A 31 de marzo de este año, último balance publicado, el Fondo de Reserva contaba con 15.267 millones de euros. La Seguridad Social gastó el año pasado 189.598 millones en su conjunto, de modo que la hucha equivale apenas a un 7% del gasto anual del sistema, un colchón erosionado en paralelo al envejecimiento de la población española.
La deuda acumulada del sistema, situada en 136.000 millones de euros, sigue una trayectoria ascendente vinculada a un fenómeno demográfico anticipado desde hace décadas: la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, que acumula carreras de cotización largas y pensiones más elevadas que las de generaciones anteriores.
El fondo creado en 1995
El Fondo de Reserva se creó en 1995 con el propósito de recoger los superávits del sistema en los años de bonanza y utilizarlos como colchón en los periodos de déficit. Llegó a disponer de unos 67.000 millones de euros en 2011, pero las sucesivas revalorizaciones de las pensiones con el IPC lo dejaron prácticamente vacío en 2019.
Desde entonces, el fondo ha recuperado 13.114 millones de euros, un proceso de reconstrucción que se explica principalmente por las nuevas aportaciones derivadas de las subidas de cotizaciones sociales. La pieza central es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde enero de 2023, que impone a empresas y trabajadores un recargo adicional en las cotizaciones destinado a financiar las contingencias futuras del sistema.
En 2026, tras una subida que llevó el MEI hasta el equivalente al 0,90% de la base de cotización, la Seguridad Social ha inyectado 1.162,23 millones de euros al fondo en lo que va de año, una cantidad que, comparada con el ritmo de crecimiento del gasto mensual en pensiones, resulta claramente insuficiente para frenar el deterioro de las cuentas.
La reforma de Escrivá de 2021
Buena parte del incremento del gasto se atribuye a la reforma de pensiones aprobada en 2021 por quien entonces era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. Aquella reforma introdujo la revalorización automática de las pensiones con el IPC y eliminó el mecanismo corrector que contemplaba la normativa anterior, pensado para amortiguar subidas excepcionales del índice de precios.
Ese mecanismo corrector habría evitado incrementos tan pronunciados como el que se anticipa para 2027, derivado en parte de la crisis inflacionista asociada a la guerra en Irán. Sin él, cada repunte de la inflación se traslada de forma directa y automática al gasto en pensiones, sin ningún filtro que module su impacto sobre las cuentas públicas.
La pensión media del sistema, que incluye viudedad, orfandad y otras prestaciones, se ha revalorizado un 4,6% en septiembre, hasta los 1.374 euros, una subida superior a la inflación general. El indicador que concentra la atención es la pensión media de jubilación, percibida por más de dos tercios de los beneficiarios, que ha escalado en más de cuatro puntos hasta los 1.576,1 euros mensuales.
Por regímenes, la pensión media en el Régimen General se sitúa en 1.734,7 euros al mes, frente a los 1.062,8 euros del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una brecha que refleja las diferencias históricas de cotización entre ambos colectivos. La pensión media de quienes se jubilaron en agosto, último mes con datos disponibles, alcanzó los 1.711,4 euros, una cifra que ilustra el desafío que supone la llegada masiva del baby boom a la jubilación.
El retraso de la jubilación no despega
Ante este escenario, la principal palanca con la que cuenta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, para contener el desequilibrio es el retraso voluntario de la edad de jubilación, con incentivos que buscan aliviar la presión sobre el gasto y aumentar los ingresos por cotizaciones durante más tiempo.
Los datos no permiten hablar de un cambio de tendencia significativo: apenas un 11,6% de las nuevas altas de pensión corresponden a personas que optaron por seguir trabajando más allá de la edad que por ley les permitía acceder a la jubilación completa. Es una proporción 6,8 puntos porcentuales superior a la registrada en 2019, primer año tras la salida del Partido Popular de la Moncloa, pero sigue siendo minoritaria frente al conjunto de nuevos pensionistas.
El contexto de tipos añade otra capa de presión sobre las finanzas públicas. El Euríbor ha marcado su media mensual más alta de 2026, más de un punto por encima de hace un año, lo que encarece la financiación de las emisiones de deuda con las que el Tesoro cubre parte del déficit de la Seguridad Social.
Para el próximo ejercicio, BBVA ha calculado una subida del 3,2% de las pensiones para enero de 2027, un ajuste que, de confirmarse, volvería a incrementar el gasto mensual del sistema y pondría a prueba de nuevo la capacidad del Fondo de Reserva para actuar como el colchón que fue diseñado a mediados de los años noventa.
