El señalamiento se centra en la trayectoria de Andrade antes de asumir la cartera de Obras Públicas. De acuerdo con la fundación, el actual ministro tuvo vínculos contractuales con el Estado a través de un grupo empresarial antes de ser designado para dirigir la institución que, entre sus funciones, fiscaliza ese tipo de contratos de infraestructura. La organización sostiene que, ya en el cargo, autorizó un aumento en el costo de la obra vinculada a ese contrato previo y luego dio por concluidos los trabajos, actuando así en ambos extremos del proceso: primero como parte interesada en la ejecución y después como autoridad que la supervisa.
La Ley de Conflictos de Interés regula las situaciones en que un funcionario público puede tener intereses personales o económicos que interfieran con sus deberes oficiales. La norma establece mecanismos de declaración patrimonial y de inhibición en decisiones donde exista un vínculo previo del servidor con la materia que debe resolver, y busca precisamente evitar escenarios como el que describe la fundación: que quien fue parte de un contrato termine decidiendo sobre su propia obra desde una posición de autoridad.
El refrendo del contralor, paso pendiente de aclarar
El caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre los contratos de obra pública en Panamá, donde el refrendo del contralor general constituye el paso obligatorio para que cualquier convenio con el Estado adquiera validez legal. La Contraloría General de la República no se ha pronunciado públicamente sobre si el contrato señalado pasó por ese proceso de refrendo antes o después del cambio de costos atribuido a la gestión de Andrade, ni sobre las adendas que habrían elevado el monto de la obra.
El Ministerio Público es la instancia competente para determinar si existen elementos que configuren un delito relacionado con conflicto de interés o corrupción en el ejercicio de funciones públicas, conforme al Código Procesal Penal vigente. La apertura de una investigación formal requeriría, en primer término, una denuncia o una noticia criminal que permita a la Fiscalía de Cuentas o a la fiscalía correspondiente iniciar diligencias.
La Asamblea Nacional cuenta con la potestad de citar a ministros a comisiones de trabajo para que expliquen decisiones administrativas relacionadas con contratos públicos, mecanismo que diputados de distintas bancadas han utilizado en el pasado para exigir cuentas sobre sobrecostos en obras de infraestructura. Hasta el momento no consta que se haya formalizado una citación a Andrade por este caso específico.
Réplica del ministerio y del Ejecutivo
El MOP no ha emitido una respuesta pública detallada a los señalamientos de la fundación. Fuentes cercanas al ministerio habrían indicado que la relación de Andrade con el grupo empresarial mencionado concluyó antes de su nombramiento, versión que no ha sido confirmada de forma oficial por el propio ministro ni por la Presidencia de la República. Ni la Presidencia ni el Consejo de Gabinete se han pronunciado formalmente sobre las afirmaciones hasta la fecha de esta publicación.
El precedente más citado en la historia reciente panameña sobre conflictos de interés en la contratación estatal remite a los cuestionamientos surgidos en torno a megaobras de la década de 2010, cuando distintas comisiones de la Asamblea Nacional abrieron investigaciones sobre posibles vínculos entre contratistas y funcionarios del MOP, sin que en todos los casos derivaran en sanciones firmes del Ministerio Público. Aquellas indagatorias evidenciaron las limitaciones de los controles internos frente a la rotación de actores entre el sector privado contratista y la administración.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ha mantenido en los últimos años un papel activo en la fiscalización de la gestión de fondos públicos, con informes sobre planilla estatal, adjudicaciones directas y ejecución presupuestaria que han sido insumo para debates en el pleno durante las vistas presupuestarias. El actual señalamiento se produce en un momento en que el Órgano Ejecutivo enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación de contratos de infraestructura, tras sucesivos reportes de sobrecostos en proyectos viales y de saneamiento financiados con el Presupuesto General del Estado.
El desenlace dependerá en gran medida de si la Contraloría General revisa el expediente contractual completo, incluidas las adendas que habrían elevado el costo de la obra, y de si la Asamblea Nacional decide ejercer su función de control político citando al ministro para que ofrezca explicaciones ante el pleno o ante una comisión especializada. La respuesta institucional, de producirse, marcará si el caso avanza hacia una revisión administrativa interna, una comparecencia legislativa o una eventual indagatoria del Ministerio Público.