Oubiña es una de las figuras más conocidas del narcotráfico español de finales del siglo XX. Su nombre quedó asociado de forma indeleble a la Operación Nécora, la macrooperación policial y judicial que a comienzos de la década de 1990 apuntó a una de las principales redes de introducción de hachís a través de las rías gallegas, con conexiones posteriores hacia otros países europeos, entre ellos Alemania. En la entrevista, el propio afectado sostuvo que hasta ahora «sólo se conoce una parte, la de la Policía, la Guardia Civil y los jueces», mientras que «la otra no se ha escuchado», y que será él quien la cuente durante el recorrido.
La ruta anunciada recorrerá la ría de Arousa y los lugares donde, según su relato, comenzó «descargando tabaco en el 69, y después hachís». El itinerario, en barco desde Baiona hasta O Grove, incluirá «comida gallega» y explicará a los asistentes cómo era el negocio en aquella época, por dónde se movía la mercancía y dónde se descargaba.
Oubiña justificó su nueva actividad apelando a razones económicas. Afirmó que percibe en la actualidad una pensión de aproximadamente 400 euros mensuales, una cuantía muy por debajo de la pensión media de jubilación en España, que según los datos de la Seguridad Social se sitúa por encima de los 1.400 euros. Para complementar esos ingresos, señaló que reparte y vende un vino de producción propia bautizado 'Antes muerto que chivato', en referencia al código de silencio tradicionalmente asociado a las redes de narcotráfico. «Para llegar a fin de mes tengo que vender el vino», declaró.
Un debate sobre la frontera entre relato histórico y banalización
La iniciativa ha reabierto la discusión sobre la línea que separa la divulgación histórica de la romantización de actividades delictivas. Preguntado directamente por esa posibilidad, Oubiña respondió que «entiende» las críticas, pero trasladó el foco hacia lo que calificó de «hipocresía del Estado», al sostener que «mucha gente muere de cáncer de tabaco o por alcoholismo y no se hace nada». Esa comparación, sin embargo, obvia una diferencia jurídica sustancial: el marco normativo español, como el de la práctica totalidad de la Unión Europea, distingue entre sustancias cuya venta está regulada y fiscalizada —con advertencias sanitarias obligatorias, límites de edad y restricciones publicitarias— y aquellas cuyo tráfico está tipificado como delito en el Código Penal, en sus artículos 368 y siguientes, que castigan el tráfico de drogas con penas que pueden alcanzar los veinte años de prisión según la cantidad y las circunstancias agravantes.
Oubiña afirmó haber estado privado de libertad «22 años, 3 meses y 15 días», un periodo que, según relata, repartió entre distintos centros penitenciarios españoles. Reclamó además un trato equiparable al que, según sostiene, debería aplicarse a «los políticos que están ahora mismo encarcelados», sin precisar casos concretos. La comparación entre condenas por narcotráfico y las derivadas de la actividad política resulta jurídicamente heterogénea: ambos tipos de delitos se rigen por tipos penales, bienes jurídicos protegidos y criterios de proporcionalidad de la pena distintos.
El histórico narcotraficante denunció también la ausencia de mecanismos efectivos de reinserción laboral tras su paso por prisión. Explicó que, pese a haber cotizado a la Seguridad Social durante «12 años y medio» antes de su condena, nunca recibió posteriormente «un trabajo remunerado para poder seguir cotizando». La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 establece entre sus fines la reeducación y reinserción social de los penados, un objetivo cuyo grado de cumplimiento efectivo ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de asociaciones del sector y de sucesivos informes del Defensor del Pueblo.
Sobre el origen de su patrimonio, Oubiña realizó una declaración llamativa: dijo arrepentirse únicamente de haber «ganado dinero fuera de España» —en alusión al transporte de hachís hacia Alemania— y de haberlo invertido después en territorio español, donde considera que fue objeto de lo que denominó «la mafia judicial y política» que, a su juicio, se lo «robó». Esta acusación, formulada en términos genéricos y sin aportar pruebas ni identificar a personas o instituciones concretas, no está respaldada por ninguna resolución judicial conocida.
La Operación Nécora constituye un precedente histórico en España sobre las dificultades de instrucción y prueba en los macroprocesos por narcotráfico organizado. Aquel episodio evidenció las complejidades de acreditar la responsabilidad penal en tramas de contrabando marítimo y alimentó el debate posterior sobre las garantías procesales en materia de escuchas telefónicas y cadena de custodia de pruebas, cuestiones centrales en los grandes procesos por crimen organizado de las décadas siguientes.
La comercialización de experiencias turísticas vinculadas a antiguos delincuentes no es un fenómeno inédito. En distintos países se han documentado iniciativas similares, desde recorridos por escenarios de la mafia en Italia hasta rutas relacionadas con el crimen organizado en ciudades estadounidenses, propuestas que en muchos casos han generado idéntica controversia sobre el límite entre memoria histórica, interés turístico y banalización de la violencia asociada al narcotráfico.
De cara al 29 de agosto, ni el Ayuntamiento de Baiona ni el de O Grove, municipios por los que transcurrirá el itinerario, se han pronunciado públicamente sobre la actividad. Tampoco consta que la Xunta de Galicia, competente en materia de turismo autonómico, haya emitido valoración alguna sobre la legalidad o idoneidad de ofertar este tipo de recorridos con fines comerciales.
