El administrador de la comunidad Pokémon Go CDMX, cuenta que agrupa a jugadores del videojuego desarrollado por la empresa Niantic, publicó en X un mensaje en el que relató lo ocurrido y cuestionó el operativo: "Somos jugadores de Pokémon Go. Hemos recibido hostigamiento y trato como delincuentes por reunirnos en la Alameda Central bajo el argumento de 'recuperación de espacios'. ¿Ahora es delito jugar Pokémon Go?", escribió. Los asistentes sostuvieron que fueron tratados como sospechosos de algún delito pese a que el juego fomenta la exploración física del entorno.
Otros usuarios que dijeron haber presenciado los hechos compartieron capturas del reglamento de convivencia vigente en la Alameda Central, en el que se prohíbe el ingreso de bicicletas, patinetas y perros, pero no existe restricción explícita para juegos de realidad aumentada ni para reuniones de personas que caminan por el lugar. "No bicis, no patinetas, no perros. Permiten todo menos que juguemos Pokémon Go. porque al parecer caminar y reunirnos es una actividad delincuente", escribió en la misma red social la usuaria Stephanie Martínez, quien etiquetó en su publicación a la jefa de gobierno, Clara Brugada, y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El reglamento de la Alameda es aplicado por las dependencias capitalinas encargadas de la administración del espacio público del primer cuadro.
La Alameda Central, considerado el parque público urbano más antiguo de América y trazado en el siglo XVI, es uno de los espacios más concurridos del centro histórico y ha sido escenario recurrente de operativos de recuperación del espacio público, particularmente vinculados al combate del comercio informal y a labores de limpieza tras eventos masivos. Su remodelación más reciente, concluida en 2012, buscó reordenar los usos del parque y limitar actividades consideradas incompatibles con su conservación.
El concepto de "recuperación de espacios públicos" ha sido utilizado por administraciones capitalinas de distintos signos partidistas como justificación para el desalojo de vendedores ambulantes, artistas callejeros y otros grupos que hacen uso intensivo de plazas y parques. No existe, sin embargo, en la normatividad vigente de la Ciudad de México una disposición que tipifique como infracción la práctica de videojuegos de realidad aumentada en la vía pública.
Pokémon Go, lanzado en 2016, ha generado desde entonces congregaciones espontáneas de jugadores en plazas públicas de distintas ciudades del mundo, incluida la capital mexicana, donde comunidades organizadas a través de redes sociales suelen convocar encuentros periódicos en parques como el Bosque de Chapultepec, el Parque México y la propia Alameda Central. Hasta ahora no se habían reportado incidentes de la magnitud que se denuncia en este caso.
El derecho al libre tránsito y a la reunión pacífica está reconocido en los artículos 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan a toda persona la libertad de asociarse y de circular por el territorio nacional sin más limitaciones que las establecidas expresamente en la ley. Ese marco ha sido invocado por organizaciones de derechos humanos en casos previos de desalojo de grupos en espacios públicos, en los que se cuestionó la discrecionalidad de las intervenciones.
La denuncia se suma a otros episodios reportados este fin de semana que han abierto debate en redes sociales sobre el trato de autoridades capitalinas hacia usuarios del espacio urbano y del transporte público, entre ellos una negativa de acceso al Metrobús a personas adultas mayores. Los señalamientos han reavivado la discusión sobre los criterios y la capacitación del personal de seguridad y de atención ciudadana en la capital.
De confirmarse un patrón de actuación discrecional por parte de elementos de seguridad y personal administrativo en espacios públicos, correspondería a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina revisar los protocolos de actuación de su personal. Cualquier señalamiento de abuso de autoridad podría ser motivo de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina o, en su caso, ante la Contraloría General de la Ciudad de México, instancias que abrirían los procedimientos correspondientes solo tras la presentación de una denuncia por parte de los afectados.