La medida llegó apenas tres días después de que Alliana asumiera la primera magistratura, el viernes 6 de noviembre, luego de que el Congreso Nacional aprobara la destitución de Peña mediante juicio político. El proceso estuvo vinculado al colapso de Ueno Bank, cuya caída dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de ahorristas paraguayos, según la información difundida.
Alliana anunció la decisión a través de un comunicado en su cuenta de la red social X, donde explicó que el objetivo de la solicitud de disponibilidad de cargos era fortalecer la coordinación del gabinete en un momento de transición institucional. El mandatario fue explícito en que la renovación no implicaría una paralización de la administración pública: aseguró que el funcionamiento de todas las instituciones públicas continuará con normalidad, para garantizar la continuidad de los servicios y las actividades gubernamentales mientras se define el nuevo gabinete.
Como parte de la renovación, Alliana tomó juramento este lunes a Ariel Martínez como ministro del Interior, a Juan Carlos Baruja como titular de Obras Públicas y al propio Rolando de Barros como jefe de Gabinete. El mandatario también designó nuevas autoridades en las carteras de Ambiente y Tecnología, así como en la administración de la empresa estatal de electricidad ANDE.
A ello se sumó la propuesta de nombrar al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central de Paraguay, un nombramiento que, conforme al procedimiento institucional paraguayo, requiere la aprobación del Senado para hacerse efectivo.
El colapso de Ueno Bank, que detonó la destitución de Peña, figura entre los episodios financieros de mayor impacto social en la historia reciente de Paraguay por el volumen de ahorristas afectados y la paralización del acceso a los depósitos. El antecedente más próximo es la crisis bancaria paraguaya de 1995, cuando la intervención de varias entidades por irregularidades y liquidez obligó al Estado a asumir el salvataje del sistema y marcó durante años la supervisión del sector.
La destitución de un presidente mediante juicio político tampoco es inédita en Paraguay: en junio de 2012 el Congreso Nacional removió a Fernando Lugo en un proceso exprés que la región cuestionó por su celeridad, y que precipitó una crisis diplomática con los vecinos del Mercosur.
Entre las prioridades señaladas para la nueva administración figura acelerar la devolución de los ahorros a las personas afectadas por la crisis bancaria, además de medidas de alivio tributario orientadas a los ciudadanos perjudicados por el colapso financiero. La reorganización del Órgano Ejecutivo busca atender esas consecuencias en un proceso que la administración entrante presenta como una transición ordenada.
El nombramiento propuesto para el Banco Central queda ahora pendiente de la ratificación del Senado, el trámite que condiciona el cierre del recambio en la cúpula económica del país.
