Contradicción número uno: la conexión Aldama-Jésica. Aldama declaró ayer que no conocía a Jésica Rodríguez «más que de oídas» y que nunca había tenido contacto directo con ella. Koldo declaró hoy que conoció a Jésica «a través de Víctor, de Aldama, fue él quien nos presentó». La propia Jésica, en su declaración en fase de instrucción, aseguró que no conocía a Aldama y que su relación era exclusivamente con Ábalos y, tangencialmente, con Koldo. Las tres versiones son mutuamente excluyentes: si Aldama presentó a Koldo y Jésica, entonces tanto Aldama como Jésica mintieron al negar conocerse; si Koldo miente sobre la presentación, su credibilidad sobre el resto de su declaración se ve severamente comprometida. La importancia procesal de esta contradicción radica en que, si Aldama conocía a Jésica y facilitó su relación con el entorno de Ábalos, su papel en la trama trasciende el de mero intermediario empresarial y se extiende al ámbito de las presiones personales que se ejercieron sobre el exministro, lo que podría agravar el cargo de organización criminal al demostrar que Aldama participaba activamente en los mecanismos de retención y control de los miembros de la trama. La Fiscalía ha solicitado un careo entre los tres para resolver esta cuestión, pero las defensas se oponen argumentando que el careo no es un medio de prueba reconocido en la fase de juicio oral del procedimiento ante el Tribunal Supremo.
Contradicción número dos: la cuantía de los pagos. Aldama cifró ayer los pagos canalizados a Ábalos y Koldo en «entre 3,4 y 5 millones de euros a lo largo de tres años», una horquilla inusualmente amplia que la Fiscalía atribuyó a la falta de documentación precisa pero que Aldama justificó alegando que «parte de los pagos se realizaron en efectivo y no quedó constancia documental». Koldo, por su parte, negó hoy haber recibido «un solo euro» en concepto de comisiones y aseguró que las sociedades panameñas vinculadas a su nombre fueron constituidas «a petición de Aldama para operaciones empresariales en las que yo no tenía participación económica alguna». La contradicción es total: Aldama dice que pagó millones a Koldo; Koldo dice que no cobró nada. La Fiscalía presentó extractos bancarios con 847.000 euros en cuentas panameñas a nombre de Koldo, pero el acusado respondió que desconocía esos movimientos. Si Koldo miente sobre los cobros, su negación de comisiones es falsa y su participación en la trama queda acreditada por la prueba documental. Si Aldama exagera las cifras — una posibilidad que los juristas no descartan, dado su interés en maximizar la colaboración para obtener una reducción de pena —, la cuantificación del daño económico que el tribunal deberá establecer en la sentencia se vería significativamente afectada.
Contradicción número tres: la participación de Sánchez. Aldama señaló ayer al presidente del Gobierno como «el número uno de toda la organización», asegurando que Sánchez «lo sabía todo, daba las órdenes y decidía qué contratos se adjudicaban». Koldo, preguntado expresamente por el fiscal sobre la implicación de Sánchez, declaró hoy que «el presidente no tenía nada que ver con lo que hacíamos Aldama y yo» y que «las decisiones sobre los contratos se tomaban en el Ministerio, no en Moncloa». Esta discrepancia es la más políticamente significativa de todas porque determina si la causa puede extenderse al presidente del Gobierno o si se circunscribe al ámbito ministerial. Si Aldama dice la verdad y Sánchez dirigía la trama, la causa podría derivar en una querella contra el presidente que paralizaría la legislatura. Si Koldo dice la verdad y Sánchez no participaba, las acusaciones de Aldama contra el presidente serían fabricaciones de un coacusado interesado y carecerían de corroboración. El tribunal deberá evaluar cuál de las dos versiones es más creíble a la luz de la prueba documental, y los juristas señalan que, en ausencia de pruebas directas — correos, grabaciones, documentos firmados por Sánchez —, la mera declaración de un coacusado es insuficiente para extender la causa al presidente.
