El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este martes en Ceuta un estatuto europeo específico para las ciudades autónomas españolas en un acto celebrado en la Plaza de África que congregó a ocho eurodiputados del grupo popular, entre ellos Dolors Montserrat, presidenta del Partido Popular Europeo —el grupo con más escaños en el Parlamento Europeo—, y Esteban González Pons, vicepresidente de la Eurocámara. En paralelo, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desatender a Ceuta y Melilla ante las presiones arancelarias de la administración de Donald Trump.
La propuesta: equiparar Ceuta y Melilla a las regiones ultraperiféricas de la UE
El PP plantea asimilar las dos ciudades autónomas a las denominadas regiones ultraperiféricas, categoría recogida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y aplicable a territorios de Estados miembros situados fuera del continente —Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte y San Martín— que presentan características estructurales como lejanía, escasa superficie, relieve adverso o dependencia de pocos productos. Ese estatuto habilita fondos estructurales específicos, modulaciones en política agrícola y comercial, y un régimen diferenciado de ayudas de Estado.
Ceuta y Melilla, enclaves en la costa norte de África, no fueron incluidas en esa categoría cuando se codificó el artículo 349 en los tratados posteriores a Maastricht, en parte porque los parámetros originales de la figura —concebida principalmente para territorios insulares y de ultramar— no se ajustaban con precisión a la situación jurídica de dos ciudades autónomas en territorio continental africano. Su exclusión las priva de los fondos y protecciones que ese estatuto habilita, una asimetría que el PP convierte ahora en eje de su agenda europea para estas ciudades.
El marco normativo: reforma de Tratados o instrumentos de geometría variable
La viabilidad jurídica de la propuesta popular enfrenta un obstáculo de primer orden: modificar el artículo 349 del TFUE para incluir expresamente a Ceuta y Melilla exigiría abrir una reforma de los Tratados, proceso que requiere la convocatoria de una Convención o, en la vía simplificada prevista en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, unanimidad en el Consejo Europeo y ratificación parlamentaria en los veintisiete Estados miembros. Como alternativa, el PP podría impulsar reglamentos sectoriales o fondos ad hoc que ofrezcan coberturas equivalentes sin modificar los Tratados, aunque esta vía comporta menor estabilidad jurídica y mayor dependencia de mayorías legislativas cambiantes en el Consejo y el Parlamento Europeo.
La acusación al Gobierno: omisión ante los aranceles de Trump
Feijóo acusó a Sánchez de no defender a Ceuta y Melilla frente a las amenazas arancelarias de la administración Trump. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, formuló en el mismo acto la misma exigencia: que Europa no deje a estas ciudades fuera del escudo arancelario que la UE negocia o aplica en respuesta a la política comercial estadounidense. La doble vulnerabilidad que ambos dirigentes del PP señalaron combina la ausencia de un paraguas comunitario diferenciado para las ciudades autónomas con la incertidumbre sobre el acceso de productos españoles al mercado de Estados Unidos. El Gobierno de coalición no emitió respuesta pública recogida en el material disponible.
El músculo europeo del PP como argumento político interno
La movilización de ocho eurodiputados para un acto territorial en Ceuta no es solo una operación de imagen: el PP encabeza la delegación española dentro del PPE, el grupo parlamentario con mayor representación en la Eurocámara, y lo presenta como argumento de capacidad de influencia frente al Gobierno de coalición. La presencia de Montserrat, máxima responsable del PPE, eleva la dimensión simbólica: el partido sitúa la cuestión de Ceuta en el debate europeo al más alto nivel institucional de su formación, en un momento en que la presidencia de la Comisión Europea está en manos de Ursula von der Leyen, también del PPE.
El precedente canario y las limitaciones de la analogía
El antecedente más directo de lo que reclama el PP es el régimen de Canarias. El archipiélago obtuvo su estatuto de región ultraperiférica al amparo del Tratado de Maastricht de 1992 y lo consolidó en tratados posteriores, lo que le ha permitido acceder a fondos específicos del programa POSEI, a modulaciones en la política agrícola común y a regímenes fiscales singulares como el Régimen Económico y Fiscal canario, reconocido también en el ordenamiento interno español. Sin embargo, la analogía tiene límites: Canarias cumple con nitidez los criterios de insularidad y lejanía que fundamentan el artículo 349, mientras que la situación de Ceuta y Melilla —ciudades en territorio continental africano con frontera terrestre con Marruecos— no encajó históricamente en esos mismos parámetros, lo que convierte la equiparación en una reivindicación política antes que en una aplicación directa del derecho existente.
Plazos y escenarios: el Marco Financiero Plurianual y la respuesta arancelaria europea
El calendario europeo ofrece dos ventanas próximas en las que el PP anuncia que presionará para que Ceuta y Melilla no queden al margen. La primera es la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, cuyo proceso de elaboración comenzará a perfilarse antes de 2028 y en el que se fijarán las dotaciones de los fondos estructurales y de cohesión para el periodo siguiente. La segunda es la respuesta comunitaria coordinada a la política arancelaria de la administración Trump, un expediente abierto en el que la UE negocia como bloque y en el que la ausencia de un estatuto diferenciado para las ciudades autónomas podría traducirse en que sus especificidades económicas queden sin cobertura en los acuerdos que se alcancen. En ambos frentes, la propuesta del PP carece por ahora de un texto articulado y de apoyos explícitos de otros gobiernos o grupos parlamentarios europeos que confirmen su tracción real.
