La sesión de hoy ha durado exactamente seis horas y quince minutos, de 09:30 a 15:45, con una pausa de cuarenta y cinco minutos para almorzar en la cafetería del tribunal. El ritmo ha sido significativamente más rápido de lo que anticipaban las fuentes jurídicas consultadas por este medio, que estimaban que el bloque de prevaricación requeriría al menos dos sesiones. La velocidad se explica por dos factores: primero, la unanimidad alcanzada ayer sobre malversación había eliminado las divergencias de fondo entre los magistrados — si todos coinciden en que hubo desvío de fondos públicos, el paso lógico siguiente es que las decisiones administrativas que lo facilitaron fueron deliberadamente ilegales —; y segundo, la ponencia de Marchena ha sido descrita por fuentes que conocen su contenido como «un ejercicio de argumentación jurídica difícil de rebatir incluso para las defensas más sofisticadas».
El núcleo del razonamiento de la Sala sobre prevaricación gira en torno a un concepto jurídico que será central en los recursos que inevitablemente se interpondrán: la «desviación de poder con conocimiento de la ilegalidad». La ponencia de Marchena distingue entre dos tipos de irregularidad administrativa: la irregularidad por imprudencia o desconocimiento — que no constituye prevaricación — y la irregularidad deliberada con ánimo de lucro — que sí la constituye —. Para la Sala, los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia caen inequívocamente en la segunda categoría porque, según la documentación analizada durante el juicio, existían informes internos del Ministerio de Transportes que alertaban de que las empresas seleccionadas carecían de capacidad logística y experiencia previa, y esos informes fueron deliberadamente ignorados o archivados por orden directa de Ábalos.
La calificación de Koldo García como «intermediario necesario» es jurídicamente más innovadora y plantea un precedente que los penalistas seguirán de cerca. La defensa de Koldo había argumentado que su cliente era un simple asesor del ministro sin capacidad de decisión administrativa y que, por tanto, no podía cometer prevaricación porque no tenía competencia para firmar contratos públicos. La Sala ha rechazado este argumento con un razonamiento que expande la doctrina del Tribunal Supremo sobre autoría mediata: Koldo no firmó los contratos, pero seleccionó a las empresas adjudicatarias, negoció las condiciones económicas y supervisó los pagos a través de intermediarios financieros vinculados a Aldama. Su papel, según la ponencia, fue el de «intermediario necesario cuya intervención hizo posible el resultado delictivo y sin cuya participación el esquema no hubiera podido funcionar».
Anticorrupción se ha mostrado «satisfecha» con el desarrollo de la deliberación, según fuentes de la Fiscalía que han hablado con este medio a las 17:00. El fiscal Alejandro Luzón ha mantenido en todo momento su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 para Aldama, y las señales que ha recibido durante el proceso de deliberación le hacen confiar en que las penas finales estarán «en el rango de lo solicitado o muy cerca de él». La única incógnita que queda por resolver es si la Sala aplicará alguna atenuante — la defensa de Aldama ha alegado colaboración con la justicia — que pudiera reducir ligeramente las penas del comisionista sin alterar la estructura general de la condena.
El calendario procesal se ha acelerado de forma notable. Marchena ha comunicado a las partes que distribuirá el borrador definitivo de la sentencia mañana miércoles a las 09:00 para que los cinco magistrados realicen las últimas observaciones formales antes de la firma. La sentencia se leerá el jueves a las 10:00 en un acto solemne al que están convocadas las acusaciones, las defensas y los medios acreditados. El dato es revelador del nivel de consenso alcanzado: cuando las sentencias del Supremo requieren ajustes significativos, Marchena suele tomarse entre tres y cinco días hábiles entre el cierre de la deliberación y la lectura del fallo. En este caso, el plazo se ha reducido a treinta y seis horas, lo que indica que el borrador está prácticamente listo y que las observaciones de mañana serán puramente formales.
En el caso Kitchen, la jornada ha traído una resolución parcial que alivia temporalmente la presión sobre el calendario judicial. El tribunal de la Audiencia Nacional ha ordenado un peritaje forense independiente del parte médico presentado por Villarejo, y el médico forense ha concluido a las 13:00 que la intervención abdominal es real y que el reposo prescrito de tres semanas es «clínicamente justificado». En consecuencia, el tribunal ha acordado aplazar las sesiones del juicio oral hasta el 9 de junio, una decisión que la Fiscalía ha recurrido inmediatamente alegando «perjuicio grave a la continuidad del procedimiento y riesgo de deterioro de la prueba testimonial». El recurso se resolverá en los próximos cinco días, pero las fuentes jurídicas consideran improbable que prospere dado el respaldo del peritaje forense.
El abogado de Pérez Dolset ha aprovechado la sesión para anunciar que, cuando el juicio se reanude, citará a María Dolores de Cospedal «en el primer turno de testigos, porque su declaración anterior como testigo estuvo plagada de contradicciones que deben aclararse ante la Sala». La estrategia de Dolset es clara: vincular las «ocho o nueve reuniones» que Cospedal reconoció haber mantenido con Villarejo con el diseño operativo de la Kitchen, es decir, con la trama para robar a Bárcenas pruebas que pudieran incriminar a la cúpula del PP de Rajoy.
En el tercer frente judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que resolverá el recurso de la defensa de Begoña Gómez contra el juez Peinado el viernes 23 de mayo. El recurso argumenta que Peinado ha incurrido en una «instrucción prospectiva» — es decir, que ha investigado primero y buscado el delito después, en lugar de investigar un delito concreto — y que los hechos no reúnen la tipicidad penal necesaria para justificar un juicio con jurado. La Fiscalía mantiene su petición de archivo y la Audiencia Provincial tiene fama de ser más rigurosa que los juzgados de instrucción en la aplicación de los estándares de tipicidad, lo que las defensas interpretan como una señal favorable.
Al caer la tarde sobre la plaza de la Villa de París, donde tiene su sede el Tribunal Supremo, el mapa judicial de la semana ha adquirido una claridad que no tenía esta mañana. El jueves se conocerá la sentencia de Koldo. El viernes se resolverá el recurso de Begoña Gómez. Kitchen queda aplazada hasta junio. Tres frentes, tres calendarios, tres resoluciones que, juntas, determinarán si el Gobierno de Pedro Sánchez entra en junio con heridas cauterizables o con fracturas irreparables. Los abogados de Ábalos, los únicos que han hablado con los periodistas a la salida, han limitado su declaración a una frase: «Confiamos en que el recurso ante el Tribunal Constitucional permitirá una revisión completa de lo que ha ocurrido en esta Sala». La frase revela la estrategia de la defensa para los próximos meses: no discutir la sentencia del Supremo, sino apelar al Constitucional. Es la última trinchera del condenado.
