El informe de Goldman Sachs, firmado por su economista jefe para Europa, Jari Stehn, y titulado «Spain: From Outperformer to Underperformer? Reassessing the Growth Outlook», ha sido distribuido esta mañana a los clientes institucionales del banco y ha provocado una oleada de ventas en los valores más expuestos al consumo doméstico y al sector exterior. El documento parte de una premisa que contradice la narrativa oficial del gobierno español: la resiliencia de la economía española, que durante dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco fue celebrada como una anomalía positiva dentro del débil panorama europeo, está comenzando a erosionarse bajo el peso de tres factores estructurales que Goldman considera insuficientemente ponderados por las instituciones oficiales. El primero es el impacto de los aranceles del veinticinco por ciento que la administración Trump ha impuesto a las exportaciones europeas de automóviles, un sector que representa el ocho por ciento del PIB industrial español y que emplea directa e indirectamente a trescientas mil personas. Goldman estima que los aranceles reducirán las exportaciones españolas de automóviles a Estados Unidos en un cuarenta y dos por ciento en el segundo semestre de dos mil veintiséis, con un impacto directo sobre el PIB de tres décimas. El segundo factor es el encarecimiento energético: la restricción de Ormuz, aunque podría aliviarse si las negociaciones de Mascate progresan, ha elevado el coste medio de la energía para las empresas españolas en un dieciocho por ciento respecto al año anterior, erosionando los márgenes de sectores intensivos en energía como la siderurgia, la cerámica y la industria química. Y el tercero es lo que Goldman denomina el «risk premium político», un término que engloba la incertidumbre generada por la acumulación de crisis — el caso Koldo, el juicio Kitchen, la crisis del Hondius, la tensión con Israel — y que, según el banco, «está comenzando a disuadir a los inversores institucionales de sobreponderar activos españoles en sus carteras europeas».
JP Morgan, por su parte, ha publicado un informe más breve pero igualmente contundente en el que rebaja la previsión de crecimiento al mismo nivel del uno coma ocho por ciento y añade una advertencia específica sobre el mercado inmobiliario: «El euríbor en el dos coma ochenta y siete por ciento, combinado con la inflación de materiales de construcción y la escasez de mano de obra cualificada, está creando las condiciones para una corrección significativa de los precios de la vivienda nueva en las grandes ciudades españolas durante el segundo semestre de dos mil veintiséis. Los hogares con hipotecas variables que se revisen entre junio y diciembre afrontarán un incremento medio de cuarenta y siete euros mensuales en sus cuotas, lo que reducirá la renta disponible para consumo y reforzará la tendencia contractiva que ya se observa en los indicadores de confianza del consumidor». El informe de JP Morgan ha sido especialmente mal recibido por el Banco de España, que la semana pasada publicó su propia previsión de crecimiento del dos coma dos por ciento y que, según fuentes de la institución, considera que los bancos de inversión estadounidenses «están sobreestimando el impacto de los aranceles y subestimando la capacidad de adaptación de la economía española, que ha demostrado una resiliencia superior a la de sus socios europeos en todas las crisis de los últimos cinco años».
En medio de este panorama de incertidumbre macroeconómica, la operación corporativa de la semana ha ofrecido un contrapunto de optimismo tecnológico que el gobierno ha aprovechado para proyectar una imagen de modernización industrial. Telefónica y Microsoft han firmado el viernes un acuerdo valorado en ochocientos millones de euros para la creación de lo que ambas compañías denominan «la nube soberana española», una infraestructura de computación en la nube alojada en centros de datos ubicados en territorio español y sometida a la legislación europea de protección de datos, diseñada para almacenar y procesar la información sensible de la administración pública, las fuerzas armadas, el sistema sanitario y las empresas consideradas estratégicas por el gobierno. El proyecto, que se desarrollará durante los próximos cinco años y generará según las estimaciones de ambas compañías más de tres mil empleos directos en ingeniería de software, ciberseguridad y gestión de datos, ha sido presentado por la ministra de Transformación Digital como «el paso más importante que da España para garantizar su soberanía tecnológica en un mundo donde los datos son el nuevo petróleo y donde depender de infraestructuras extranjeras es tan peligroso como depender del gas de un solo proveedor».
