Los tres son trabajadores locales de nacionalidad argelina, si bien Belkacemi obtuvo la nacionalidad española hace unos años. Pese a la gravedad del caso, los tres continúan trabajando en el consulado y forman parte, según las mismas fuentes, «del círculo más cercano del cónsul».
Estas tres nuevas imputaciones se suman a las del entonces canciller o número dos de la legación, Vicente Moreno, y del empleado local Mohamed Boutouchent, ambos arrestados en España a finales de abril. En aquel momento también quedó investigada la esposa de Moreno, de nacionalidad argelina, con lo que la causa suma ya seis personas investigadas por decisión de la Audiencia Nacional.
El caso ha salpicado además a BLS, la compañía india contratada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para gestionar las citas presenciales en los consulados españoles. La instrucción que dirige Tardón detecta «la participación de empresas colaboradoras que prestan servicios administrativos, como asignación de citas o gestión documental, cuyo personal habría facilitado la formación de solicitudes y lucrado con esta actividad, escogiendo solo a las familias que han efectuado los pagos requeridos a la trama». El auto menciona expresamente «a plataformas de tramitación tipo BLS» y precisa que las mordidas ascendieron «en ocasiones a 25.000 euros» por familia, una cifra que ya habían apuntado fuentes policiales tras las detenciones de abril. Sobre este mismo asunto, la Justicia investiga a la empresa elegida por Exteriores para gestionar citas de visados.
El Ministerio que dirige José Manuel Albares ha decidido enviar una inspección de servicio al consulado de Argel para examinar durante una semana su funcionamiento interno y tomar declaración al personal laboral. Según fuentes diplomáticas, el equipo de inspectores llegará a la capital argelina el próximo 20 de septiembre.
El origen: alertas de la Consejería de Interior
La investigación que instruye Tardón se inició «a raíz de comunicaciones oficiales» de la Embajada española en Argelia, en concreto desde la Consejería de Interior, cuyos funcionarios alertaron «sobre la existencia de un entramado cuyo objetivo principal sería el ánimo de lucro mediante la concesión fraudulenta de visados de la zona Schengen, que darían la posibilidad de practicar la entrada legal a España».
Ya en 2025, varios empresarios españoles habían denunciado por escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores que el consulado general de Argel se negaba de forma sistemática a expedir visados de trabajo a ciudadanos argelinos. Algunas de aquellas cartas apuntaban ya a la existencia de una trama cuyos miembros, según la investigación en curso, se habrían concertado en «una estructura criminal» que actuaba en la legación «facilitando visados a cambio de una compensación económica, blanqueando parte de sus ganancias en España a través de una operativa de compra de vehículos».
A la presunta red, que según la instrucción dirigía el propio canciller del consulado, se le atribuye «la tramitación irregular de visados y permisos de residencia y trabajo por cuenta propia con la finalidad última de facilitar un flujo migratorio de personas de nacionalidad argelina hacía países del espacio Schengen». En muchos casos, según el auto judicial, los beneficiarios carecían «de los requisitos formales exigidos para la obtención de visados», una circunstancia que se sorteaba «mediante el pago de una cuantía económica a integrantes del grupo criminal facilitando los supuestos trámites con documentación sin verificar y en ocasiones alterada o falsa».
«La actuación delictiva no se limitó únicamente al tránsito irregular de estas personas», recoge el auto de la instrucción sobre la trama investigada en el consulado de Argel.
La causa se encuentra en fase de instrucción ante el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, donde ninguno de los seis investigados ha sido procesado ni sentado en el banquillo. La inspección de servicio prevista para el 20 de septiembre marcará el próximo paso visible en la investigación del funcionamiento del consulado.
