El caso se remonta a una acusación que Carroll, hoy de 82 años, experiodista y columnista, hizo pública en un libro publicado en 2019. En ese texto relató que Trump la agredió sexualmente en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996, décadas antes de que él llegara a la presidencia de EU.
Trump negó los señalamientos y calificó a Carroll de "desequilibrada", además de afirmar públicamente que ella había inventado su versión de los hechos. Esas declaraciones fueron el detonante de las demandas por difamación que la escritora interpuso en tribunales de Nueva York.
En mayo de 2023, un jurado civil en Nueva York determinó que Trump era responsable de agresión sexual y difamación en el caso original, y le ordenó indemnizar a Carroll. El mes pasado el presidente pagó 5.6 mdd correspondientes a esa causa, luego de agotar sus opciones de apelación.
La Corte Suprema ya había rechazado a finales de junio escuchar la apelación de Trump contra ese veredicto original. El fallo del lunes se refiere a un segundo intento del equipo legal del presidente por revertir la decisión, que el máximo tribunal también desestimó sin dar razones, conforme a su práctica cuando decide no admitir un caso para revisión.
Dos procesos por cuerda separada
Existe además un segundo proceso judicial, independiente del primero, también por difamación y también en tribunales de Nueva York. En ese caso, un jurado ordenó a Trump pagar 83.3 mdd a Carroll, monto sustancialmente mayor al de la primera indemnización. Trump recurrió igualmente ese fallo ante la Corte Suprema, en un proceso que corre por cuerda separada del que fue resuelto este lunes.
El mecanismo utilizado por Trump en ambos casos es el recurso de certiorari, la vía mediante la cual una parte solicita a la Corte Suprema estadounidense que revise una sentencia de una instancia inferior. El tribunal tiene discreción casi absoluta para aceptar o rechazar estos recursos, y solo admite una fracción mínima de las miles de solicitudes que recibe cada año judicial.
La defensa del presidente argumentó en ambos procesos que gozaba de inmunidad respecto de ciertas declaraciones hechas durante su primer mandato, un argumento que las instancias inferiores rechazaron al considerar que las expresiones cuestionadas no formaban parte de sus funciones oficiales de gobierno.
Carroll, que ha mantenido su versión de los hechos desde 2019 sin variaciones sustanciales pese a los años de litigio, se ha apoyado en los sucesivos veredictos favorables de los jurados neoyorquinos. Del lado del presidente, la vía para revertir esas condenas quedó nuevamente cerrada en la causa original tras la negativa del máximo tribunal.
Alcance y precedentes
El caso ha tenido seguimiento amplio en EU porque involucra a un presidente en funciones enfrentando procesos civiles por hechos ocurridos antes de su llegada a la política electoral. No existe en la historia reciente de ese país un precedente equivalente de un mandatario condenado en dos juicios civiles distintos por la misma acusadora. El antecedente más citado de exposición judicial de un presidente en ejercicio es el de Bill Clinton, demandado en los años noventa por Paula Jones en una causa civil que la propia Corte Suprema permitió avanzar mientras ocupaba el cargo.
El desenlace judicial no tiene efectos directos sobre el ejercicio del cargo presidencial, pues se trata de procesos de naturaleza civil y no penal: no conllevan la posibilidad de destitución ni de juicio político ante el Congreso estadounidense, a diferencia de lo que ocurriría con una acusación penal federal.
Queda pendiente la resolución de la Corte Suprema respecto del segundo recurso de Trump, vinculado a la indemnización de 83.3 mdd. No hay un plazo público definido para que el tribunal decida si admite o rechaza esa segunda apelación, aunque los precedentes de este mismo caso apuntan a que el máximo tribunal podría optar nuevamente por no intervenir.