Pero la noticia económica que más impacto tendrá sobre la vida cotidiana de miles de familias españolas ha llegado desde Martorell, la localidad barcelonesa donde SEAT tiene su principal planta de producción. La compañía ha anunciado esta tarde un expediente de regulación temporal de empleo que afectará a tres mil cuatrocientos trabajadores a partir del dos de junio y que se prolongará durante un período inicial de tres meses, con posibilidad de extensión hasta septiembre si no se recupera el volumen de pedidos. Las razones aducidas por SEAT son la caída del treinta y siete por ciento en los pedidos procedentes de Estados Unidos — consecuencia directa de los aranceles de Trump —, el encarecimiento del veintidós por ciento en los componentes electrónicos importados de Asia y la incertidumbre regulatoria sobre los plazos de transición al vehículo eléctrico en la UE, que ha paralizado las decisiones de compra de una parte significativa de los clientes empresariales. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado que impugnarán el ERTE si la empresa no acepta complementar las prestaciones de desempleo hasta el noventa por ciento del salario bruto y si no se compromete por escrito a no externalizar la producción a plantas del grupo Volkswagen en Europa del Este durante el período del expediente. La negociación se prevé larga y tensa, y su desenlace será observado con atención por el resto del sector automovilístico español, donde Renault en Valladolid y Ford en Valencia podrían adoptar medidas similares si la situación arancelaria no se resuelve antes del verano.
El euríbor, ese indicador que la mayoría de los españoles ignoran hasta que les llega la carta de revisión de la hipoteca, se ha consolidado en el dos coma ochenta y siete por ciento en la media mensual de mayo, un nivel que no alcanzaba desde diciembre de dos mil veintitrés y que refleja las expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en el tres coma setenta y cinco por ciento al menos hasta septiembre, cuando los datos de inflación del tercer trimestre determinen si Christine Lagarde se siente cómoda iniciando un ciclo de bajadas. Para un hipotecado medio con un préstamo de ciento cincuenta mil euros a veinte años referenciado al euríbor más un diferencial de uno coma cinco por ciento, la revisión semestral de junio supondrá un incremento de cuarenta y siete euros al mes respecto a la última revisión de diciembre, lo que equivale a quinientos sesenta y cuatro euros adicionales al año. Multiplicado por los aproximadamente tres coma dos millones de hipotecas variables vigentes en España, el impacto agregado supera los mil quinientos millones de euros en renta disponible que los hogares dejarán de destinar al consumo durante el próximo semestre, un dato macroeconómicamente significativo que los analistas del BBVA Research han calificado como «el freno de mano oculto de la economía española».
El Brent, que ha sido uno de los principales factores de volatilidad en los mercados de la semana, ha cerrado las operaciones electrónicas del sábado en noventa y dos dólares con ochenta centavos por barril, su nivel más bajo en cuatro meses y una caída acumulada del once por ciento desde el máximo de ciento cuatro dólares alcanzado a mediados de abril. La causa principal de la corrección es la expectativa creciente de que las negociaciones de Mascate entre Irán y Estados Unidos desembocarán en una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, lo que aliviaría la presión sobre el suministro global de crudo que ha mantenido los precios artificialmente elevados durante los últimos dos meses. Para España, que importa aproximadamente el cuarenta por ciento de su petróleo del Golfo Pérsico, cada dólar de caída en el barril supone un ahorro estimado de cuatrocientos millones de euros anuales en la factura energética, un alivio fiscal que el Ministerio de Economía ya ha comenzado a incorporar en sus escenarios presupuestarios para el segundo semestre.
El oro, el refugio de siempre en tiempos de incertidumbre, ha cerrado la semana en dos mil setecientos cuarenta dólares la onza, manteniéndose en los niveles máximos históricos que alcanzó a finales de abril y que reflejan la confluencia de factores geopolíticos — guerras comerciales, tensiones en Oriente Medio, incertidumbre sobre la política monetaria — que empujan a los inversores institucionales hacia los activos considerados seguros. Los fondos cotizados de oro han registrado entradas netas de más de tres mil millones de dólares durante la semana, según datos de Bloomberg, y los bancos centrales de China, India y Turquía han incrementado sus reservas de oro por decimoquinto mes consecutivo.
Al cierre de esta edición nocturna, los futuros de los índices asiáticos apuntan a una apertura plana el lunes, sin grandes movimientos que anticipen una dirección clara para la semana que viene. El calendario económico de la próxima semana incluye la publicación del IPC de abril en la zona euro el martes, las actas de la última reunión del BCE el miércoles y la producción industrial de marzo el jueves, tres datos que los mercados seguirán con lupa para calibrar las posibilidades de un recorte de tipos en la reunión de junio. En el ámbito doméstico, la atención se centrará en la negociación del ERTE de SEAT, en las posibles réplicas de la rebaja de Goldman y JP Morgan sobre las decisiones de inversión de los fondos institucionales, y en la evolución del Brent en función de los avances en Mascate. La economía española navega — nunca mejor dicho en una semana marcada por el Hondius — en aguas turbulentas donde las corrientes favorables de los últimos dos años comienzan a chocar con las mareas adversas de un entorno global cada vez más hostil.
