Simó descubrió los daños durante una de sus revisiones semanales de la explotación, donde había injertado el pasado invierno 800 ejemplares de almendro de la variedad Vairo sobre patrón Lauranne. El agricultor había limpiado recientemente el terreno para favorecer el crecimiento de los brotes y evitar que el viento los quebrara, un trabajo que los animales acabaron comprometiendo en buena parte. Los 6.000 euros estimados incluyen el perjuicio a la plantación y las labores agrícolas ya realizadas.
En un primer momento, Simó sospechó que el ganado ovino de las inmediaciones podía haber causado los daños. Tras hablar con el pastor y el propietario de las ovejas, descartó esa hipótesis, lo que derivó en la inspección de los agentes medioambientales para identificar a los responsables reales del ataque.
La inspección posterior apuntó a un rebaño de entre 30 y 40 muflones como causantes de la destrucción de los injertos. Identificar la especie exacta resulta determinante, ya que las medidas de gestión y las autorizaciones cinegéticas varían según el animal implicado y su estatus de protección. En España, el control poblacional de especies cinegéticas requiere autorización de la administración autonómica competente, en este caso la Generalitat Valenciana, conforme a la legislación de caza vigente.
Ante la magnitud de los daños, Simó solicitó a la sociedad de cazadores local autorizaciones para realizar controles poblacionales u otras actuaciones cinegéticas en la zona. La demanda no responde únicamente al caso particular de su finca, sino a una inquietud compartida por otras explotaciones agrícolas de la comarca, donde el almendro y la viña conviven con poblaciones de fauna silvestre.
Los brotes jóvenes resultan especialmente vulnerables en sus primeras etapas de desarrollo, cuando cualquier ataque puede comprometer no solo la cosecha inmediata sino la viabilidad de la plantación a medio plazo. En Fontanars dels Alforins, los injertos dañados representaban meses de trabajo previo y una inversión cuyo alcance real deberá evaluarse.
Más de 55 millones de euros al año
El episodio se enmarca en un problema de mayor alcance en la Comunidad Valenciana. Según cifras de Agronews Comunidad Valenciana basadas en datos de las organizaciones agrarias, los daños ocasionados por la fauna silvestre superan los 55 millones de euros anuales en la región, con afectación a almendros, viñedos, olivos y otros frutales.
Las entidades del sector agrario reclaman a la Generalitat Valenciana un Plan Integral de Gestión de la Fauna que permita controlar las poblaciones de determinadas especies, reducir las pérdidas económicas y compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la viabilidad de las explotaciones. La tensión entre conservación y rentabilidad agrícola no es exclusiva de esta comarca: la proliferación de jabalíes y otros ungulados salvajes viene multiplicando las reclamaciones del campo en distintas autonomías, un frente en el que Ceuta ha dirigido peticiones al Ministerio para la Transición Ecológica sobre gestión del territorio.
Para Simó y otros agricultores de la comarca, evitar nuevos ataques resulta esencial para preservar el trabajo y las inversiones realizadas en sus parcelas. La denuncia presentada y la solicitud de controles cinegéticos quedan pendientes de la respuesta de la sociedad de cazadores y de la administración autonómica.