Contradicción número cuatro: las sociedades panameñas. Aldama declaró que las sociedades instrumentales radicadas en Panamá fueron creadas conjuntamente por él y por Koldo como vehículos para canalizar las comisiones hacia cuentas fuera del alcance de la jurisdicción española, y que ambos eran co-beneficiarios reales de esas entidades. Koldo declaró hoy que las sociedades fueron constituidas «exclusivamente a petición de Aldama» y que él se limitó a firmar los documentos que Aldama le presentó «sin comprender su alcance ni su finalidad». La contradicción afecta directamente al cargo de blanqueo de capitales que pesa sobre ambos, porque si Koldo era co-beneficiario consciente de las sociedades, su participación en el blanqueo está acreditada; si fue un firmante inconsciente, su responsabilidad se reduce significativamente. La Fiscalía ha aportado documentación del registro mercantil panameño que muestra que Koldo aparece como «director» de dos de las tres sociedades, un cargo que implica responsabilidades fiduciarias y que resulta difícil de conciliar con la versión de que firmó documentos sin saber lo que hacía. La defensa de Koldo ha solicitado un peritaje sobre las prácticas corporativas panameñas para demostrar que el cargo de «director» en una sociedad panameña «no tiene la misma entidad jurídica que en el derecho español» y que es habitual que las sociedades offshore designen directores nominales sin que estos tengan un conocimiento real de las actividades de la empresa.
Contradicción número cinco: las grabaciones de Moncloa. Aldama afirmó ayer que existen «grabaciones de al menos dos de las tres reuniones que se celebraron en Moncloa» entre Sánchez, Ábalos y representantes de las constructoras, y que pondría esas grabaciones a disposición del tribunal «en cuanto mi abogado considere que es el momento procesal adecuado». Koldo, preguntado hoy por el fiscal sobre la existencia de esas grabaciones, declaró que «no hay ninguna grabación porque esas reuniones no existieron» y que Aldama «se las está inventando para negociar una reducción de pena». La contradicción es binaria y verificable: o las grabaciones existen o no existen. Si Aldama las presenta al tribunal y resultan ser auténticas, su versión sobre la participación de Sánchez recibiría una corroboración que la convertiría en prácticamente irrebatible. Si Aldama no presenta las grabaciones — porque no existen o porque su contenido no dice lo que él afirma —, su credibilidad se desplomaría y el tribunal tendría motivos fundados para descartar la totalidad de su testimonio como una fabricación interesada.
Contradicción número seis: la cronología de los contactos Aldama-Ábalos. Aldama declaró que su primer contacto con Ábalos se produjo en septiembre de 2019, «en un acto del PSOE en Madrid al que fui invitado por un empresario que tenía relación con el partido», y que a partir de ese momento se iniciaron las reuniones que desembocaron en la adjudicación de contratos. Koldo declaró hoy que Aldama y Ábalos no se conocieron personalmente hasta «febrero o marzo de 2020, cuando empezó la pandemia y surgió la oportunidad de los contratos de mascarillas», y que fue él, Koldo, quien los presentó. La discrepancia de seis meses puede parecer menor, pero tiene implicaciones jurídicas significativas: si el contacto comenzó en septiembre de 2019, antes de la pandemia, la relación no se originó como una respuesta oportunista a la emergencia sanitaria sino como un vínculo premeditado que se gestó durante meses antes de concretarse en los contratos de mascarillas. Si el contacto no se produjo hasta 2020, la narrativa de la Fiscalía sobre una organización criminal estructurada y planificada se debilita y la trama se aproxima más a un caso de corrupción puntual y oportunista. La Fiscalía ha aportado registros telefónicos que muestran llamadas entre teléfonos atribuidos a Aldama y Ábalos desde octubre de 2019, lo que parece respaldar la cronología de Aldama.
