el plan de autonomía marroquí como «base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto— supuso un quiebre con décadas de ambigüedad calculada y generó una crisis interna en la coalición de gobierno, dada la posición tradicional de Podemos, entonces socio de ejecutivo, favorable a la autodeterminación saharaui.
Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en diciembre de 2020, durante la Administración Trump, como parte de los Acuerdos de Abraham que normalizaron relaciones entre Marruecos e Israel. La Administración Biden no revirtió ese reconocimiento, y la actual Administración Trump —en su segundo mandato— mantiene la misma línea, lo que deja al Polisario sin el apoyo de Washington que históricamente habría podido contener las acciones militares marroquíes.
Qué viene ahora: el Polisario ante su mayor encrucijada
La muerte de Lahbib Abdelaziz coincide con un momento en que el proceso político auspiciado por el enviado personal del Secretario General de la ONU, Staffan de Mistura —designado en 2021 para retomar las negociaciones estancadas desde 2019—, atraviesa su fase de mayor parálisis. De Mistura ha convocado mesas de trabajo informales, pero sin avances sustanciales. El Consejo de Seguridad renueva anualmente el mandato de la MINURSO —la última vez en octubre de 2024— sin ampliar sus competencias a la supervisión de derechos humanos, algo que el Polisario y varias ONG reclaman desde hace años.
En este escenario, el asesinato —porque así lo tipificaría el derecho internacional humanitario si se confirma que el objetivo era una figura política no combatiente en ese momento— de un sucesor potencial del Polisario eleva la presión interna sobre Gali para responder militarmente, al tiempo que debilita la corriente pragmática que había apostado por el diálogo. La pregunta que se formulan los analistas del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB) y del European Council on Foreign Relations (ECFR) es si este ataque cerrará la ventana diplomática que, tenuemente, se había abierto en los últimos doce meses, o si por el contrario el Polisario, consciente de su inferioridad militar, optará por intensificar la presión en foros internacionales —Corte Internacional de Justicia, Tribunal de Justicia de la UE, Asamblea General de la ONU— como vía alternativa a la escalada armada.
El Frente Polisario convocará previsiblemente un congreso extraordinario o al menos una reunión del Consejo Nacional Saharaui para gestionar el duelo político y definir la respuesta. La comunidad internacional, y en particular la UE —que mantiene acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos cuya legalidad respecto al Sáhara ha sido impugnada ante el TJUE en múltiples ocasiones—, deberá pronunciarse sobre si este tipo de ataques es compatible con la relación privilegiada que Bruselas mantiene con Rabat. El silencio, en este caso, también sería una respuesta.
