Alami, que preside una asociación centrada en el acompañamiento de la comunidad marroquí y en cuestiones de migración entre ambos países, ha planteado que la actitud de las autoridades marroquíes ante los flujos de menores podría no ser fruto de una simple descoordinación administrativa, sino, eventualmente, un instrumento de presión política hacia España. Se trata de una interpretación que él mismo formula en condicional y que no ha sido corroborada por fuentes oficiales marroquíes ni españolas, pero que se inserta en un debate recurrente sobre el uso de los flujos migratorios como palanca diplomática en la relación bilateral.
El presidente de ITRAN ha puesto el foco en un problema de trazabilidad que, según defiende, agrava la situación: la ausencia de un registro fiable por parte de las autoridades marroquíes sobre cuántos menores salen del país acompañados de sus familias, presumiblemente en periodos vacacionales o de visita, y cuántos de ellos regresan efectivamente a Marruecos. Sostiene que existen indicios de que algunas familias dejarían deliberadamente a sus hijos en suelo español, conscientes de que la legislación española otorga protección reforzada a los menores no acompañados, lo que podría estar alimentando parte del fenómeno migratorio infantil detectado en Ceuta y Melilla.
Precisamente en ese punto se sitúa su propuesta central: antes de autorizar cualquier devolución, España y Marruecos deberían colaborar en un proceso de identificación individualizada de cada menor y de localización efectiva de sus progenitores o tutores legales, evitando repatriaciones colectivas o exprés. Alami afirma haber trasladado su diagnóstico al Gobierno español, aunque no ha precisado ante qué instancia concreta ni en qué fecha, ni tampoco existe constancia pública de una respuesta oficial a su planteamiento por parte de Presidencia, Exteriores o el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su reclamación pasa por que España exija a Rabat mecanismos de control más estrictos sobre las salidas de menores del territorio marroquí.
El marco legal: tutela obligatoria y retorno solo con garantías
La normativa española de extranjería, recogida en la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo, obliga a las administraciones autonómicas —competentes en materia de protección de menores— a tutelar a todo menor extranjero no acompañado localizado en territorio español, con independencia de su situación administrativa. Esa tutela implica la apertura de un expediente de determinación de edad si existen dudas, la escolarización del menor y, en su caso, la tramitación de autorización de residencia. El retorno a su país de origen solo puede producirse, según ese marco, cuando se garantice el interés superior del menor y, preferentemente, mediante reagrupación familiar verificada, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por ambos países.
El Defensor del Pueblo y organizaciones como Save the Children han documentado en informes previos casos de menores devueltos a Marruecos sin verificación suficiente de sus circunstancias familiares, lo que motivó recursos judiciales y, en algunos casos, la paralización cautelar de expulsiones por parte de tribunales españoles. Esa jurisprudencia ha reforzado la exigencia de individualizar cada expediente, un criterio que reaparece en el planteamiento de Alami.
La relación bilateral en materia migratoria se rige, en el plano formal, por el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 y por sucesivos acuerdos de readmisión, cuya aplicación práctica ha sido objeto de fricciones recurrentes en las últimas dos décadas. Ceuta y Melilla, por su condición de ciudades autónomas fronterizas con Marruecos y su estatuto especial dentro de la Unión Europea como frontera exterior Schengen, concentran buena parte de la presión sobre los sistemas autonómicos de protección de menores, con capacidad de acogida frecuentemente desbordada según han denunciado sus respectivos gobiernos locales.
El precedente de Ceuta 2021
La crisis de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta arrastra episodios de tensión entre Madrid y Rabat, con un pico especialmente agudo en mayo de 2021, cuando miles de personas —entre ellas cientos de menores— cruzaron la frontera de El Tarajal en un contexto de crisis diplomática abierta por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La entrada masiva y en apariencia tolerada por las fuerzas de seguridad marroquíes fue interpretada entonces por el Gobierno español, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, como una represalia vinculada al caso Ghali.
Marruecos nunca reconoció oficialmente esa relación causa-efecto, pero el episodio consolidó en Madrid la percepción de que el control fronterizo marroquí puede modularse en función de los intereses diplomáticos de Rabat, una tesis que el Ministerio del Interior ha evitado formular públicamente por su sensibilidad diplomática. Aquel episodio marcó un antes y un después en la gestión española de la infancia migrante y dejó pendiente la cuestión de fondo: cómo y cuándo proceder al retorno de los menores que permanecen en centros de acogida ceutíes.
Desde Rabat, las autoridades marroquíes no se han pronunciado públicamente sobre la hipótesis de un uso instrumental de la migración infantil como presión diplomática, y tampoco existen declaraciones oficiales recientes sobre el control de las salidas de menores en los puestos fronterizos terrestres con Ceuta y Melilla o en los puertos con conexión marítima a la Península. Marruecos es, según el Ministerio del Interior español, uno de los principales países de origen de los menores extranjeros no acompañados tutelados en España, junto con Argelia y países del África subsahariana, aunque las cifras exactas fluctúan según el año y la presión migratoria puntual en cada frontera.
El planteamiento de Alami se suma a un debate abierto sobre la necesidad de un protocolo bilateral más robusto de identificación y reunificación familiar, una cuestión que previsiblemente seguirá condicionando la agenda migratoria hispano-marroquí en los próximos meses, en un contexto en el que ambos gobiernos han mostrado, en distintos periodos, disposición a normalizar su cooperación tras episodios de ruptura como el de 2021. La ausencia de cifras oficiales actualizadas y consensuadas por ambos países sobre menores no acompañados y su movilidad transfronteriza sigue siendo uno de los principales obstáculos para diseñar una respuesta conjunta eficaz.
