La expresión que circula entre responsables comunitarios y de la Alianza Atlántica —«esta es la nueva normalidad»— resume el diagnóstico que se ha impuesto en Bruselas: la guerra híbrida, entendida como el uso de medios no convencionales —ciberataques, desinformación, sabotajes, incursiones de drones— para desestabilizar sin cruzar el umbral de un conflicto armado declarado, ya no se considera una anomalía puntual sino un escenario permanente al que Europa debe adaptar sus estructuras de defensa.
El episodio de Leipzig, uno de los mayores aeropuertos de carga de Alemania y un nodo logístico relevante para el tráfico aéreo europeo, se suma a una serie de incidentes similares detectados en los últimos meses en aeródromos y bases militares de varios países miembros, incluidos casos previos en Dinamarca, Polonia y los países bálticos. Ninguno de estos episodios ha derivado, hasta la fecha, en un reconocimiento de autoría por parte de Moscú, que de forma sistemática ha negado su implicación cuando ha sido preguntado por este tipo de acciones.
La respuesta que perfilan la Comisión y la OTAN pasa por tres ejes: reforzar la defensa aérea de baja altitud, mejorar los sistemas de alerta temprana compartidos entre países miembros y desarrollar capacidades específicas de interceptación de drones, un ámbito en el que Europa arrastra una dependencia tecnológica notable respecto a Estados Unidos e Israel. Von der Leyen insistió en la necesidad de que los Veintisiete aceleren los compromisos de gasto en defensa asumidos en los últimos ejercicios.
El trasfondo de esta tensión se remonta a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que transformó la arquitectura de seguridad europea y obligó a la OTAN a reforzar su flanco oriental con el mayor despliegue de tropas desde el fin de la Guerra Fría. Desde entonces, la Alianza ha documentado un aumento sostenido de incidentes atribuidos a operaciones híbridas rusas, desde el sabotaje de cables submarinos en el mar Báltico hasta campañas de desinformación coordinadas en procesos electorales de varios socios.
El objetivo de gasto militar del 2% del PIB fue fijado por la OTAN en la cumbre de Gales de 2014, un umbral que la mayoría de los socios europeos ya han superado. La cumbre de La Haya de 2025 elevó las aspiraciones hasta el 5% del PIB en gasto de defensa y seguridad para 2035, una cifra que combina inversión militar directa con partidas de infraestructura crítica y ciberseguridad. Von der Leyen aboga por acelerar esa senda ante el nuevo escenario de amenazas.
La dependencia energética europea respecto a Rusia, que antes de 2022 superaba el 40% de las importaciones de gas natural, se ha reducido sustancialmente gracias a la diversificación hacia proveedores como Estados Unidos, Catar y Noruega. Varios países del centro y este de Europa mantienen aún vínculos comerciales residuales que Bruselas trata de eliminar mediante los sucesivos paquetes de sanciones aprobados desde el inicio de la guerra.
Moscú niega toda implicación
Fuentes del Kremlin han rechazado sistemáticamente cualquier vinculación con los incidentes registrados en infraestructuras europeas y han presentado estas acusaciones como un intento occidental de justificar un mayor gasto militar. El Ministerio de Exteriores ruso ha reiterado en distintas ocasiones que Moscú no busca una confrontación directa con la OTAN, si bien mandos militares rusos han advertido en paralelo de que cualquier ampliación de la presencia atlántica en las fronteras rusas será considerada una amenaza para su seguridad.
El papel de Estados Unidos en este escenario resulta clave y, a la vez, incierto. La Administración Trump ha mantenido una posición ambigua respecto al compromiso de Washington con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte —la cláusula de defensa colectiva que obliga a todos los aliados a socorrer a un miembro atacado—, lo que ha alimentado en Bruselas la percepción de que Europa debe ganar autonomía estratégica frente a una eventual reducción del paraguas militar estadounidense.
El precedente más citado por los analistas de seguridad para entender la lógica de estas operaciones híbridas es la crisis de Crimea de 2014, cuando Rusia empleó a gran escala una combinación de fuerzas irregulares, propaganda y presión económica para anexionarse la península ucraniana sin declaración formal de guerra, un manual que los servicios de inteligencia europeos consideran la matriz de las tácticas actuales.
En el plano institucional, el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge un mecanismo de solidaridad y asistencia mutua que permitiría activar una respuesta coordinada ante ataques de gran magnitud. Su aplicación práctica sigue chocando con las reticencias de algunos Estados a ceder competencias en materia de seguridad nacional, un ámbito que continúa siendo prerrogativa casi exclusiva de los gobiernos.
En el plano industrial, la Comisión impulsa el programa EDIRPA y, más recientemente, el fondo SAFE, un instrumento dotado con préstamos para financiar la compra conjunta de armamento y equipos de defensa entre los Estados miembros, con el objetivo declarado de reducir la fragmentación del mercado europeo de defensa y disminuir la dependencia de proveedores no europeos, especialmente estadounidenses.
Los próximos hitos incluyen una cumbre informal de líderes europeos, en la que se espera que Von der Leyen presente una hoja de ruta sobre defensa aérea común, y una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, donde se abordará la respuesta coordinada a los incidentes con drones. Bruselas y la Alianza insisten en que cualquier decisión sobre despliegues adicionales requerirá el consenso de los Veintisiete y de los treinta y dos aliados, un proceso que históricamente se ha demostrado lento frente a la velocidad de las amenazas híbridas que dice querer combatir.
