El recurso de amparo presentado por el equipo jurídico de Montero a las 06:58 ante el registro electrónico del Tribunal Constitucional es una maniobra procesal audaz cuyo objetivo inmediato no es impedir la comparecencia —que se celebrará de todos modos salvo que el TC dicte medida cautelar antes de las 16:00— sino establecer un marco legal que permita a la vicepresidenta negarse a responder determinadas preguntas sin que su silencio pueda ser interpretado como una obstrucción al control parlamentario. El recurso, de 47 páginas según las fuentes consultadas, argumenta tres vulneraciones: primera, que la comisión no concedió a la compareciente el plazo mínimo de 72 horas previsto en el artículo 44 del Reglamento del Senado para preparar la documentación solicitada; segunda, que las 37 preguntas remitidas por el PP incluyen cuestiones que afectan a investigaciones judiciales abiertas y que su respuesta pública podría contaminar la instrucción del juez Peinado; y tercera, que la composición de la mesa de la comisión no refleja la proporcionalidad exigida por la jurisprudencia del propio TC. Los constitucionalistas consultados por este periódico discrepan sobre las posibilidades de éxito del recurso: Javier García Roca, catedrático de la Complutense, lo califica de 'fundamentado pero prematuro', mientras que María Emilia Casas, expresidenta del TC, considera que 'tiene recorrido técnico pero llegará tarde para alterar los hechos de hoy'.
Las 37 preguntas del PP han sido elaboradas durante las últimas 72 horas por un equipo de cuatro senadores coordinados por Miguel Tellado, portavoz popular en la Cámara Alta, y revisadas por el servicio jurídico del partido con el objetivo de construir una narrativa en tres actos que conduzca al espectador desde los datos económicos hasta la conexión personal con el caso Gómez-Barrabés. El primer bloque, compuesto por 14 preguntas, se centra en el Fondo de Solvencia Empresarial creado en junio de 2020 dentro del Real Decreto-ley 25/2020: los 2.600 millones de euros que la SEPI distribuyó entre 2020 y 2023 a empresas en dificultades, los criterios de selección de los beneficiarios, las actas de los consejos de administración en los que Montero participó como ministra de Hacienda y la posible influencia del Gabinete de Presidencia en la adjudicación de las ayudas. El segundo bloque, de 12 preguntas, aborda los contratos específicos de Innova Next con la SEPI: importes, procedimientos de adjudicación, informes técnicos, evaluaciones de solvencia y posibles conflictos de interés derivados de la relación de Barrabés con Begoña Gómez. El tercer bloque, de 11 preguntas, es el más explosivo políticamente: solicita a Montero que confirme o niegue la existencia de correos electrónicos, mensajes o comunicaciones entre la SEPI y el Gabinete de Presidencia del Gobierno en los que se mencionara a Barrabés, a Innova Next o a cualquier empresa vinculada al entorno de la esposa del presidente.
La estrategia de Montero para la comparecencia ha sido objeto de un debate interno en el PSOE que revela las tensiones entre el ala política y el ala jurídica del partido. Según las fuentes socialistas consultadas, la vicepresidenta barajó inicialmente dos opciones: la primera, responder a todas las preguntas con transparencia total y utilizar la sesión como plataforma para desmontar la narrativa del PP pieza por pieza; la segunda, responder selectivamente limitándose a las cuestiones de carácter general y escudándose en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y en la instrucción judicial abierta para eludir las preguntas más comprometidas. Félix Bolaños y Óscar López, los dos asesores políticos de máxima confianza de Sánchez, defendían la primera opción argumentando que la transparencia total desarmaría al PP y proyectaría una imagen de fortaleza. El equipo jurídico de Montero, encabezado por el abogado Andrés Herzog, se inclinaba por la segunda opción advirtiendo de que cualquier respuesta imprudente podría ser utilizada por el juez Peinado para ampliar la instrucción. La solución final, según las fuentes, es una estrategia mixta: Montero responderá a las 14 preguntas del primer bloque con datos públicos del Fondo de Solvencia, ofrecerá respuestas genéricas a las 12 del segundo bloque y se negará a contestar las 11 del tercer bloque invocando el recurso de amparo ante el TC como justificación legal.
El contexto preelectoral andaluz convierte la comparecencia de hoy en algo más que un ejercicio de control parlamentario. Montero no es solo la vicepresidenta primera del Gobierno: es también la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, y cada palabra que pronuncie en el Senado será utilizada por sus adversarios en la campaña andaluza. La encuesta de Sigma Dos publicada esta mañana — que sitúa al PP de Juanma Moreno en 55 escaños y al PSOE en 27, su peor resultado histórico — añade una presión adicional que convierte la comparecencia en un doble examen: uno nacional, ante la comisión de la SEPI, y otro andaluz, ante un electorado que, según los sondeos, está abandonando al PSOE a un ritmo sin precedentes. Las fuentes del PP andaluz consultadas no ocultan su satisfacción: 'Cada minuto que Montero pase respondiendo preguntas sobre la SEPI es un minuto que no puede dedicar a la campaña en Andalucía', reconoce un dirigente popular que exige anonimato. La paradoja es que la propia comparecencia podría beneficiar a Montero si logra proyectar una imagen de resistencia y combatividad que movilice al voto socialista desmotivado, una hipótesis que las encuestas no avalan pero que la experiencia política española no descarta.
