La ciudad autónoma de Ceuta, de poco más de 83.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), atraviesa desde principios de agosto una situación migratoria tensa, con la llegada de un número elevado de personas procedentes de Marruecos en un breve periodo. La Policía Nacional habría alertado con antelación de un «riesgo alto» de entradas masivas, de acuerdo con informes internos conocidos después de los hechos. Sobre esa tensión, el sector hostelero —uno de los pilares de una economía local que depende del comercio, la administración pública y el turismo de proximidad— sostiene haber encajado un golpe severo.
Una de las afectadas es Gema Molina, propietaria del restaurante El Capote, en el centro de la ciudad, y con quince años de trayectoria al frente del negocio. La hostelera asegura que la situación actual supera en gravedad a la vivida durante la pandemia de covid-19. «Estamos peor que en pandemia», declaró Molina a El Español, y recordó que aquella crisis sanitaria vino acompañada de líneas de ayudas públicas de las que, según denuncia, el sector no dispone ahora. La empresaria afirma sentirse, junto a otros propietarios, «abandonada» por las administraciones.
Molina forma parte de un grupo informal de empresarios de la hostelería local que han ido poniendo en común sus cifras de facturación desde el inicio de la crisis. Según sus propias estimaciones, las pérdidas acumuladas entre los establecimientos que conoce superarían ya los 100.000 euros, una cifra no contrastada por fuentes oficiales ni por la patronal hostelera. La caída de clientela afectaría de forma especial al horario nocturno, cuando parte de los vecinos habría reducido sus salidas ante la percepción de inseguridad en determinadas zonas de la ciudad.
La empresaria relata episodios de personas que entrarían en los locales pidiendo comida o bebida, y en algunos casos increpando a los clientes hasta obtener algo. A ello se sumarían incidentes en terrazas y la presencia de personas durmiendo en las puertas de negocios y portales, una circunstancia que, según describe, ha llevado a algunos comercios a adelantar el cierre por temor a altercados nocturnos. Molina sostiene haber presenciado peleas con palos en las inmediaciones, y relata que su marido intentó pedir a una persona que dormía frente al local que se desplazara, encuentro que terminó con una negativa y una situación de tensión. Un episodio adicional afectó a su hija, empleada como vigilante de seguridad, que se habría visto rodeada por un grupo numeroso de personas durante su turno.
Entre los hechos que describe figura el hallazgo reiterado de bolsas con excrementos humanos y restos de orina en el exterior del restaurante, que el propio personal tendría que limpiar antes de la apertura diaria, así como haber presenciado a personas haciendo sus necesidades en la vía pública frente a viviendas y negocios. La propietaria no atribuye estos hechos a una estrategia deliberada de intimidación, aunque advierte del efecto disuasorio que generan: pocos clientes, sostiene, están dispuestos a entrar en un local cuyo acceso presenta esas condiciones.
Molina subraya que su denuncia no tiene un componente contrario a la inmigración como fenómeno general, y recuerda que a lo largo de los años ha contratado a trabajadores extranjeros y colaborado en procesos de regularización documental. Su reclamación, insiste, se dirige a las consecuencias inmediatas de la gestión de esta crisis concreta sobre la convivencia vecinal y la actividad económica del centro urbano. A la caída de facturación se suma la cancelación de la feria de la ciudad, un evento que en años anteriores suponía un repunte relevante de la actividad comercial y hostelera durante agosto.
El marco de gestión de una frontera singular
El fenómeno no es inédito en la frontera sur de la Unión Europea. Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres entre la UE y África, vivieron un episodio de gran magnitud en mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en pocos días en el marco de una crisis diplomática entre España y Marruecos, según datos del Ministerio del Interior de aquel año. La singularidad geográfica de ambas ciudades —enclaves de soberanía española colindantes con territorio marroquí— las convierte en puntos de fricción recurrentes en la gestión migratoria.
La gestión de las llegadas irregulares corresponde, conforme a la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería y sus sucesivas reformas, al Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno, que coordina las labores de acogida humanitaria, identificación y, en su caso, los procedimientos de retorno o traslado a la Península. La saturación de los centros de acogida, recurrente en episodios migratorios intensos, suele derivar en traslados progresivos a otras comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, especialmente en el caso de menores no acompañados y solicitantes de protección internacional.
Los testimonios recogidos proceden de un único establecimiento y su entorno inmediato, y no han sido corroborados de forma independiente por fuentes policiales oficiales, que hasta la fecha no han emitido un balance público específico sobre incidencias relacionadas con la hostelería ceutí durante este periodo. La Ciudad Autónoma tampoco ha difundido cifras propias sobre pérdidas económicas del sector.
Asociaciones empresariales locales habrían trasladado a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo autonómico la petición de líneas específicas de ayuda para el sector, en un planteamiento que recuerda a las moratorias fiscales, ERTE y ayudas directas aprobadas durante la pandemia mediante los sucesivos reales decretos-ley de 2020 y 2021. Hasta el momento no consta una respuesta formal ni un calendario de medidas por parte de las administraciones competentes. Colectivos de defensa de los derechos de los migrantes suelen advertir, en episodios similares, de que las situaciones de precariedad extrema en la calle no deben derivar en discursos que criminalicen de forma generalizada a la población migrante, y reclaman refuerzos en los recursos de acogida para reducir la permanencia de personas en el espacio público.
El precedente de 2021 ofrece una referencia parcial sobre la evolución posible de la crisis actual: en aquella ocasión, la progresiva reubicación de menores y adultos hacia la Península y el refuerzo de la vigilancia fronteriza permitieron una normalización relativa de la actividad comercial en varias semanas, aunque el sector hostelero denunció entonces pérdidas que tampoco llegaron a cuantificarse de forma oficial y agregada.
A falta de datos consolidados del INE o de la Cámara de Comercio de Ceuta sobre el impacto en la facturación del sector servicios de la ciudad durante agosto, el desenlace dependerá en buena medida del ritmo de traslados a la Península, del refuerzo de medios policiales y de limpieza urbana, y de la eventual puesta en marcha de las ayudas económicas que el colectivo hostelero reclama.
