Dos dimisiones en el núcleo duro
Las bajas no son periféricas. La secretaria de Organización y el responsable de Comunicación forman parte del núcleo ejecutivo del partido, los cuadros a los que corresponde, precisamente, articular la maquinaria interna y proyectar el mensaje hacia afuera. Que ambos abandonen sus cargos de forma simultánea, y en vísperas de una votación sobre la convocatoria de asamblea, convierte las dimisiones en un hecho político de primera magnitud dentro de la estructura de Sumar.
Según las informaciones disponibles, las críticas de ambos cargos apuntan de forma directa a Lara Hernández, quien asumió la coordinación del partido tras el repliegue político de Yolanda Díaz después de los resultados de las elecciones generales de julio de 2023, en las que la coalición obtuvo 31 escaños, y de las europeas de junio de 2024, en las que Sumar retrocedió hasta los 3 eurodiputados frente a los 5 que la suma de sus componentes había logrado en 2019.
El modelo de partido en disputa
En el fondo del conflicto late un debate no resuelto sobre qué tipo de organización debe ser Sumar: si un partido con estructura clásica, con militancia, cuotas y congresos reglados, o una plataforma de coordinación de fuerzas a su izquierda, más liviana y dependiente de liderazgos carismáticos. Esta tensión no es nueva en el espacio a la izquierda del PSOE. Izquierda Unida la vivió de forma recurrente desde su fundación en 1986, y Podemos la escenificó de manera traumática entre 2017 y 2021, cuando las disputas entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón terminaron con la escisión que alumbró Más País.
La celebración de una asamblea el 11 de julio implica activar los mecanismos estatutarios de Sumar para que sean los delegados o la militancia —dependiendo del modelo de participación aprobado en sus propios estatutos— quienes ratifiquen o reorienten la dirección política. En partidos de nueva creación o de estructura federada, como es el caso de Sumar, los estatutos suelen establecer quórums reforzados para la validez de las asambleas y mayorías cualificadas para modificar los órganos de gobierno. Si la dirección vota este jueves convocarla formalmente, el partido deberá cumplir los plazos de convocatoria previstos en sus propias normas internas, que habitualmente exigen entre 15 y 30 días de antelación para garantizar la participación.
El peso del contexto electoral
Sumar llega a este momento interno con una posición parlamentaria reducida. Los 31 escaños logrados en julio de 2023 ya situaban a la coalición por debajo de los 35 que Unidas Podemos había alcanzado en las elecciones de noviembre de 2019, según los datos del Congreso de los Diputados. La caída en las europeas de 2024 agravó la percepción de declive. En ese marco, la discusión sobre liderazgos y estructuras adquiere una urgencia que va más allá de lo orgánico: se trata de determinar si el espacio tiene capacidad para regenerarse antes de que lleguen nuevas citas electorales.
El Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar —que sustituyó al anterior acuerdo con Unidas Podemos— añade otra capa de complejidad. Los ministros y secretarías de Estado vinculados a Sumar mantienen sus cargos institucionales con independencia de la crisis interna del partido. Pero la debilidad orgánica de su socio menor reduce el margen de presión del espacio en las negociaciones presupuestarias y legislativas con el PSOE, algo que los propios cuadros díscolos han señalado como una de las consecuencias directas del deterioro interno.
Lara Hernández y el margen de respuesta
La coordinadora Lara Hernández no había realizado declaraciones públicas detalladas sobre las dimisiones en el momento de cierre de esta información. La dirección de Sumar tiene, no obstante, la iniciativa en las próximas horas: la votación de este jueves sobre la convocatoria de la asamblea del 11 de julio es, en sí misma, una respuesta política. Convocar el cónclave equivale a aceptar que la dirección necesita revalidarse o reformularse ante la militancia; bloquearlo o retrasarlo agravaría la imagen de una dirección que gestiona la crisis de puertas adentro.
Desde el entorno de Hernández se ha subrayado, según fuentes internas citadas por varios medios, que la asamblea estaba planificada con anterioridad a las dimisiones y que responde a un calendario orgánico ordinario, no a una reacción de urgencia. Esta lectura busca desactivar la narrativa de crisis, aunque la coincidencia de plazos dificulta su credibilidad ante la militancia y ante los partidos federados que componen la coalición.
Precedentes en el espacio de la izquierda
La historia reciente de la izquierda española ofrece varios episodios comparables. El más citado es el de la crisis de Podemos entre 2017 y 2018, cuando la dimisión de varios miembros del Consejo Ciudadano Estatal —órgano equivalente a una ejecutiva— anticipó la ruptura entre las corrientes interna y la salida de Errejón. En aquel caso, las dimisiones no fueron el detonante de la crisis sino su expresión más visible, y el partido tardó más de un año en estabilizar su estructura, con un coste electoral apreciable en las municipales de 2019.
Un precedente más lejano, pero estructuralmente similar, es la crisis de Izquierda Unida en 1997, cuando las tensiones entre el sector crítico y la dirección de Julio Anguita desembocaron en dimisiones en cascada de cargos orgánicos. En aquel caso, la celebración de una asamblea federal no resolvió el conflicto de fondo sino que lo trasladó al siguiente ciclo electoral. La lección que los analistas extraen de ambos episodios es que las asambleas de urgencia convocadas bajo presión tienden a congelar los conflictos más que a resolverlos, salvo que vayan acompañadas de un acuerdo previo sobre el reparto de poder.
Qué ocurre a partir del 11 de julio
Si la dirección vota este jueves convocar formalmente la asamblea para el 11 de julio, el partido deberá gestionar en menos de dos semanas la elaboración de ponencias, la acreditación de delegados y la fijación del orden del día, un proceso que en formaciones de tamaño medio puede generar fricciones adicionales si los sectores críticos intentan introducir puntos sobre la gestión de la coordinadora o sobre el modelo organizativo.
El resultado de la asamblea determinará si Lara Hernández consolida su posición con un mandato renovado, si se abre un proceso de sustitución pactada o si el conflicto se enquista y alimenta nuevas salidas en los meses siguientes. Para los partidos que forman parte de la coalición Sumar —entre ellos Más País, Compromís, Chunta Aragonesista y otros— el cónclave es también una oportunidad para redefinir los términos de su relación con el partido instrumental, una cuestión que varios de ellos han puesto encima de la mesa desde las elecciones europeas.
El calendario político añade presión adicional: las elecciones autonómicas y municipales de 2027 se aproximan, y cualquier formación que aspire a mantener representación territorial necesita haber resuelto sus disputas internas con suficiente antelación para construir listas y campaña. Para Sumar, el 11 de julio no es solo una fecha orgánica: es, en la práctica, el primer plazo real para decidir si el proyecto tiene futuro como actor autónomo o si la disgregación hacia sus componentes originales se convierte en la salida más probable.