Contradicción número siete: el chantaje de Jésica y quién lo conocía. Koldo declaró hoy que Jésica chantajeaba a Ábalos y que tanto él como Aldama lo sabían, describiendo un esquema en el que los tres — Koldo, Aldama y Jésica — ejercían diferentes tipos de presión sobre el exministro para mantenerlo vinculado a la trama. Aldama, sin embargo, declaró ayer que desconocía la existencia de cualquier presión personal sobre Ábalos y que su relación con el exministro era «exclusivamente transaccional y profesional». Si Koldo dice la verdad y Aldama conocía el chantaje, entonces Aldama mintió ayer al tribunal al omitir un elemento crucial de la dinámica interna de la trama, lo que dañaría su credibilidad como colaborador con la justicia. Si Aldama dice la verdad y no conocía el chantaje, entonces la versión de Koldo sobre la presentación a Jésica «a través de Aldama» queda en entredicho, porque resulta difícil explicar que Aldama presentara a Koldo y Jésica pero desconociera la naturaleza de la relación entre Jésica y Ábalos. El cruce de las dos versiones genera un bucle lógico que solo puede resolverse con pruebas externas — mensajes, grabaciones, testimonios de terceros — que corroboren una de las dos narrativas.
El análisis global de las siete contradicciones revela un patrón que los juristas especializados en corrupción reconocen como clásico en las causas con múltiples acusados que intentan simultaneamente minimizar su propia responsabilidad y maximizar la de los demás. Aldama y Koldo no están declarando para contar la verdad; están declarando para negociar su posición dentro de la causa, y cada afirmación que realizan está calibrada para transferir responsabilidad hacia los otros acusados — especialmente hacia Ábalos y, en el caso de Aldama, hacia Sánchez — mientras se presentan a sí mismos como piezas menores de un engranaje que otros dirigían. El problema es que sus estrategias de defensa son mutuamente incompatibles: Aldama necesita que Koldo sea un copartícipe consciente para que su versión sobre los pagos sea creíble, pero Koldo necesita que Aldama sea un manipulador que le utilizó sin su conocimiento para que su negación de las comisiones sea verosímil. No pueden tener razón los dos, y la posibilidad de que ninguno la tenga — que ambos estén mintiendo sobre aspectos diferentes de unos hechos que ninguno de los dos quiere presentar tal como fueron — es la que más preocupa a la Fiscalía, porque si el tribunal no puede confiar en ninguna de las dos declaraciones, la causa quedará sustentada exclusivamente en la prueba documental y pericial, que es sólida pero que carece de la narrativa explicativa que los testimonios de los acusados debían proporcionar.
La semana que se abre mañana será decisiva para la resolución de al menos algunas de estas contradicciones. El tribunal tiene previsto iniciar la fase de prueba documental el lunes 4 de mayo, en la que la Fiscalía presentará los informes de la UCO, los volcados de los teléfonos móviles de los acusados, los extractos bancarios de las cuentas panameñas y dubaitíes, y los análisis de metadatos de los correos electrónicos interceptados. Si Aldama cumple su promesa de entregar las grabaciones de Moncloa, la contradicción número cinco se resolverá de forma definitiva y arrastrará consigo la resolución de las contradicciones tres y seis. Si no las entrega, su credibilidad sufrirá un golpe que podría ser letal para su estrategia de colaboración con la justicia. En cualquiera de los dos escenarios, el caso Koldo ha entrado en una fase en la que la verdad judicial no se descubrirá en las declaraciones de los acusados — que han demostrado ser poco fiables — sino en la documentación que cada uno de ellos intentó destruir, ocultar o manipular, y que la Guardia Civil y la Fiscalía han recuperado a lo largo de tres años de investigación que culminarán en un juicio cuyo desenlace nadie — ni los abogados, ni los acusados, ni el tribunal, ni los analistas — se atreve a predecir con certeza.
