El material que sustenta la denuncia procede, según ha explicado la asociación, de vídeos y fotografías que circulan en redes sociales. Entre ellos figuran imágenes de varios individuos intentando capturar una oca en el Embalse del Renegado, así como otras en las que aparecen junto a carpas ya pescadas en el mismo entorno. A ello se suma un vídeo en el que se agrede con una piedra a un pequeño pulpo en la zona litoral.
El episodio que DAUBMA considera más grave es la difusión de un vídeo en el que varias personas posan junto a un ejemplar joven de delfín en estado agónico en la playa del Trampolín, en lo que la asociación describe como una escena convertida en un montaje fotográfico. La entidad sostiene que esa manipulación constituiría una alteración de las condiciones de un animal protegido y una burla hacia una especie cuya perturbación está prohibida por la normativa estatal y europea.
A estos hechos, Toledo Roldán ha sumado la destrucción de casetas, refugios y otros elementos de protección instalados para las colonias de gatos ferales de la ciudad, así como la ocupación de los espacios que estas colonias tienen autorizados. El presidente ha vinculado los episodios a personas que habrían entrado en Ceuta de forma irregular, en un contexto de presión migratoria sostenida en la frontera con Marruecos.
Ninguna de las personas que aparecerían en las imágenes ha sido identificada, ni consta por el momento un procedimiento judicial abierto contra individuos concretos. Según ha expuesto la propia asociación, la denuncia se encuentra en fase de recopilación de pruebas antes de su traslado formal al Ministerio Fiscal, un paso previo a cualquier actuación penal.
Qué normas amparan la protección de la fauna afectada
El Código Penal contempla en su Título XVI los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos, con penas de prisión para quien maltrate injustificadamente a un animal causándole la muerte o graves lesiones, y sanciones específicas para la caza o pesca de especies protegidas sin autorización. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, junto con la Directiva Hábitats europea, otorga a los delfines y otros cetáceos un régimen de protección estricta que prohíbe su captura, manipulación o perturbación deliberada.
La reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2023, que endureció el régimen penal del maltrato animal, amplió el catálogo de conductas punibles e incorporó agravantes cuando la agresión recae sobre especies con protección reforzada, un marco que resultaría aplicable si la Fiscalía decidiera investigar los hechos denunciados. En materia de bienestar animal, el método de captura, esterilización y suelta con el que se gestionan las colonias felinas está amparado por ordenanzas municipales vigentes en numerosos ayuntamientos españoles.
Para que estos hechos deriven en un procedimiento penal, la denuncia deberá presentarse ante la Fiscalía de Ceuta o ante el juzgado de instrucción de guardia, que decidirá si existen indicios suficientes para incoar diligencias previas. En esa fase correspondería a la Guardia Civil o la Policía Nacional, con el apoyo del Seprona en su vertiente medioambiental, identificar a los presuntos autores a partir del material audiovisual, un proceso que en casos similares suele extenderse varias semanas.
Fuentes del Gobierno de Ceuta no se han pronunciado públicamente sobre este caso concreto. La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma es la administración competente para coordinar la respuesta migratoria, mientras que la instrucción de eventuales delitos ambientales recaería en los juzgados ordinarios. Tampoco consta que ninguna de las personas señaladas haya podido ofrecer su versión, al no estar identificadas.
Como precedente de repercusión, el caso de la perra Sasha, en Ciudad Real en 2013, impulsó un movimiento social que años después cristalizó en el endurecimiento legislativo del maltrato animal. Aquella trayectoria normativa culminó en la citada Ley Orgánica 3/2023, que reforzó las penas y amplió la protección penal a las especies silvestres, el mismo tipo de conductas que ahora denuncia DAUBMA.
La ciudad autónoma, con algo más de 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2024, concentra esa población en un territorio de apenas 18,5 kilómetros cuadrados, una densidad elevada que presiona sus escasos espacios naturales, entre ellos el Embalse del Renegado y el entorno litoral donde se habrían producido varios de los episodios.
El desarrollo del caso dependerá ahora de que DAUBMA formalice la denuncia ante la Fiscalía o el juzgado de instrucción y de que las fuerzas de seguridad logren identificar a las personas que aparecen en las imágenes. Solo si el procedimiento avanza hasta una investigación formal cabría hablar de personas investigadas, y únicamente una eventual sentencia podría establecer responsabilidades penales concretas.
