El mecanismo de sanciones de la UE contra Rusia exige unanimidad entre los Veintisiete, una regla fijada en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que convierte cada renovación o ampliación en un ejercicio de negociación donde un solo país puede condicionar el resultado final. Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Bruselas ha aprobado sucesivos paquetes que han ido restringiendo el acceso ruso a tecnología, financiación y mercados energéticos europeos, pero el proceso se ha topado repetidamente con las reticencias de determinados socios.
En esta ocasión fue Grecia quien marcó el ritmo de la negociación. Atenas reclamaba que las nuevas restricciones sobre el transporte marítimo de crudo ruso no perjudicaran de forma desproporcionada a su flota, una de las mayores del mundo y un sector estratégico para la economía griega. Los armadores griegos controlan una porción sustancial del tonelaje mundial dedicado al transporte de petróleo, lo que explica la sensibilidad del Gobierno griego ante cualquier medida que afecte a ese negocio. El pulso se resolvió con concesiones a la industria naviera helena, lo que dejó el paquete 21 con un alcance menor al inicialmente diseñado por la Comisión.
El Gobierno griego, encabezado por Kyriakos Mitsotakis, no ha cuestionado en ningún momento el respaldo de Grecia a Ucrania ni al conjunto de las sanciones europeas, y ha situado su reticencia en la protección de un sector que emplea a decenas de miles de trabajadores y genera divisas relevantes para la balanza de pagos del país. Fuentes diplomáticas griegas han subrayado en negociaciones anteriores que Atenas exige que el coste de las sanciones se reparta de forma equilibrada entre los Estados miembros y no recaiga de manera desproporcionada sobre quienes tienen mayor peso en un sector concreto.
Del tope al petróleo a la flota fantasma
El objetivo declarado de la nueva batería de restricciones es estrechar el cerco sobre la industria y la economía rusas para dificultar la financiación del esfuerzo bélico en Ucrania. Entre las áreas afectadas figuran de nuevo el sector energético, el financiero y el tecnológico, en línea con la estrategia seguida desde 2022 de ir cerrando progresivamente las vías de ingresos que sostienen el gasto militar del Kremlin. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha defendido en paquetes anteriores que las sanciones buscan limitar la capacidad de Moscú para eludir el tope al precio del petróleo pactado en 2022 por el G7, fijado entonces en 60 dólares por barril para el crudo ruso transportado por vía marítima.
La llamada flota fantasma —buques que operan sin seguros occidentales ni banderas transparentes para esquivar ese límite— ha sido uno de los objetivos recurrentes de los últimos paquetes, y el papel de la marina mercante griega en ese entramado ha sido motivo de fricción entre Atenas y sus socios comunitarios. La tensión de fondo enfrenta a quienes defienden cerrar por completo las rutas de elusión con quienes reclaman proteger a los sectores nacionales más expuestos.
Ucrania ha reclamado de forma constante paquetes de sanciones más amplios y con menos excepciones, argumentando que cualquier rebaja alarga la capacidad de Rusia para sostener su ofensiva. El presidente Volodímir Zelenski ha pedido en repetidas ocasiones ante el Parlamento Europeo que Bruselas cierre por completo las rutas de elusión del tope petrolero y amplíe las listas de personas y entidades sancionadas, una posición que choca con la necesidad de mantener la unanimidad entre los Veintisiete.
El Kremlin ha calificado en el pasado los sucesivos paquetes de sanciones como medidas ineficaces, y el propio Vladímir Putin ha sostenido que la economía rusa ha logrado reorientar buena parte de su comercio hacia socios como China e India para compensar la pérdida de mercados europeos. El Banco Central de Rusia y el Fondo Monetario Internacional han ofrecido en los últimos años lecturas divergentes sobre el impacto real de las sanciones en el crecimiento y la inflación rusos, sin que exista un consenso estadístico único sobre su efecto acumulado.
El precedente más claro de este tipo de tensiones se remonta a los paquetes aprobados entre 2022 y 2024, cuando Hungría, bajo el Gobierno de Viktor Orbán, condicionó en varias ocasiones su apoyo a excepciones para el gas y el petróleo rusos que llegan por gasoducto, alegando la dependencia energética húngara del suministro procedente de Rusia. Aquellos episodios evidenciaron que el mecanismo de unanimidad, pensado para dar legitimidad política a decisiones de gran calado, también ofrece a cada capital una capacidad de veto que puede diluir el alcance final de las medidas.
La aprobación del paquete 21 se produce cuando la guerra en Ucrania se prolonga ya más de cuatro años, con el frente estabilizado en algunas zonas del este y del sur del país y episodios recurrentes de ataques con drones y misiles sobre infraestructuras civiles y energéticas ucranias. La Unión Europea ha desembolsado desde 2022 miles de millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria a Kiev a través de instrumentos como el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
A partir de ahora, el paquete 21 deberá formalizarse en el Diario Oficial de la Unión Europea para entrar en vigor, un trámite habitualmente rápido una vez alcanzado el acuerdo político entre los embajadores ante el Comité de Representantes Permanentes (Coreper). La Comisión Europea ha avanzado en ocasiones anteriores que ya trabaja en borradores para futuras rondas de sanciones, por lo que el debate sobre el reparto de costes entre Estados miembros, y sobre el papel de sectores estratégicos como el naviero griego, podría repetirse en los próximos meses.
