La escalada de víctimas civiles no se limita al territorio ucraniano. En Rusia, la misión de observación registró 250 civiles muertos y 1,596 heridos en el mismo semestre —con base, dijo Bell, en información de fuentes abiertas de la Federación Rusa que el organismo considera fiables—, lo que representa un incremento de 121% respecto a igual periodo de 2025. La funcionaria atribuyó buena parte del repunte, en ambos lados del frente, al uso creciente de drones de corto alcance, cuyos ataques con saldo de bajas civiles aumentaron 65% en el periodo analizado.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan, recordó el marco jurídico aplicable: los civiles y la infraestructura civil están estrictamente protegidos por el derecho internacional humanitario, y cualquier ataque deliberado contra ellos constituye, afirmó, un crimen de guerra. Esa calificación no es menor: abre la vía a procesos ante instancias como la Corte Penal Internacional, que en marzo de 2023 emitió una orden de aprehensión contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de menores ucranianos.
El derecho internacional humanitario, codificado principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, establece el principio de distinción entre combatientes y población civil, así como la prohibición de ataques indiscriminados. La misión de observación de la ONU en Ucrania, activa desde 2014 tras la anexión de Crimea, tiene como mandato documentar este tipo de violaciones y reportarlas de forma periódica ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra.
La guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala del 24 de febrero de 2022 —precedida por la anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en el Donbás—, ha visto desplazarse, estancarse y volver a moverse el frente en distintas fases. La tendencia detectada en este reporte apunta a que la intensidad de los ataques contra población civil, lejos de reducirse con los años, se ha profundizado en 2026.
El empleo de drones de corto alcance como arma de saturación representa un cambio en la manera de conducir el conflicto. A diferencia de los misiles de largo alcance, estos artefactos son más baratos, más difíciles de detectar por los sistemas de defensa aérea convencionales y permiten ataques más frecuentes y dispersos, lo que ayuda a explicar el aumento simultáneo de víctimas en ambos países.
Ni el gobierno de Ucrania ni el de Rusia emitieron una respuesta pública inmediata al reporte. Ambos países han sostenido, en distintos momentos del conflicto, que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra objetivos de valor militar y se han acusado mutuamente de ser responsables de los ataques que derivan en bajas civiles, un patrón de acusaciones cruzadas constante desde el inicio de la invasión.
Para México, que ha mantenido una postura de apego al derecho internacional en el conflicto ruso-ucraniano —expresada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en foros multilaterales como la Asamblea General de la ONU—, este tipo de reportes subraya la relevancia de organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con la que el gobierno mexicano ha sostenido cooperación técnica en la materia desde hace décadas.
El involucramiento mexicano con la verificación de derechos humanos en conflictos armados tiene antecedente en Centroamérica: durante los procesos de pacificación de El Salvador y Guatemala en los años noventa, México actuó como garante de acuerdos y observador de violaciones a los derechos humanos, aunque en contextos de conflicto interno de naturaleza distinta a una guerra interestatal como la de Ucrania.
El balance de Bell se produce cuando los intentos de mediación internacional no han logrado un cese de hostilidades definitivo, pese a distintas rondas de contactos diplomáticos impulsadas por gobiernos europeos y por EU a lo largo de 2025 y 2026. La ausencia de un acuerdo de paz consolidado mantiene abierta la posibilidad de que las cifras de víctimas civiles sigan en ascenso durante el segundo semestre del año.
La Oficina del Alto Comisionado no precisó, en la comparecencia del martes, si prevé publicar un informe detallado adicional sobre el semestre en curso. Su práctica habitual ha sido difundir actualizaciones periódicas ante el Consejo de Derechos Humanos, cuyo próximo periodo ordinario de sesiones está previsto para septiembre de 2026 en Ginebra, donde se anticipa que la situación en Ucrania vuelva a figurar en la agenda.