El mecanismo de revalorización, introducido por la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, sustituyó el sistema de revalorización discrecional por una fórmula automática ligada a la inflación media interanual. El Gobierno no fijará la cifra definitiva hasta que el Instituto Nacional de Estadística publique el dato de IPC de diciembre, momento en que elevará la propuesta al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Con la subida estimada del 3,2%, la pensión media del sistema —que se situó en 1.373,4 euros en agosto, un 4,6% más que un año antes— pasaría a rondar los 1.417,39 euros mensuales, un incremento de casi 44 euros. La pensión media de jubilación, que en agosto alcanzó los 1.574,9 euros (un 4,5% más interanual), subiría hasta cerca de los 1.625 euros, mientras la de viudedad se acercaría a los 1.007 euros mensuales, siempre según los cálculos del banco. La pensión media del RETA se quedaba en agosto en 1.062,1 euros.
La pensión máxima, fijada actualmente en 3.359,60 euros mensuales, pasaría a rondar los 3.467,10 euros, un salto superior a los 100 euros que responde a que este tope no solo se revaloriza con el IPC, sino que además incorpora un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales. Ese refuerzo de las bases y prestaciones máximas se enmarca en la reforma pactada en el Pacto de Toledo para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema.
Pensiones mínimas e IMV en torno al 10%
Las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital recibirían un tratamiento diferenciado: tras las subidas de entre el 7% y el 11,4% aplicadas en 2025, todo apunta a que en 2027 el incremento volvería a situarse en el entorno del 10%, muy por encima del IPC general. Esa senda responde al objetivo de aproximar las cuantías mínimas al umbral de pobreza de referencia europeo.
La revalorización llega en un momento de tensión creciente para las cuentas de la Seguridad Social. Solo en agosto, la Tesorería General desembolsó 14.470 millones de euros en el pago de pensiones contributivas, una cifra que refleja el ritmo ascendente del gasto en un sistema que incorpora cada año a más beneficiarios procedentes de la generación del baby boom, que alcanza ahora de forma masiva la edad de jubilación.
A este fenómeno demográfico se suma una tasa de natalidad que lleva más de una década por debajo del nivel de reemplazo generacional, según los registros del INE, y un aumento sostenido de la esperanza de vida que prolonga el periodo medio de percepción de la prestación. La combinación de menos cotizantes futuros y más años de pensión por beneficiario constituye el núcleo del debate sobre la sostenibilidad del sistema de reparto español.
Ese sistema, vigente desde la Ley General de la Seguridad Social de 1966, ha sido reformado en sucesivas ocasiones. Los acuerdos del Pacto de Toledo de 1995 ordenaron por primera vez sus fuentes de financiación; la Ley 27/2011 retrasó la edad legal de jubilación; y la Ley 21/2021 volvió a atar la revalorización al IPC tras el intermedio del índice de revalorización de 2013, que llegó a limitar las subidas al 0,25% anual.
La edad de jubilación llega a los 67 años
En paralelo a la subida de cuantías, 2027 traerá un nuevo escalón en el calendario de retraso progresivo de la edad de jubilación establecido por la Ley 27/2011, que desde 2013 eleva de forma gradual la edad legal desde los 65 hasta los 67 años, con la meta de completar la transición este año. Quienes no acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados tendrán que esperar hasta los 67 para acceder a la pensión completa, mientras los trabajadores que sí alcancen ese periodo podrán jubilarse a los 65 sin penalización.
El calendario afecta también a las modalidades de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, que verán ajustados sus requisitos de acceso y los coeficientes reductores aplicables a la cuantía final. Este mecanismo de aproximación gradual, similar al aplicado en otros países europeos con sistemas de reparto como Alemania o Francia, pretende compensar el aumento de la esperanza de vida sin alterar de forma abrupta las expectativas de los trabajadores próximos a la jubilación.
El próximo relevo en La Moncloa, previsto tras las elecciones generales del primer semestre de 2027, heredará un sistema que combina compromisos de gasto creciente con una base de cotizantes que, según las proyecciones demográficas del INE, se estrechará en las próximas décadas. La discusión sobre cómo financiar ese desequilibrio —vía cotizaciones, impuestos generales o ambas— seguirá marcando la agenda económica.
El contexto de precios tampoco despeja la incertidumbre sobre la magnitud de futuras revalorizaciones. En un análisis reciente, Bernardos avisa: «Veo los 120 dólares» de barril y recesión en varios países europeos, un escenario que, de confirmarse, presionaría al alza la inflación y, con ella, la propia revalorización de las pensiones del ejercicio siguiente.
El porcentaje exacto de la subida no se conocerá hasta que el INE publique el IPC de diciembre. Hasta entonces, el Gobierno mantiene el compromiso legal de actualizar el 1 de enero de 2027 tanto las pensiones contributivas como las mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social.
