Un inspector de Hacienda destinado en la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria habría actuado como sexto interlocutor en la trama Koldo, según documentación a la que ha tenido acceso El Hemiciclo. El funcionario, con acceso acreditado a los sistemas informáticos internos de la AEAT denominados ZUJAR y PADRE, habría facilitado información fiscal reservada sobre al menos cuatro sociedades vinculadas al empresario Víctor de Aldama entre 2020 y 2022, periodo en el que se canalizaron presuntamente las comisiones derivadas de los contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Por qué importa: una pieza inédita de la trama
Hasta ahora, la investigación judicial en torno a la trama Koldo —que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, y que ha derivado en causas abiertas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional— había identificado cinco interlocutores en la red que habría cobrado comisiones por contratos públicos de material sanitario durante la emergencia del COVID-19. La irrupción de un presunto sexto participante, en este caso un funcionario con capacidad para consultar y, según la documentación, manipular la visibilidad de información tributaria sensible, añade una dimensión nueva a la causa: la posible penetración de la trama en los sistemas de información del Estado.
La documentación: capturas con marcas temporales
El material obtenido por este diario incluye capturas de pantalla del sistema de consultas de la AEAT con marcas temporales que, según la documentación, coinciden con momentos críticos del desarrollo de la trama. Los sistemas ZUJAR y PADRE son herramientas de uso interno de la Agencia Tributaria: el primero permite el cruce de información entre contribuyentes y la detección de patrones de riesgo fiscal; el segundo gestiona las declaraciones del IRPF y contiene información patrimonial y de rentas de personas físicas y jurídicas. El acceso a ambos está restringido por perfiles de usuario y queda registrado en logs auditables, lo que convierte las marcas temporales en un elemento potencialmente verificable por los investigadores.
Las cuatro sociedades pantalla
La documentación señala que la información fiscal reservada habría sido consultada en relación con al menos cuatro sociedades vinculadas a Aldama, figura ya investigada en el marco de la trama Koldo por su presunto papel como intermediario en la adjudicación de contratos de mascarillas a comunidades autónomas durante el estado de alarma de 2020. El uso de sociedades instrumentales para fragmentar y ocultar flujos de comisiones es una práctica documentada en procedimientos judiciales por blanqueo de capitales en España; permite dificultar el rastreo contable al distribuir ingresos entre entidades con escasa o nula actividad real.
Contexto institucional: qué protege el secreto tributario
El artículo 95 de la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos obtenidos por la Administración tributaria en el ejercicio de sus funciones, con limitadas excepciones tasadas por ley. La cesión no autorizada de información fiscal constituye una infracción grave que puede derivar en responsabilidad disciplinaria, administrativa y penal. En el ámbito penal, la revelación de secretos por funcionario público está tipificada en el Código Penal con penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación. Si se acreditara que esa información se utilizó para obstaculizar una investigación o para beneficiar a investigados, podría concurrir adicionalmente el tipo de obstrucción a la justicia.
Precedentes: corrupción con complicidad funcionarial
La participación de funcionarios públicos con acceso a bases de datos del Estado en tramas de corrupción no es un fenómeno sin antecedentes en España. Casos documentados y con sentencia firme —como los relacionados con filtraciones desde registros mercantiles o desde bases de datos policiales— han evidenciado que el perímetro de seguridad de los sistemas de información de la Administración puede ser vulnerado desde dentro. La diferencia en el caso que ahora emerge residiría en que las bases de datos de la AEAT contienen información especialmente sensible sobre el patrimonio y las transacciones de contribuyentes, y que su manipulación —o la omisión deliberada de alertas de riesgo— podría haber retrasado la detección de movimientos irregulares.
El Hemiciclo contactó con las partes
En el momento de publicación, ninguna de las partes había respondido a las preguntas remitidas. El Hemiciclo mantiene abierto el derecho de réplica y publicará las respuestas que se reciban en la misma sección.
Qué viene ahora
La documentación obtenida por este diario ha sido puesta en conocimiento de fuentes jurídicas consultadas para la elaboración de esta pieza, quienes señalan que, de ser autenticadas las capturas de pantalla mediante peritaje informático forense, podrían constituir indicio suficiente para solicitar la ampliación del objeto de la instrucción judicial en curso. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo —según el aforamiento del investigado— son las instancias con competencia para determinar si procede abrir diligencias contra el funcionario. La pieza que ahora aflora convierte la trama Koldo, hasta ahora centrada en el ámbito político y empresarial, en una investigación que alcanza potencialmente al núcleo administrativo del Estado.
