Unanimidad en malversación tras dos horas de debate interno
Las fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo confirman que el bloque de malversación del caso Koldo se ha cerrado con unanimidad: los cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo coinciden en que los flujos de dinero documentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditan el desvío sistemático de fondos públicos hacia el entramado societario controlado por Víctor de Aldama. El consenso no era el desenlace anticipado. El magistrado que había mostrado más reservas durante la deliberación del bloque de organización criminal —el de menor antigüedad en la Sala Segunda, con menos de tres años de pertenencia— se sumó a la posición común tras un debate interno de dos horas centrado en el alcance de la responsabilidad patrimonial.
La unanimidad refuerza estructuralmente la futura sentencia: sin votos particulares discrepantes en el bloque nuclear de la causa, cualquier recurso de apelación ante la propia Sala o ante el Tribunal Constitucional encontrará una resolución sin fisuras internas que oponer. Procesalmente, la malversación es el delito al que el Código Penal —artículo 432 y siguientes, en la redacción vigente tras la reforma de la Ley Orgánica 14/2022— asigna las penas más elevadas del conjunto de la acusación.
Los flujos de dinero que la UCO trazó desde los contratos hasta las cuentas offshore
Las 82 páginas de la ponencia redactada por el magistrado Manuel Marchena detallan un recorrido de fondos que arranca en los contratos de adquisición de mascarillas adjudicados durante la emergencia sanitaria de 2020, prosigue a través de facturas infladas a empresas pantalla y continúa mediante transferencias a cuentas radicadas en Dubái, Liechtenstein y Panamá. El destino final documentado son bienes inmuebles, vehículos de lujo y cuentas personales cuya titularidad real fue establecida por la UCO mediante análisis de metadatos bancarios. La ponencia de Marchena sistematiza ese recorrido como prueba del desvío.
La diferencia técnica entre el bloque de organización criminal —donde sí hubo discrepancias— y el de malversación —resuelto por unanimidad— ilustra una distinción que los procesalistas señalaban desde el inicio del juicio oral: la malversación se acredita con documentos contables y rastros bancarios, no con valoraciones sobre la voluntad asociativa de los imputados. Los movimientos de dinero no admiten gradaciones interpretativas: o el fondo pasó de una cuenta a otra o no lo hizo. Los informes periciales económicos practicados en el juicio y las declaraciones de los peritos de la UCO dejaron, según las mismas fuentes, escaso margen para la divergencia.
Las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y su traducción en años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos —suma de malversación, prevaricación y organización criminal— y 19 años y seis meses para Koldo García. Si la sentencia ratifica la malversación con las penas interesadas por el Ministerio Público, Ábalos afrontaría una condena mínima de al menos quince años solo por ese delito, lo que lo situaría, según las fuentes consultadas, como el exministro español con la pena de prisión más elevada desde la restauración de la democracia. Ni Ábalos ni su defensa han formulado declaraciones públicas sobre el estado de la deliberación al cierre de esta edición; su equipo legal ha mantenido desde el inicio del juicio que las acusaciones no están suficientemente acreditadas.
El caso tiene un precedente histórico de referencia obligada en el ámbito de la malversación de caudales públicos a gran escala: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2020 sobre los ERE de Andalucía, que condenó al expresidente de la Junta Manuel Chaves y al exvicepresidente José Antonio Griñán —este último por malversación continuada— a penas de entre seis y nueve años, en aquel caso a cargo de la misma Sala Segunda. El caso Koldo maneja, según las peticiones fiscales, magnitudes penológicas sensiblemente superiores.
El bloque de prevaricación, pendiente para el martes
Queda por deliberar el bloque de prevaricación administrativa, programado para el martes. Las fuentes anticipan que este bloque generará menos debate que el de organización criminal porque la prevaricación —la adjudicación de contratos públicos a sabiendas del incumplimiento de los requisitos legales, tipificada en el artículo 404 del Código Penal— está estrechamente vinculada a la malversación ya resuelta: si el tribunal ha aceptado que los fondos fueron desviados, la conclusión lógica es que los contratos que los canalizaron fueron adjudicados de forma irregular. La conexión lógica entre ambos bloques reduce el espacio para la discrepancia.
Si la deliberación sobre prevaricación se cierra en una sola sesión —lo que las fuentes califican de probable aunque no seguro—, el tribunal podría completar el proceso deliberativo el martes por la tarde o el miércoles por la mañana. En ese escenario, la sentencia podría quedar lista para el jueves 22 de mayo, tres días antes del plazo inicialmente manejado por el entorno del tribunal.
Villarejo sale del quirófano en estado estable; la Audiencia Nacional decide el miércoles
En paralelo al avance de la deliberación en el Supremo, el excomisario José Manuel Villarejo salió a las 11:15 del quirófano del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda tras una intervención abdominal de tres horas y cuarto —quince minutos más de lo previsto— en estado calificado de estable. Los cirujanos atribuyeron el alargamiento a complicaciones descritas como esperables dada la edad y condición física del paciente. La defensa de Villarejo mantiene su petición de tres semanas de suspensión del juicio que lo afecta ante la Audiencia Nacional; ese tribunal resolverá el miércoles.
Plazos: la sentencia podría leerse antes de que acabe la semana
La jornada consolida una tendencia: dos bloques deliberados en dos días, con el tercero previsto para mañana, sugiere que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, impulsa un ritmo que cierre la causa antes de que la presión mediática y política contamine el proceso. La unanimidad en malversación elimina además la posibilidad de que votos particulares discrepantes erosionen la solidez del fallo en sede de recurso. Si el bloque de prevaricación se resuelve mañana, la sentencia del caso Koldo —iniciada en una compra de mascarillas bajo estado de alarma y que sienta en el banquillo a un exministro, a su asesor y a un comisionista— podría estar redactada y notificada antes del viernes 23 de mayo.
