La defensa de Romero sostuvo ante la jueza que los ingresos y gastos del exlegislador entre 2009 y 2022 cuentan con respaldo documental suficiente. Sobre esa base solicitó un sobreseimiento provisional respecto al delito de enriquecimiento ilícito y pidió que se ordene una auditoría financiero-contable que, según planteó, permitiría esclarecer el origen de los movimientos patrimoniales cuestionados por la acusación.
El equipo legal planteó además una segunda solicitud: que el delito de lavado de dinero sea subsumido —es decir, absorbido dentro de otra figura penal— con el objetivo de obtener un sobreseimiento definitivo por ese cargo. De prosperar esa petición, Romero quedaría exento de continuar enfrentando ese extremo de la acusación, aunque el proceso podría seguir su curso por los demás señalamientos.
Romero permanece en la fase de instrucción formal, el escalón procesal en el que un juzgado de instrucción examina la prueba recabada por la Fiscalía antes de determinar si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio ante un tribunal de sentencia. En esta etapa conserva la condición de imputado y, conforme a su declaración al cierre de la audiencia, sostiene su inocencia frente a los señalamientos.
Corresponde ahora a la jueza del Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador resolver las dos solicitudes de la defensa y definir cómo continuará el proceso. La resolución puede derivar en distintos escenarios: desde el sobreseimiento parcial o total de los cargos hasta la continuación del caso con la totalidad de los delitos imputados, si la jueza considera que persisten indicios suficientes.
El enriquecimiento ilícito tiene además una vía propia en el ordenamiento salvadoreño: la Constitución obliga a los funcionarios a declarar su patrimonio al asumir y al dejar el cargo ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que puede remitir al juez competente los casos en que detecte incrementos injustificados. La Fiscalía, por su parte, mantiene la acción penal por ese y otros delitos patrimoniales.
El proceso contra Romero se inscribe en una serie de causas judiciales que en los últimos años han alcanzado a exdiputados y exfuncionarios por presuntos delitos patrimoniales. El desenlace de esas causas suele depender de la solidez documental con la que cada defensa logre sustentar el origen de los fondos cuestionados.
Mientras el caso de Romero avanza en los tribunales capitalinos, otras diligencias continúan su curso en el país: en Soyapango, un tribunal condenó a cinco años de prisión a la exalcaldesa por despidos arbitrarios, un proceso que, a diferencia del de Romero, llegó hasta la etapa de sentencia.