La comisión de investigación de la SEPI en el Senado tiene una historia parlamentaria que condiciona la comparecencia de hoy. Fue constituida el 14 de febrero de 2026 por la mayoría de PP, Vox y Junts en la Cámara Alta, con el mandato de investigar la gestión del Fondo de Solvencia Empresarial y, en particular, los contratos adjudicados a empresas vinculadas al entorno de Pedro Sánchez. Desde su constitución, la comisión ha celebrado 9 sesiones, ha escuchado a 14 comparecientes —entre ellos el expresidente de la SEPI Bartolomé Lora, la directora del Fondo de Solvencia Isabel Pardo de Vera y tres altos cargos del Ministerio de Hacienda— y ha solicitado documentación a 7 organismos públicos. El patrón que emerge de las sesiones anteriores es consistente: los comparecientes del ámbito gubernamental han proporcionado datos generales pero han evitado responder a las preguntas sobre las decisiones individuales de adjudicación, invocando el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros o la protección de datos de terceros. El PP ha denunciado esta estrategia como 'un muro de silencio organizado' y ha prometido que con Montero 'no aceptará evasivas'. La tensión está servida.
El impacto mediático de la comparecencia será amplificado por un dispositivo informativo que refleja la importancia que todos los actores atribuyen al evento. El Senado ha acreditado a 87 periodistas de 42 medios para la sesión de hoy, la mayor concentración de prensa en la Cámara Alta desde la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión de investigación de la financiación del PP en 2017. Las cadenas de televisión retransmitirán la sesión en directo desde las 16:00, y los equipos de redes sociales de los partidos tienen preparadas estrategias de fragmentación del contenido en clips de 60 segundos diseñados para maximizar la viralidad de los momentos más tensos. El PSOE ha preparado un equipo de 8 personas en la sala de prensa del Senado para ofrecer su versión de los hechos en tiempo real, una operación de comunicación de crisis que revela la importancia que la dirección socialista otorga a la batalla del relato. El PP, por su parte, ha distribuido entre los medios un dossier de 124 páginas con la cronología del Fondo de Solvencia, los contratos de Innova Next y las declaraciones previas de Montero que los senadores populares utilizarán para confrontarla con posibles contradicciones.
La dimensión jurídica de la comparecencia trasciende el ámbito parlamentario y se proyecta sobre la instrucción del juez Peinado. Los abogados de Begoña Gómez han solicitado al juzgado de instrucción número 41 de Madrid que incorpore al procedimiento una certificación de las respuestas de Montero en la comisión, un movimiento que los procesalistas interpretan como un intento de utilizar las declaraciones parlamentarias como prueba en sede judicial. Si Montero confirma la existencia de correos entre la SEPI y el Gabinete de Presidencia, la defensa de Gómez podría argumentar que las adjudicaciones siguieron canales institucionales ordinarios y no respondieron a una trama de tráfico de influencias. Si los niega, el PP utilizará la negación como base para solicitar una investigación sobre posible destrucción de pruebas. Y si se niega a responder, ambas partes interpretarán el silencio en función de sus intereses: el PP como indicio de culpabilidad y el PSOE como ejercicio legítimo de un derecho constitucional. El laberinto procesal es tan complejo que incluso los letrados del Senado han advertido a los miembros de la comisión de que las respuestas de Montero podrían generar responsabilidades jurídicas no previstas.
Cuando la campana del Senado suene a las 16:00 y Montero tome asiento frente a los 21 miembros de la comisión, se iniciará una sesión que podría prolongarse hasta las 20:00 o más y cuyo resultado político no dependerá tanto de las respuestas como de la percepción que generen en una opinión pública saturada de escándalos, comisiones y procesamientos. La experiencia reciente sugiere que las comparecencias parlamentarias rara vez producen revelaciones sustantivas —los políticos están demasiado bien asesorados para eso—, pero sí generan imágenes, frases y momentos que se instalan en la memoria colectiva con mayor fuerza que cualquier dato. La pregunta que Montero debe responder hoy no es si conocía los contratos de Innova Next o si autorizó las adjudicaciones del Fondo de Solvencia: es si puede salir de la Cámara Alta con la dignidad política intacta y la candidatura andaluza viva. A 27 días de las elecciones del 17 de mayo, cada hora que pase en el Senado es una hora que el PP celebra y el PSOE teme. La democracia funciona así: los que preguntan tienen la ventaja de elegir el terreno, y los que responden, la desventaja de no poder elegir las preguntas.
