La ruptura dejó a ambas empresas sin autorización para vender vehículos nuevos de la marca, gestionar órdenes de compra, prestar servicio posventa o tramitar garantías oficiales en los dos países, un golpe operativo que alcanza tanto a clientes con pedidos en curso como a la red de talleres autorizados que dependían de la representación oficial.
El origen del conflicto se remonta a un préstamo otorgado por la sociedad Autos de Alta Gama Holdings Inc. a Italian Motors Holdings S.A., firma propietaria de las empresas que ostentaban la representación de Ferrari en Panamá y Colombia. De acuerdo con la documentación divulgada, esos fondos debían destinarse exclusivamente a capital de trabajo para sostener la operación comercial de la marca en ambos mercados.
Como garantía del financiamiento, Italian Motors Holdings entregó en prenda el 99% de las acciones de las sociedades distribuidoras, un mecanismo habitual en operaciones de crédito entre empresas privadas cuando de por medio hay activos de alto valor, como concesiones de marcas de lujo con inventarios millonarios.
El punto de quiebre llegó en mayo de 2026, cuando Italian Motors Holdings incumplió el pago de la obligación. Ante ese incumplimiento, la empresa cedió el paquete accionario al acreedor, que pasó a controlar las distribuidoras. Ese cambio de dueño en las sociedades que operaban la representación oficial de Ferrari se produjo, según la información divulgada, sin que la casa matriz hubiera dado su aval a la transferencia.
En los contratos de distribución de marcas de lujo es común incluir cláusulas que obligan al distribuidor a solicitar autorización previa ante cualquier cambio relevante en su estructura accionaria, precisamente para que la marca mantenga control sobre quién administra su imagen y su red comercial en cada país. La ausencia de ese aval, de confirmarse, explicaría la decisión de Ferrari North America de dar por terminados los contratos de forma unilateral e inmediata.
La versión sobre el inversionista salvadoreño
Tras conocerse la pérdida de la representación, circuló una segunda versión sobre las razones de la ruptura. Según publicó Caracol Radio, el empresario salvadoreño Adolfo 'Fito' Salume Artiñano habría ingresado como inversionista en la operación de Autos Italianos después de ser contactado por los entonces administradores de la distribuidora, que buscaban recursos para enfrentar las dificultades financieras que atravesaba la empresa.
El mismo medio, citando fuentes cercanas a la negociación, señaló que Ferrari North America manifestó reparos frente al ingreso de Salume a la estructura societaria y que esas diferencias se prolongaron durante varios meses antes de la terminación de la representación. Ferrari, sin embargo, no ha confirmado públicamente que ese haya sido el motivo oficial para cancelar los contratos, y no se ha pronunciado sobre las razones específicas más allá de la notificación formal de terminación, por lo que esa versión permanece sin corroboración de la marca.
El nombre de Salume añade un elemento de escrutinio adicional. Caracol Radio recordó que el empresario fue incluido años atrás en la denominada Lista Engel, el listado que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos con personas señaladas por presuntos actos de corrupción o por socavar procesos democráticos en Centroamérica. Esa mención no equivale a una condena ni a una acusación formal ante tribunal alguno, pero sitúa su figura bajo mayor atención pública mientras se discute su eventual vínculo con la operación de Ferrari en la región.
La dimensión más sensible del caso emergió cuando varios compradores en Colombia denunciaron haber entregado anticipos de cientos de miles de dólares por vehículos Ferrari que nunca les fueron entregados. Esas denuncias, recogidas por Portafolio, Semana, La República y otros medios colombianos, situaron el conflicto societario y el cambio de control accionario como telón de fondo de un problema que ya afecta directamente a consumidores con dinero comprometido en pedidos pendientes.
En Panamá no se han reportado públicamente denuncias equivalentes de compradores afectados, aunque la pérdida de la representación oficial implica que cualquier vehículo en proceso de importación o entrega queda en un limbo administrativo hasta que se resuelva quién asumirá las obligaciones pendientes con los clientes locales, incluidas las garantías de los autos ya vendidos.
El episodio ilustra los riesgos que enfrentan las marcas de lujo cuando delegan su representación comercial en sociedades locales financiadas mediante estructuras de crédito privado con garantías accionarias. La pérdida de control sobre quién administra la marca, derivada de un incumplimiento de pago entre privados, terminó por trasladarse a un problema de reputación comercial y de protección al consumidor en dos mercados distintos.
Por ahora no consta que las autoridades panameñas o colombianas hayan abierto procesos formales de investigación vinculados directamente a este caso, más allá de las denuncias particulares de compradores en Colombia. Ferrari North America ha indicado que se comunicará con los clientes para ofrecer algún servicio o asistencia técnica mientras designa un nuevo representante, sin que se haya precisado un plazo para ese nombramiento ni el mecanismo con que se atenderán las garantías y el servicio de posventa de los vehículos ya vendidos bajo la anterior distribución.