La moción, que deberá debatirse en el pleno del Congreso en las próximas semanas, se enmarca en una ofensiva parlamentaria más amplia con la que Vox pretende presionar tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al Partido Popular. La formación de Abascal busca forzar también un pronunciamiento en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, sobre la retirada del embajador español en Rabat. «Quien nos invade no puede ser nuestro amigo», sostuvo Abascal al vincular la ruptura del tratado con la presión migratoria.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, resumió este martes la doctrina que su partido pretende aplicar a las relaciones internacionales de España: «Nosotros construimos nuestras relaciones internacionales en base únicamente a lo que interesa a España», afirmó, subrayando que el «interés permanente» de la formación es «contribuir a todo lo que reporte un beneficio a España y rechazar todo lo que sea un perjuicio». Con ese argumento, Vox ha subordinado cualquier alianza internacional, incluidas las que mantiene con sectores conservadores estadounidenses y con Israel, a la defensa de la integridad territorial, sintetizada en su lema de que «la soberanía es inviolable».
El trasfondo de esta ofensiva diplomática es la tensión migratoria registrada en Ceuta en las últimas semanas, que ha reactivado un debate político recurrente desde hace décadas sobre la gestión fronteriza de la ciudad autónoma y la relación bilateral con Marruecos. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, en vigor desde 1991, establece mecanismos de cooperación en materia de seguridad, inmigración y pesca, y ha sido el marco jurídico de referencia en los sucesivos episodios de crisis en la frontera sur, incluida la ocurrida en Ceuta en mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas, según los datos difundidos entonces por el Ministerio del Interior.
De la denuncia verbal a la ruptura del tratado
Precisamente en 2021, Abascal fue declarado persona non grata por el pleno del Ayuntamiento de Ceuta, con la abstención de los concejales del PP, después de visitar la ciudad y calificar aquella crisis también como una «invasión». Cinco años después, el líder de Vox ha endurecido su posición: de la denuncia verbal ha pasado a reclamar la ruptura formal del marco de cooperación bilateral, una medida sin precedentes en la política exterior española reciente hacia Marruecos, ni siquiera durante la crisis diplomática de 2021, cuando España acogió por motivos humanitarios al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y Rabat respondió retirando temporalmente a su embajadora en Madrid.
La dimensión internacional de la controversia ha añadido un elemento inusual al pulso entre Vox y el Gobierno. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, cuestionó públicamente la presencia española en el norte de África al referirse a Ceuta y Melilla como «enclaves coloniales», unas declaraciones que coincidieron con la difusión en redes sociales de etiquetas como #FreeCeuta y #FreeMelilla por parte de cuentas israelíes y proisraelíes, que presentaban ambas ciudades como territorios «ocupados».
A ello se sumó la polémica en torno a un informe no vinculante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, vinculado a un proyecto de ley aprobado en julio, que describía Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» situadas en «territorio marroquí» y sujetas a una «reivindicación histórica» por parte de Rabat. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, autor del texto, defendió posteriormente que la referencia respondía a una cuestión «geográfica» y no política, mientras que la presidencia de Donald Trump terminó aclarando que Washington reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas.
Estos episodios han colocado a Vox en una posición singular respecto a sus principales referentes internacionales. El partido mantiene vínculos consolidados con la Heritage Foundation y con sectores del entorno conservador estadounidense próximo a Trump, mientras que la Fundación Disenso —el think tank presidido por Abascal— y la alianza europea Patriots, de la que Vox forma parte, sostienen relaciones con instituciones israelíes. La crisis de Ceuta ha obligado a la formación a matizar públicamente su alineamiento con esos socios en un asunto que afecta directamente a la integridad territorial española.
El PP, por su parte, no ha fijado todavía una posición pública sobre la moción, lo que la formación de Abascal ha interpretado como un reproche de ambigüedad en la defensa de la soberanía nacional, argumento que ya empleó durante la crisis de 2021.
El marco constitucional español establece en el artículo 8 de la Constitución que corresponde a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial, mientras que la política exterior y los tratados internacionales son competencia del Gobierno, sujeta a la aprobación de las Cortes Generales cuando se trata de tratados de carácter político conforme al artículo 94. Cualquier decisión de romper o modificar el Tratado de Amistad con Marruecos requeriría, por tanto, un procedimiento que trasciende la iniciativa de un grupo parlamentario y que corresponde al Ejecutivo.
La relación bilateral entre España y Marruecos, además de su dimensión migratoria, incluye intereses económicos y estratégicos de peso. Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España en el norte de África, y Rabat ejerce funciones de control fronterizo en virtud de acuerdos bilaterales y del marco de asociación con la Unión Europea, un factor que ha condicionado históricamente el margen de maniobra de Madrid en cada crisis migratoria.
La moción de Vox llega además en un contexto de recomposición de las relaciones diplomáticas hispanomarroquíes tras el reconocimiento por parte del Gobierno de Sánchez, en marzo de 2022, del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, un giro que provocó entonces críticas tanto desde la izquierda como desde sectores conservadores y que reabrió el debate sobre el peso real de España frente a Marruecos en la negociación de sus fronteras sur.
El debate parlamentario sobre la moción, previsto para las próximas semanas, servirá como termómetro de las posiciones de PP y PSOE ante una cuestión que combina política migratoria, relaciones exteriores y el reparto de responsabilidades entre las administraciones autonómica, estatal y europea en la gestión de la frontera sur. La respuesta de Marruecos, que no se ha pronunciado oficialmente sobre la iniciativa, será otro de los elementos a seguir, especialmente en un momento en que Rabat mantiene una posición reforzada tras el respaldo del Gobierno español a sus planes sobre el Sáhara Occidental.
