El debate sobre el robotaxi en Madrid ha entrado en una fase decisiva a lo largo de este verano de 2026. Uber ha anunciado su intención de desplegar vehículos autónomos en la región, aunque el proyecto sigue supeditado a las aprobaciones técnicas y administrativas de la DGT, organismo competente para homologar este tipo de tecnología en circulación abierta. Bolt ha realizado anuncios en una dirección similar. Ninguna de las dos compañías ha confirmado todavía una fecha de operación comercial efectiva, pese a que ambas habían apuntado a que los vehículos sin conductor podrían estar circulando en la capital antes de que acabe el año.
El presidente de Unauto VTC, la principal patronal del sector, ha planteado que la fórmula para introducir estos vehículos pase por un canje de autorizaciones y no por la concesión de licencias nuevas. «Queremos que se haga un canje para que el propietario de una autorización de VTC pase a tener la autorización de un vehículo autónomo, de modo que no haya un incremento artificial del parque de VTC, tal como hemos defendido en otras ocasiones», ha explicado Berzal, en línea con una posición que la patronal ya había mantenido en anteriores procesos de expansión del sector.
La propuesta responde a una preocupación estructural: el número de licencias VTC en la Comunidad de Madrid ha sido objeto de litigios y moratorias desde que la competencia para regular estas autorizaciones se descentralizó hacia las comunidades autónomas, tras la reforma del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) aprobada por el Gobierno central en 2018 mediante el conocido como Real Decreto Ábalos. Desde entonces, el equilibrio entre VTC y taxis ha sido fuente de tensión permanente, con movilizaciones del taxi en 2018 y 2019 que llegaron a paralizar durante varias jornadas ejes centrales de Madrid y Barcelona.
Berzal ha insistido en que la llegada del vehículo autónomo constituye una oportunidad, pero ha reconocido abiertamente los riesgos laborales que plantea. «Nos preocupa, como no podía ser de otra manera, el empleo que en su momento se pueda ver afectado de manera negativa. Tanto la generación de nuevo empleo a través de la profesión de conductor como la posible pérdida, en su caso, de puestos de trabajo», ha señalado, matizando a la vez que la tecnología «también dará lugar a que se pueda generar otro tipo de nuevos puestos de trabajo». La patronal, según su presidente, condiciona su respaldo a una «valoración exhaustiva posterior de los pros y los contras que este nuevo modelo de movilidad va a aportar a las empresas, a los usuarios y a los trabajadores».
El taxi coincide en exigir regulación previa
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), organización que históricamente ha mantenido posiciones enfrentadas con la patronal VTC en materia de cupos y competencia, coincide sin embargo en la necesidad de un marco regulatorio previo y claro. Su presidente, Julio Sanz, había advertido meses atrás de que el sector del taxi «no puede permanecer ajeno al futuro, a las innovaciones ni a todos los avances que lleguen», pero reclamaba que la implantación se hiciera «de forma ordenada, regulada y coordinada con las administraciones y los colectivos» y no, en sus palabras, «entrando por la puerta de atrás y pidiendo perdón en lugar de permiso».
La coincidencia entre ambas organizaciones —que durante casi una década han protagonizado algunos de los conflictos sectoriales más enconados del transporte urbano español— resulta relevante. Tanto el taxi como las VTC comparten el temor a que la llegada de un tercer actor, el vehículo autónomo operado directamente por plataformas tecnológicas sin intermediación de conductores profesionales, altere las reglas de un mercado que ya arrastra fricciones desde la liberalización parcial del sector VTC. El origen de ese proceso se sitúa en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2018, que consolidó el reparto entre autorizaciones de taxi y de arrendamiento con conductor.
Desde el punto de vista normativo, la irrupción del vehículo autónomo plantea un vacío legal notable. La legislación española de transporte, articulada en torno a la LOTT y su reglamento de desarrollo, fue concebida bajo el supuesto de un conductor humano responsable del servicio, la seguridad y la relación contractual con el usuario. Berzal ha reconocido que la nueva normativa para el vehículo autónomo «afectará, en su caso, a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre», lo que anticipa una revisión legislativa de calado una vez concluyan las pruebas piloto previstas.
La Comunidad de Madrid, que ejerce la competencia sobre las autorizaciones VTC en su territorio desde el traspaso de 2018, será la administración encargada de decidir si acepta la fórmula del canje que reclama Unauto VTC o si opta por un régimen de autorizaciones específico y diferenciado para el vehículo autónomo. Ninguna decisión en ese sentido ha sido formalizada hasta la fecha, y el Gobierno regional no ha fijado un calendario público para regular esta cuestión.
Los precedentes internacionales del robotaxi
El robotaxi cuenta con mayor recorrido comercial en ciudades estadounidenses como San Francisco o Phoenix, donde operadores del sector han desplegado servicios sin conductor bajo autorizaciones experimentales. Esa implantación ha venido acompañada de incidentes de seguridad que han obligado a suspensiones temporales de licencias, un antecedente que las autoridades españolas previsiblemente tendrán en cuenta al diseñar el marco de pruebas piloto en Madrid. En Europa, distintos operadores han ensayado proyectos limitados en número de vehículos y ámbito geográfico, sujetos a supervisión reforzada por las autoridades de tráfico locales.
El proceso previsible en Madrid combinará una fase de pruebas piloto restringidas con una revisión regulatoria posterior antes de cualquier generalización del servicio. Berzal ha reclamado que la Comunidad de Madrid «sea la punta de lanza» y ponga en marcha «más pronto que tarde» estos proyectos, mientras que la FPTM condiciona su participación a que exista información y normativa previas. Ambas partes, pese a sus diferencias, sitúan la ausencia de un marco jurídico como el principal obstáculo actual.
A falta de una fecha oficial de inicio de las pruebas piloto y de la aprobación de la DGT, el calendario que manejan las plataformas tecnológicas continúa siendo orientativo. La decisión sobre si Madrid adopta el modelo de canje de licencias que propone Unauto VTC, o si opta por una vía que permita un crecimiento neto del parque de vehículos autónomos, marcará el primer gran hito regulatorio de esta tecnología en España y sentará un precedente que previsiblemente observarán otras comunidades autónomas y ciudades europeas con procesos similares en marcha.
