El expediente federal detalla que Amaral Arévalo gestionó 504,497.48 dólares para cubrir gastos del menor, identificado en los documentos únicamente como "hijo de Amaral", sin que la autoridad estadounidense establezca expresamente la paternidad con González Valencia. Un segundo adulto sancionado, cuya identidad continúa reservada, inscribió a un descendiente de otro dirigente de la organización; el gobierno los denomina "estudiante-deportista 1" y "estudiante-deportista 2" y no ha revelado a qué familia corresponde cada uno.
El primer joven ingresó en enero de 2018, permaneció cinco años y se graduó en 2023, con contratos de entre 47,000 y 99,000 dólares; el segundo entró en julio de 2020, pagó entre 100,500 y 102,000 dólares anuales y se retiró en junio de 2022. Ninguno fue acusado de delito. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contabilizó 89 aparentes infracciones cometidas por la academia entre 2019 y 2025: seis acuerdos de matrícula y 83 operaciones financieras.
El 12 de febrero, la Academia IMG aceptó pagar 1.72 millones de dólares para resolver su responsabilidad civil ante el gobierno estadounidense, monto que le permitió conservar su licencia, su acreditación académica y su capacidad de operación. Amaral Arévalo, en cambio, se declaró culpable a finales de julio.
"Desvió más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas como colegiaturas, pese a tener prohibido usar el sistema financiero estadounidense", declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.
La abogada especializada en inmigración Ana González explicó a El Universal que el parentesco con un narcotraficante no constituye, por sí mismo, causal de rechazo migratorio en Estados Unidos. "El parentesco de un estudiante con un narcotraficante no constituye un delito ni obliga automáticamente a una institución a rechazar a la persona interesada", señaló. Añadió que la autoridad "castigó a la institución educativa por los contratos y el dinero recibido, pero no desacreditó la presencia del estudiante".
Para los jóvenes nacidos en territorio estadounidense, el ingreso ocurre como ciudadanos; para los demás, el Departamento de Estado permite el acceso a instituciones privadas mediante visas estudiantiles F-1, siempre que se demuestre solvencia propia, familiar o de un patrocinador. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país faculta a negar la entrada a hijos de narcotraficantes que hayan recibido beneficios de esa actividad en los cinco años previos y que razonablemente conocieran su origen.
La seguridad como motivación
"La decisión de enviar a sus hijos fuera de México comienza con la seguridad de ellos mismos", indicó González, quien añadió que en familias de esas características "los hijos son blanco de secuestros, represalias, presiones judiciales y ataques de organizaciones rivales". La propia OFAC ha reconocido ese factor al señalar que "las personas sancionadas pueden buscar las oportunidades disponibles en EU, incluso para distanciar a sus hijos de sus propias actividades ilícitas".
El caso tiene antecedentes. En marzo de 2018, el periodista Isaías Alvarado documentó el paso de Serafín y Teresa Zambada Ortiz, hijos de Ismael El Mayo Zambada y Leticia Ortiz Hernández, por escuelas de Phoenix durante la guerra entre cárteles que alcanzó a la familia y, después, por la Escuela Orme en Arizona, un internado privado cuyo costo anual en esa época se estima entre 25,000 y 30,000 dólares por alumno.
El investigador especializado en corrupción Matthew T. Page ha estudiado cómo familias con fortunas de origen ilícito recurren a escuelas privadas y universidades de prestigio para insertar a sus descendientes en círculos empresariales y financieros. "Convierten fondos malhabidos en un bien de lujo a través, entre otras cosas, de una educación de alto nivel, para tratar de legitimar el apellido familiar y coloca a sus hijos como élites respetables", afirmó, en un proceso al que llama lavado de reputación.
Page apuntó también otra dimensión: "La educación también puede ofrecer una salida real del cártel mediante el dominio de dos o más idiomas, una carrera legal y relaciones ajenas al círculo del padre", explicó, y advirtió que muchas instituciones aceptan estudiantes internacionales sin someter a sus patrocinadores a controles financieros comparables con los que exigen bancos y entidades reguladas.