El escrito de acusación sitúa los hechos entre junio y noviembre de 2024. Según la Fiscalía, la acusada residía en Alicante pero mantenía un contacto permanente con Son Banya por sus vínculos familiares, y aprovechaba esa conexión para introducir periódicamente grandes remesas de cocaína en el poblado y recoger después las ganancias del negocio ilícito. Se desplazaba habitualmente en coche pese a no haber obtenido nunca el permiso de conducir, según consta en la causa.
La operación policial se activó cuando agentes de la Policía Nacional, que seguían de cerca a la sospechosa, detectaron la llegada a Palma de varios miembros de la red procedentes de Alicante con un cargamento de cinco kilos de droga. El intercambio se pactó en la capital balear: el grupo entregó a la acusada cuatro paquetes de aproximadamente un kilo cada uno, guardando el quinto paquete restante.
Los cuatro fardos, valorados en más de 400.000 euros, iban ocultos en una bolsa serigrafiada con el escudo del club blanco. Fue precisamente en el momento de la entrega cuando saltó el dispositivo policial: un vehículo de la Policía Nacional bloqueó el paso de la sospechosa, que en lugar de detenerse aceleró y embistió contra los agentes para abrirse camino.
En su huida, la acusada volvió a arremeter contra una patrulla de la Guardia Civil que trataba de cortarle el paso, según recoge la causa. La persecución se prolongó hasta que las fuerzas de seguridad realizaron un disparo disuasorio al aire y lograron interceptar el vehículo. En el registro posterior apareció la bolsa con los cuatro fardos de cocaína.
El resto de los procesados fueron arrestados de forma simultánea, varios de ellos a bordo de una furgoneta y otro en una habitación de un hotel de s'Arenal, en Llucmajor, donde los agentes hallaron en el falso techo el quinto paquete de droga que el grupo se había reservado en la entrega inicial.
La Fiscalía solicita para la principal acusada 16 años y medio de prisión, una indemnización de 3.087 euros y una multa de 1,3 millones de euros, por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial. Para cuatro de los otros procesados pide nueve años y medio de cárcel y multas de 1,3 millones de euros cada uno, mientras que para el sexto acusado, sobre quien pesa la agravante de reincidencia, reclama diez años y medio de prisión.
Los delitos contra la salud pública se agravan cuando concurren la pertenencia a organización criminal y las notorias cantidades de droga, tal como recoge el Código Penal, lo que eleva de forma sustancial las penas frente a un tráfico ordinario. En conjunto, la acusación solicita un total de 65 años de cárcel y multas que suman 7,8 millones de euros para los seis procesados que se sientan desde este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.
Son Banya arrastra desde hace décadas fama de enclave del narcomenudeo en la isla, marcado por operaciones policiales, derribos parciales de chabolas y la figura de 'La Paca', la matriarca que durante años encabezó la crónica negra del tráfico de drogas en el poblado. El caso que se juzga esta semana vuelve a ligar ese apellido a la sala de vistas, ahora a través de su nuera.
