El vuelco resulta llamativo porque parte de una situación exactamente opuesta a la actual. En 2006, según los cálculos de Funcas sobre la EPF, los hogares con un mayor de 65 años al frente gastaban por unidad de consumo en torno a un 20% menos que el conjunto de la población española. Dos décadas más tarde, en 2025, esos mismos hogares gastan por encima del promedio nacional, un cambio de posición que no tiene precedentes comparables en la serie de la encuesta.
La transformación se aprecia con más nitidez cuando se clasifica a los hogares según la situación laboral de quien los sustenta. Tomando como referencia el valor 100 para el conjunto de los hogares, los encabezados por jubilados pasaron de un índice de gasto de 86 a 107, es decir, ganaron 21 puntos en veinte años. En el extremo contrario, los hogares con un ocupado al frente perdieron ocho puntos de posición relativa, y los que dependen de un desempleado, siete, según el mismo análisis.
Dos crisis que protegieron a los mayores
Funcas atribuye el fenómeno a dos periodos concretos. El primero coincide con la crisis financiera y de deuda soberana que se extendió entre 2008 y 2013, cuando se concentró la mayor parte del cambio. Mientras la destrucción de empleo golpeaba con dureza a los hogares en edad laboral y reducía sus ingresos, las pensiones se mantuvieron protegidas por su mecanismo de revalorización, lo que amortiguó el impacto de la crisis sobre los mayores en un grado muy superior al del resto de la población.
La segunda fase se sitúa en el último lustro, aproximadamente entre 2021 y 2025. En este tramo, señala Funcas, la ventaja de los jubilados no derivó de una crisis de empleo, sino de un crecimiento de las pensiones superior al de los salarios, que constituyen la principal fuente de ingresos de las familias en edad de trabajar. El salario anual bruto por trabajador se situó en 28.410,78 euros en 2025, tras crecer un 3,1% respecto al año anterior, según la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE.
El otro gran factor que explica las dificultades de los hogares de mediana edad es el precio de la vivienda, que ha crecido a un ritmo muy superior al de los salarios. Según el INE, los precios de la vivienda cerraron 2025 con un incremento interanual del 12,9%, y la escalada continuó en el primer trimestre de 2026, con otra subida del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. La vivienda usada, la que compran mayoritariamente los hogares jóvenes que acceden a su primera propiedad, se encareció todavía más, un 13,5%.
La comparación entre ambas magnitudes resulta elocuente: mientras el salario medio creció un 3,1% en 2025, el precio de la vivienda avanzó a una tasa superior al 12%, es decir, cerca de cuatro veces más rápido. Para un hogar joven o de mediana edad que trabaja y aspira a comprar una casa, esa brecha entre ingresos y precios erosiona año a año su capacidad real de gasto y ahorro, incluso cuando su salario nominal aumenta.
El contexto general es de crecimiento del gasto de las familias españolas en su conjunto. Según la EPF del INE, los hogares gastaron una media de 35.101 euros durante 2025, 1.057 euros más que el año anterior, lo que supone un incremento del 3,1%. Por persona, el desembolso alcanzó los 14.066 euros, un 3,2% más que en 2024, cifras que reflejan una recuperación del consumo tras los años de la pandemia y la posterior escalada inflacionista de 2022 y 2023.
La vivienda absorbió buena parte de ese incremento del gasto agregado. La partida que engloba vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 5,8% en 2025, hasta alcanzar una media de 11.665 euros anuales por hogar. Representa ya el 33,2% de todo el presupuesto familiar: uno de cada tres euros que gasta un hogar español se destina a mantener su vivienda, un porcentaje que confirma la centralidad del problema habitacional en la economía doméstica.
Del recorte de 2011 al IPC como suelo
El precedente más claro de un mecanismo de protección relativa de las pensiones frente a los salarios se remonta a la crisis de deuda. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones en 2011, pero el sistema mantuvo después su vínculo con la evolución de los precios, a diferencia de los salarios, sometidos a devaluación interna y a la reforma laboral aprobada en 2012 que facilitó el ajuste vía empleo. La derogación del factor de sostenibilidad de 2013 y la posterior vinculación del índice de revalorización de las pensiones al IPC reforzaron esa protección relativa frente a un mercado laboral con crecimiento salarial más moderado.
El fenómeno tiene implicaciones para el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y para las políticas de vivienda. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han advertido en informes sobre el aumento del gasto en pensiones como porcentaje del PIB ante el envejecimiento poblacional, mientras distintas administraciones han impulsado medidas de oferta de vivienda protegida y ayudas al alquiler para jóvenes, con resultados hasta ahora limitados frente a la magnitud de la subida de precios.
En el terreno de la vivienda, promotores y asociaciones de consumidores atribuyen el encarecimiento a la escasez de suelo finalista y a la lentitud de la tramitación urbanística, causas que consideran estructurales. Frente a ellos, organizaciones de inquilinos y algunos partidos reclaman topes al precio del alquiler y un mayor parque público, medidas que sectores del ámbito inmobiliario consideran contraproducentes por su posible efecto sobre la oferta disponible. El debate sigue abierto sin consenso entre las partes.
De cara a los próximos ejercicios, la revalorización de las pensiones y su impacto presupuestario se abordan en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el foro parlamentario permanente sobre el sistema. El INE publicará en los próximos trimestres nuevas actualizaciones del índice de precios de la vivienda y de la Encuesta de Presupuestos Familiares, que permitirán comprobar si la tendencia detectada por Funcas se consolida o empieza a corregirse a medida que se enfríe el mercado inmobiliario o se acelere el crecimiento salarial.
