La propuesta, de confirmarse en los términos adelantados por la bancada morenista, tocaría uno de los privilegios más discutidos del sistema político mexicano: la inmunidad procesal de la que gozan diputados, senadores y otros servidores públicos de alto nivel mientras ejercen su encargo, conocida coloquialmente como fuero. Según lo difundido por Morena, el objetivo declarado del paquete es que el ejercicio del poder quede sujeto a controles más estrictos.
El mecanismo del desafuero y su regulación constitucional
El fuero constitucional, previsto en el artículo 111 de la Constitución, obliga a que la Cámara de Diputados actúe como jurado de procedencia antes de que un legislador, secretario de despacho, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o gobernador pueda ser sujeto a un proceso penal. El mecanismo de desafuero exige una votación en San Lázaro que declare si ha lugar a proceder, un trámite señalado por especialistas en derecho constitucional como un obstáculo para investigaciones contra funcionarios en activo.
Morena cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados durante la LXVI Legislatura junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), lo que le daría en principio la fuerza numérica para impulsar una reforma de este calado. No obstante, una modificación constitucional requiere el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y de la mayoría de las legislaturas estatales, conforme al artículo 135 constitucional.
El antecedente más citado en la discusión sobre el fuero se remonta a la reforma de 1982, impulsada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que buscó fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos en medio de la crisis de la deuda. Desde entonces, el debate sobre acotar o eliminar el fuero ha reaparecido en prácticamente cada legislatura, sin que prosperara una reforma que lo suprimiera de manera integral.
La discusión también evoca el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, un episodio que marcó un precedente sobre el uso político que puede adquirir el mecanismo de desafuero y que el propio López Obrador invocó de manera reiterada durante su carrera para cuestionar el sistema de inmunidades.
El anuncio se inscribe en la agenda con la que el gobierno de Sheinbaum ha colocado el combate a la corrupción como uno de sus ejes discursivos, en continuidad con la narrativa de la Cuarta Transformación. La mañanera del Palacio Nacional ha sido el espacio habitual donde la presidenta y su gabinete presentan los avances de esa agenda antes de que las iniciativas lleguen formalmente al Congreso de la Unión.
Legisladores de oposición del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) no se han pronunciado de manera oficial sobre los alcances concretos de la iniciativa, en la medida en que el texto no ha sido presentado ante el pleno ni turnado a comisiones. Bancadas de oposición han insistido en ocasiones anteriores en que cualquier reforma al fuero debe acompañarse de garantías para evitar que se emplee como herramienta de persecución política.
El paquete se sumaría a otras reformas del sexenio vinculadas al Poder Judicial, entre ellas la que en 2025 llevó a la elección por voto popular de ministros de la SCJN, magistrados y jueces, un cambio que alteró de fondo la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que continúa siendo objeto de análisis por parte de especialistas en fiscalización.
Entre los objetivos anunciados figura la recuperación de recursos públicos desviados por actos de corrupción, una meta que coincide con recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha formulado en sucesivas revisiones de la Cuenta Pública, documento en el que cada año se detectan observaciones por montos relevantes en distintas dependencias federales y estatales. La eliminación del fuero, de concretarse, tendría implicaciones directas sobre la Fiscalía General de la República (FGR), que vería reducidos los obstáculos procesales para abrir carpetas de investigación contra legisladores en funciones sin esperar a la conclusión de su encargo o a la autorización del desafuero por parte de la Cámara.
El calendario legislativo marcará los siguientes pasos: de presentarse formalmente, la iniciativa deberá turnarse a la comisión correspondiente en San Lázaro, donde se elaboraría un dictamen antes de someterse a votación en el pleno. Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso exigiría además su discusión en el Senado de la República y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, un trámite que en reformas recientes de calado similar ha tomado varios meses.
Por lo pronto, el periodo ordinario de sesiones que corre hasta el 15 de diciembre será la ventana en la que Morena y sus aliados busquen avanzar con el paquete. La propia bancada guinda ha señalado que la agenda anticorrupción será uno de los ejes centrales de la actividad legislativa de la LXVI Legislatura durante los próximos meses.