La proyección se inscribe en una tendencia de descenso sostenido que la ciudad registra desde los años más críticos del conflicto urbano, cuando a comienzos de los noventa Medellín llegó a superar las 6.000 muertes violentas anuales y figuró entre las ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo. El nivel estimado para 2026 sería el más bajo desde que existe recolección sistemática de estadísticas de homicidios en la ciudad.
La discusión que acompaña a la cifra no es nueva en Medellín: cada vez que la tasa de homicidios cae de forma pronunciada, reaparece la pregunta de si el descenso responde a una política pública efectiva de seguridad ciudadana o a acuerdos tácitos entre estructuras criminales que, al repartirse territorios y rentas ilegales, reducen los enfrentamientos entre ellas. Esa hipótesis acompañó las bajas registradas tras la desmovilización de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región, a mediados de la década de 2000.
El antecedente de la 'donbernabilidad'
Aquel período dejó un término acuñado en la propia ciudad: la llamada «donbernabilidad», en alusión a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, cuyo control sobre las estructuras criminales coincidió con una fuerte reducción de homicidios entre 2003 y 2008. Su extradición a Estados Unidos en 2008 fue seguida de un repunte de la violencia, lo que alimentó entre analistas la tesis de que parte de aquella calma dependía de un monopolio criminal más que de la gestión estatal. Ese episodio es el referente histórico que hoy sostiene la cautela frente a la nueva proyección.
Las autoridades locales han defendido en otros momentos que la reducción obedece a estrategias de intervención territorial, presencia policial focalizada y programas sociales en comunas históricamente afectadas por la violencia. Organizaciones sociales y concejales de la ciudad han planteado, en cambio, que estas cifras deben leerse junto a otros indicadores —extorsión, desplazamiento intraurbano forzado y reclutamiento de menores— que no siempre bajan al mismo ritmo que los homicidios.
El homicidio es, dentro de los sistemas de información criminal del país, el indicador más utilizado para medir la violencia porque es el delito con menor subregistro: un cuerpo encontrado rara vez deja de contabilizarse, mientras que la extorsión o el hurto dependen de que la víctima decida denunciar. Por eso una tasa de homicidios en descenso puede convivir con una percepción ciudadana de inseguridad que no mejora en la misma proporción, sobre todo donde el microtráfico o la extorsión a comerciantes mantienen presencia en los barrios.
Esa brecha entre cifras y percepción no es exclusiva de Medellín. En Bogotá, el concejal Daniel Briceño ha pedido reforzar la presencia policial en corredores como la Autopista Norte ante el aumento de hurtos a conductores, un reclamo que ilustra cómo la seguridad percibida no corre en paralelo con los homicidios. La comparación entre ambas capitales, con dinámicas delictivas distintas, alimenta el debate sobre qué peso dar a los homicidios frente a otros delitos al evaluar la seguridad de una ciudad.
Medellín ha sido además un referente nacional e internacional en políticas urbanas de seguridad, desde las intervenciones en comunas de alta conflictividad de comienzos de los 2000 hasta las estrategias más recientes de la administración municipal centradas en la recuperación del espacio público y la presencia estatal en zonas periféricas. Que el nuevo descenso coincida con un período de relativa calma entre las estructuras que se disputan las rentas ilegales mantiene abierta la pregunta sobre su sostenibilidad.
La proyección de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes quedaría, de confirmarse al cierre del año, como el registro más bajo de la historia moderna de la ciudad, en un debate que seguirá dividiendo a quienes lo atribuyen a la gestión institucional y a quienes advierten sobre un posible pacto entre estructuras criminales.
