Repsol, la compañía con mayor red de estaciones del país —más de 3.200—, ha decidido mantener sus rebajas al margen de lo que resuelva el Consejo de Ministros esta jornada. La petrolera que dirige Josu Jon Imaz ha prorrogado hasta el 31 de octubre los descuentos vigentes: quienes paguen con Waylet podrán seguir acumulando ahorros de hasta 45 céntimos por litro, mientras que transportistas y autónomos que utilicen la tarjeta Solred mantendrán una rebaja mínima automática de al menos 10 céntimos.
Moeve ha seguido una senda paralela. La compañía activó desde el 15 de septiembre y hasta el 30 de noviembre una campaña bajo el nombre 'Estamos Contigo', dirigida a los más de cuatro millones de clientes de su programa Moeve Gow, con un ahorro de 10 céntimos por litro, el doble del que ofrecía en condiciones habituales. BP y Galp también han mantenido promociones activas u ofertas cruzadas con otros servicios en las últimas semanas, con nuevas campañas previstas en los próximos días.
En España operan algo más de 12.700 estaciones de servicio, de las cuales el 45% pertenecen a Repsol, Moeve, BP y Galp. Esa concentración explica por qué las decisiones comerciales de estas cuatro compañías tienen un impacto directo sobre el bolsillo de millones de conductores, en muchos casos mayor que el de las medidas fiscales aprobadas por la Administración desde la primavera.
El primer real decreto ley de ayudas llegó a finales de marzo, casi un mes después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que disparó los precios de los hidrocarburos. Aquel paquete incluyó rebajas generalizadas para el consumo de carburante y planes específicos para transportistas y el sector primario, apoyados en reducciones del IVA y del impuesto de hidrocarburos. Esas rebajas fiscales han ido regresando de forma progresiva a su nivel anterior, lo que ha coincidido con el repunte de los precios en surtidor.
El resultado es que las medidas del Gobierno han actuado más como amortiguador temporal que como una señal de contención de costes, y los dos euros por litro se han mantenido estables en las estaciones durante semanas. En este contexto, han sido las promociones privadas —algunas condicionadas a la fidelización con tarjetas de cliente o a la contratación de servicios adicionales— las que han funcionado como colchón para los consumidores.
Sin coordinación con el sector energético
A diferencia de lo ocurrido en Italia, donde ha existido cierta coordinación entre la petrolera Eni y el Gobierno de Giorgia Meloni para contener los precios, en España la respuesta ha recaído casi en exclusiva sobre los operadores privados. En la preparación del nuevo paquete de ayudas el Ejecutivo se ha limitado a recabar la opinión de las compañías energéticas, sin trabajar en paralelo con ellas en el diseño de las medidas.
El mecanismo empleado en marzo es un instrumento habitual ante shocks de precios: el precedente más inmediato es la crisis energética desatada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el Gobierno aprobó una bonificación general de 20 céntimos por litro que combinó una aportación pública y otra a cargo de las petroleras, y que se fue retirando de forma escalonada a lo largo de 2023 al normalizarse los precios.
Este nuevo capítulo de ayudas públicas se suma a un contexto en el que España ya ha renunciado a parte de los fondos europeos disponibles, como recoge la decisión de renunciar a otros 1.260 millones de préstamos del Plan de Recuperación, un margen fiscal cada vez más estrecho para responder a episodios de encarecimiento como el actual.
Mientras el Consejo de Ministros ultima este martes los detalles del nuevo real decreto de ayudas a consumidores y profesionales afectados por la crisis de Oriente Próximo, las compañías privadas han optado por no esperar a la respuesta institucional. Repsol, Moeve, BP y Galp mantienen así, cada una por su cuenta, sus propios mecanismos de descuento mientras dure el encarecimiento de los carburantes.
