El documento distingue varias partidas dentro del cómputo global. Los primeros siete millones corresponderían al impacto inmediato por el cierre de comercios durante las dos jornadas de mayor tensión en la frontera, cuando la llegada de un número elevado de personas obligó a suspender la actividad en buena parte del tejido comercial. A esa cifra, según el informe, se sumarían otros 10,4 millones en pérdidas acumuladas durante el resto de agosto, derivadas de la contracción del consumo y de cancelaciones en cadena.
La partida más singular es la vinculada a las fiestas patronales, suspendidas a causa de la situación excepcional que atraviesa la ciudad. La Cámara de Comercio cifra en 10,2 millones de euros el coste de esa cancelación, al considerar que se trata de «uno de los acontecimientos de mayor impacto económico, turístico, comercial y social del calendario anual» ceutí. La suspensión, señala el organismo, impide generar actividad en casetas, comercio, hostelería, alojamiento, transporte y en la red de proveedores y servicios que trabajan habitualmente para el evento.
El informe subraya que el daño «no puede limitarse exclusivamente a los días en los que la actividad permaneció interrumpida», en referencia a los efectos de segundo orden: reducción de nuevas contrataciones en el sector turístico, cancelaciones de reservas ya confirmadas y lo que la institución describe como «la percepción exterior de inseguridad e incertidumbre», que podría traducirse en un descenso sostenido de visitantes y pernoctaciones durante lo que considera un periodo esencial para la facturación anual de numerosos negocios.
En términos cuantitativos, la Cámara de Comercio desglosa 852.282 euros en pérdidas directas por estancias hoteleras no realizadas y 2,8 millones de euros en gasto turístico nacional que se habría dejado de producir en la ciudad durante agosto. A ello añade una estimación específica sobre el consumo de visitantes procedentes de Marruecos, un segmento que la propia institución reconoce como difícil de medir con las estadísticas oficiales, ya que buena parte de esas visitas se producen en el mismo día y no quedan reflejadas en los datos de ocupación hotelera ni en los registros portuarios convencionales.
Para estimar este último apartado, el organismo toma como referencia una afluencia mensual de 6.614 personas de nacionalidad marroquí —unas 213 diarias de media— y un gasto promedio de 550 euros por visita, lo que arroja un impacto adicional de 2,5 millones de euros por la caída de este consumo transfronterizo. Se trata de un flujo relevante para comercios de proximidad, bazares y establecimientos de hostelería del centro urbano, que dependen en buena medida de compradores que cruzan la frontera para adquirir productos y regresar el mismo día.
Presión sobre la liquidez de las empresas
La Cámara de Comercio pone el acento en la presión que esta acumulación de pérdidas ejerce sobre la liquidez de las empresas ceutíes, muchas de las cuales, según el informe, han dejado de facturar durante varias semanas mientras siguen «soportando gastos ya comprometidos» y afrontan «una caída significativa de la demanda». La concentración de estos efectos en un periodo tan corto, indica la institución, «incrementa la presión sobre la liquidez y la capacidad financiera» de sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios, que sostienen una parte sustancial del empleo local. Bulaix sostiene que la crisis «ha provocado una alteración extraordinaria de la actividad económica de la ciudad».
Ceuta mantiene una economía muy dependiente del comercio transfronterizo y del sector servicios, con un peso reducido de la industria y una fuerte estacionalidad turística concentrada en verano. Cualquier alteración en el paso fronterizo con Marruecos —por cierres administrativos, restricciones sanitarias o episodios de tensión migratoria— tiene un correlato inmediato en la actividad local, como quedó documentado durante el cierre prolongado de la frontera comercial a raíz de la pandemia, cuando el tránsito ordinario de mercancías y personas quedó interrumpido durante meses.
Un precedente de 2021 y el marco fiscal especial
El episodio se enmarca en la presión migratoria recurrente que Ceuta y Melilla experimentan desde hace más de una década en su condición de única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. La crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas entraron en pocas horas por la zona de El Tarajal tras una relajación temporal de los controles marroquíes, es el precedente más citado para dimensionar episodios de esta naturaleza y sus consecuencias económicas y diplomáticas.
La ciudad autónoma cuenta con un régimen económico y fiscal especial, heredado en parte de su condición histórica de puerto franco y reconocido en su Estatuto de Autonomía de 1995, que incluye bonificaciones fiscales destinadas a paliar su aislamiento geográfico y su dependencia del tránsito fronterizo. Ese marco normativo ha sido invocado en episodios anteriores de crisis migratoria o sanitaria para reclamar al Gobierno central ayudas extraordinarias, líneas de crédito o exenciones temporales que compensen caídas abruptas de actividad como la que ahora denuncia la patronal.
La relación bilateral entre España y Marruecos ha estado marcada por ciclos de tensión y distensión en torno al control fronterizo, la gestión de Ceuta y Melilla y el litigio del Sáhara Occidental, cuestiones que en ocasiones han condicionado la cooperación en materia migratoria. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, ha recibido el informe, sin que hasta el momento se conozca una respuesta oficial ni el anuncio de medidas compensatorias específicas.
A falta de una respuesta gubernamental formal, el sector empresarial ceutí insiste en que agosto será determinante para la viabilidad de numerosos negocios que dependen de la temporada estival para compensar los meses de menor actividad. La evolución del flujo migratorio en las próximas semanas, la eventual reprogramación de actividades vinculadas a las fiestas patronales y la respuesta de la Administración central marcarán si estas pérdidas iniciales se consolidan o si la actividad económica logra recuperar parte del terreno perdido antes de que termine el verano.
