El pilar de estabilidad combina dos componentes: el control del crimen, que mide si las empresas pueden operar sin riesgos indebidos de violencia o interferencias ilícitas, y la estabilidad política, que evalúa el riesgo de conflictos civiles o cambios abruptos de gobierno que interrumpan las operaciones comerciales. En ambos rubros México registra su calificación más baja entre los cinco pilares del índice, que también mide transparencia, previsibilidad, rendición de cuentas y debido proceso.
La puntuación de 24.7 representa además un retroceso frente a los 27.5 puntos que el país obtuvo en 2021, de acuerdo con el comparativo elaborado con la misma metodología. En la calificación general, que reúne los cinco pilares, México alcanza 43.5 puntos y ocupa el lugar 91 de 149 economías, por debajo de Chile (75.1), Colombia (55.1), Brasil (55) y Perú (47.9). Canadá encabeza la lista regional con 79.2 puntos y Estados Unidos obtiene 76.
La diferencia en estabilidad frente a Guatemala es de 7.1 puntos, y de 8.4 puntos respecto de Honduras. Colombia obtiene 34.1 puntos en este pilar y Brasil, 36.2, ambos por encima del resultado mexicano. La puntuación de México se ubica cerca de la de Bolivia, con 25.6 puntos, y Burkina Faso, con 24.3, aunque el reporte precisa que la proximidad numérica no implica que estos países compartan los mismos problemas, pues la metodología reúne condiciones nacionales distintas en una escala comparable.
El contraste se amplía frente a los socios del T-MEC: Canadá obtiene 81.3 puntos en estabilidad y Estados Unidos, 63.5, muy por encima de los 24.7 mexicanos. La brecha también aparece frente a otras economías manufactureras, como Vietnam, con 62.8 puntos, y China, con 50.9. El propio reporte señala que México supera a ambos países en transparencia y previsibilidad, lo que indica que mejores reglas y más información pueden coexistir con debilidades en las condiciones operativas de las empresas.
El costo de la seguridad privada
El Informe sobre el clima de inversión en México 2026, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de ese año, documenta que los gastos relacionados con seguridad alcanzan hasta 5% de los presupuestos operativos de las empresas, con base en un reporte de AmCham México de 2024. El documento ubica la inseguridad entre las principales preocupaciones de los inversionistas, junto con la falta de acceso a energía confiable, la corrupción y la incertidumbre regulatoria, aunque precisa que «las condiciones de seguridad varían ampliamente entre los estados», según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El mismo informe recuerda que el proceso electoral de 2024 estuvo marcado por una ola de violencia política sin precedentes, con más de 30 candidatos asesinados, ataques que se cree vinculados con grupos del crimen organizado que buscan influir en la política local y el control territorial. A ese escenario se suma la designación, por parte del gobierno estadounidense, de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025, decisión que, según el documento, elevó la relevancia de que las compañías mantengan programas sólidos de cumplimiento.
La inseguridad ya había sido identificada como un freno a la inversión en episodios previos: el impacto del crimen sobre el entorno empresarial se refleja también en indicadores como la violencia contra la infancia, documentada en reportes recientes como el de la Redim sobre menores que llegan a hospitales por violencia, que dan cuenta del clima que enfrentan empresas y comunidades en varias regiones del país.
Un análisis de Coparmex publicado el 16 de agosto de 2026, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentó el aumento de la extorsión como otra señal del riesgo para operar en México. La cifra se suma al conjunto de indicadores que, según el Global Rule of Law and Business Dashboard 2026, sitúan al país en una posición débil frente a sus vecinos centroamericanos y a sus socios del T-MEC en materia de seguridad para los negocios.
