El INM fue categórico en su tarjeta informativa: certificó que el paso del almirante Bandala González por la dependencia no registra señalamiento alguno y que el funcionario no ha estado sujeto a investigación por la presunta comisión de algún acto indebido. La dependencia agradeció además sus años de servicio al frente de la representación estatal y atribuyó el relevo a los protocolos y procedimientos ordinarios de rotación de personal que, según el instituto, se aplican de manera regular en las oficinas de representación a lo largo del país.
La aclaración oficial llegó después de que el 19 de agosto circularan en medios locales y redes sociales versiones que apuntaban a una destitución forzada, presuntamente relacionada con una investigación federal por una red de documentos migratorios irregulares. Esas versiones hablaban de cientos de expedientes con papelería falsa tramitados desde la delegación de Quintana Roo, principalmente a favor de solicitantes de origen cubano y venezolano.
De acuerdo con esas mismas versiones extraoficiales, los cobros por los trámites irregulares habrían alcanzado hasta 5,000 dólares por expediente, y se habría detectado la participación de menores de edad en algunos casos, lo que elevaría la posible gravedad de los hechos hacia el terreno de la trata de personas. Ninguna autoridad ministerial confirmó estos señalamientos en su momento.
Antes de la emisión del comunicado, distintas fuentes habían difundido que existía una indagatoria abierta desde hacía al menos dos años sobre irregularidades en la entrega de documentación migratoria desde esa delegación. Las versiones no confirmadas hablaban de 935 expedientes con papeles falsos, presuntamente utilizados para acreditar una nacionalidad mexicana falsa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Hasta el momento, ninguna autoridad —ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el propio INM— ha confirmado la existencia formal de una carpeta de investigación contra el exdelegado. Bajo el estatus procesal correspondiente, el almirante Bandala González no figura como imputado ni como indiciado en ningún procedimiento penal conocido públicamente; el instituto descartó de manera expresa cualquier proceso en su contra.
Un puerto migratorio bajo presión
Quintana Roo, y en particular la zona de Cancún y la Riviera Maya, concentra un flujo migratorio significativo de personas provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y otros países que buscan cruzar hacia el norte del continente o regularizar su situación en territorio mexicano. Las oficinas de representación estatales del INM son responsables de trámites como visas humanitarias, tarjetas de residente y procesos de regularización, lo que las convierte en puntos sensibles frente a posibles esquemas de corrupción.
El instituto opera bajo la Secretaría de Gobernación y su estructura contempla oficinas de representación en cada entidad federativa, encabezadas por un titular que responde jerárquicamente a las oficinas centrales en la Ciudad de México. Los cambios de titulares, cuando obedecen a procesos administrativos internos, no requieren de un anuncio público detallado, lo que en este caso alimentó la especulación al coincidir con las versiones sobre presuntas irregularidades.
La institución no ofreció información adicional sobre si continuará o no alguna revisión interna a los expedientes tramitados en la delegación durante la gestión del almirante Bandala González, ni sobre el nuevo destino del funcionario dentro o fuera de la institución. Tampoco detalló posibles movimientos adicionales en la estructura de esa oficina.
Los señalamientos sobre presunta venta de documentación migratoria en zonas fronterizas o de alto tránsito no son inéditos. En sexenios anteriores, el propio INM ha estado en el centro de indagatorias por gestión de estaciones migratorias y trámites irregulares, procesos cuyo desenlace ha sido, en general, poco transparente para la opinión pública, lo que ha alimentado la desconfianza ciudadana hacia los mecanismos de control interno de la dependencia.
Qué falta por resolver
Con la designación de Patiño al frente de la Oficina de Representación en Quintana Roo, el INM da por cerrado, en los términos de su comunicado, el episodio de especulación mediática. No obstante, la ausencia de una postura pública de la FGR sobre la existencia o no de una carpeta de investigación deja abierta la pregunta sobre el origen de las versiones que motivaron la aclaración oficial.
De confirmarse en el futuro la apertura de alguna indagatoria formal por parte de la FGR o de la Secretaría de la Función Pública, correspondería a esas instancias determinar, conforme al procedimiento penal acusatorio, si existen elementos para imputar a alguna persona y, en su caso, llevar el asunto ante un juez de control para resolver sobre una eventual vinculación a proceso. Hasta ahora, ningún elemento de ese tipo ha sido confirmado por autoridad competente alguna.