El fallo del Tribunal Supremo situado en el origen de la controversia establece que, en los cruces por mar hacia Ceuta y Melilla, no existe una frontera física equiparable a la valla terrestre, por lo que no cabe aplicar sin más los mecanismos de rechazo en frontera previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, y su reglamento de desarrollo. El criterio obliga a tramitar procedimientos individualizados de expulsión o devolución con las garantías que exige la ley y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de expulsiones colectivas. Ese mismo tribunal, en la sentencia N.D. y N.T. contra España de febrero de 2020, avaló en cambio las devoluciones en la valla terrestre bajo determinadas condiciones, lo que marca la diferencia jurídica entre uno y otro escenario.
Sánchez, durante su visita a las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, calificó lo sucedido como «una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta» y situó el origen de la crisis en la difusión, a través de redes sociales y de organizaciones de tráfico de personas, de una interpretación de esa resolución. «Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo», sostuvo el presidente, que añadió que esa lectura «ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas» y habría desencadenado la avalancha.
Ese relato oficial encuentra un contrapunto en el testimonio de uno de los migrantes que cruzó el Estrecho y que, ya de regreso hacia Marruecos, negó haber pagado a ninguna organización y aseguró que se enteró de la operación a través de las redes sociales. «Nosotros no pagamos a nadie. Nosotros entramos directamente», declaró, y precisó que el cruce se produjo por mar y no mediante el salto de la valla perimetral. «Ya volvemos para casa. No hay comida», explicó como motivo de su regreso.
La discrepancia entre el relato gubernamental, centrado en la actuación de mafias organizadas, y este testimonio no es menor desde el punto de vista jurídico. La existencia o no de una red de tráfico condiciona la posible apertura de diligencias por el delito tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal, que castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión a quien facilite, promueva o favorezca de forma intencionada la inmigración clandestina, con agravantes cuando medie ánimo de lucro o pertenencia a organización criminal. Cuando no se acredita la intervención de una red, los migrantes que cruzan de forma irregular quedan sujetos al régimen administrativo de extranjería y no a la vía penal.
Un precedente reciente: la crisis de mayo de 2021
El antecedente más directo de esta tensión se remonta a la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en la ciudad autónoma en apenas 48 horas tras una relajación de los controles fronterizos marroquíes, en un episodio que el propio Gobierno vinculó entonces a la tensión diplomática con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella crisis derivó en cientos de expulsiones exprés que fueron después recurridas ante los tribunales por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, un recorrido judicial que alimentó la doctrina posterior sobre las garantías exigibles en las devoluciones.
El Defensor del Pueblo y varias organizaciones especializadas han reclamado en el pasado que cualquier devolución, sea terrestre o marítima, respete los procedimientos individualizados y el derecho a solicitar protección internacional recogido en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo. Esa exigencia de individualización constituye precisamente el fundamento de la resolución del Supremo que el Gobierno señala como catalizador indirecto de la crisis actual.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta no han precisado cuántos de los migrantes llegados en los últimos días han sido ya devueltos a Marruecos, cuántos permanecen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad ni cuántos han iniciado un procedimiento de solicitud de protección internacional ante la Oficina de Asilo y Refugio. El CETI de Ceuta dispone de una capacidad ordinaria en torno al medio millar de plazas, muy por debajo del volumen de entradas registrado esta semana.
En el terreno político, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno que aclare si existe constancia de la actuación de mafias organizadas y ha pedido que se remita a la Fiscalía cualquier indicio de delito, además de reprochar al Ejecutivo su gestión de la política migratoria con Marruecos. Vox ha exigido la aplicación inmediata de devoluciones en caliente y ha cuestionado la propia sentencia del Supremo. La organización CEAR, por su parte, ha pedido que se garantice el acceso al procedimiento de asilo a todos los que lo soliciten, con independencia del origen de la crisis.
El Tribunal Supremo no ha realizado declaraciones sobre la interpretación que el Gobierno hace de su sentencia, en línea con su práctica de no pronunciarse sobre el uso político de sus resoluciones. Fuentes jurídicas señalan que el fallo se limita a fijar un criterio de derecho —la inexistencia de frontera operativa en el mar a efectos de rechazo en frontera— sin entrar a valorar las causas sociales o criminales de los flujos migratorios, cuya investigación corresponde, en su caso, a la Fiscalía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En los próximos días la atención se centrará en si el Ministerio del Interior aporta datos verificables sobre la existencia de redes organizadas detrás de los cruces, en si la Fiscalía de Ceuta abre diligencias de investigación y en cómo evoluciona la situación en el CETI ante la posible saturación de plazas. De la respuesta a estas cuestiones dependerá si la crisis se encauza en el terreno administrativo, con expulsiones individualizadas conforme al criterio del Supremo, o si deriva también en un frente judicial-penal por presunto tráfico de personas.
