El juez instructor Juan Carlos Peinado ha rechazado archivar la causa penal abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y mantiene su intención de celebrar un juicio con jurado popular por el presunto desvío de recursos de la Universidad Complutense de Madrid hacia intereses privados. En paralelo, la Fiscalía Europea investiga los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés a través de Red.es, organismo público dependiente del Ministerio de Transformación Digital, por un importe superior a diez millones de euros. Begoña Gómez ha comparecido como testigo ante esa fiscalía supranacional y ha negado haber ejercido influencia alguna en la adjudicación de esos contratos.
Por qué importa este caso
La acumulación de dos frentes judiciales —uno nacional y otro europeo— sobre los mismos hechos y los mismos actores convierte este expediente en un asunto de singular gravedad institucional. El procedimiento ante el juez Peinado afecta directamente a la cónyuge del jefe del Ejecutivo, lo que sitúa el caso en una intersección inédita entre la esfera pública y la privada del poder ejecutivo en la democracia española. Al mismo tiempo, la apertura de una investigación por la Fiscalía Europea sobre fondos de procedencia comunitaria eleva la dimensión del asunto más allá de los tribunales nacionales y puede generar obligaciones de cooperación judicial con Bruselas.
La decisión del juez Peinado
La defensa de Begoña Gómez había solicitado el archivo de la causa alegando, entre otros argumentos, la ausencia de indicios suficientes para sostener la acusación. El juez Peinado ha desestimado esa petición y mantiene la instrucción abierta bajo la figura del presunto desvío de recursos universitarios. El magistrado insiste, además, en que el procedimiento debe desembocar en un juicio oral con jurado popular, fórmula prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995 para determinadas categorías de delitos y que implica que la decisión sobre la culpabilidad o inocencia recaerá en ciudadanos legos en derecho, no en magistrados profesionales.
Las cartas de recomendación en el centro del expediente
Un elemento nuclear del sumario son las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez y dirigidas a organismos que en ese momento evaluaban propuestas presentadas por el empresario Juan Carlos Barrabés. La existencia de esos documentos es el principal soporte material de la tesis acusatoria sobre una posible influencia indebida en procesos de adjudicación pública. La defensa no ha cuestionado la existencia de las cartas, sino su significado jurídico y la relación causal entre su envío y el resultado de los procedimientos administrativos en cuestión.
La Fiscalía Europea y los contratos de Barrabés con Red.es
De forma paralela al procedimiento nacional, la Fiscalía Europea —institución creada en 2021 con competencia para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea— ha abierto una investigación sobre los contratos suscritos entre Barrabés y Red.es, organismo adscrito al Ministerio con competencias en la gestión de fondos y proyectos digitales. El importe conjunto de esos contratos supera los diez millones de euros. Begoña Gómez ha declarado ante esa fiscalía en calidad de testigo y ha negado cualquier injerencia en el proceso de adjudicación. Red.es gestiona habitualmente programas financiados con fondos europeos, lo que explica la competencia de la Fiscalía Europea sobre este expediente.
Posición de las partes
La defensa de Begoña Gómez mantiene que no existe prueba de acto ilícito alguno y ha combatido en todas las instancias tanto la apertura del procedimiento como la negativa del juez a archivarlo. Gómez ha optado por colaborar activamente con la Fiscalía Europea, prestando declaración voluntaria y negando, según la información disponible, cualquier influencia sobre las adjudicaciones a Barrabés. El empresario, por su parte, ha sido señalado como el beneficiario material de los contratos en cuestión, aunque el material disponible no recoge declaraciones propias suyas sobre los hechos investigados. El Gobierno no ha formulado pronunciamientos formales sobre las actuaciones judiciales en curso.
Contexto: instrucción, jurado popular y fiscalías europeas
En el sistema procesal español, la fase de instrucción permite al juez recabar pruebas y valorar si existen indicios suficientes para abrir juicio oral; la negativa a archivar no equivale a una condena ni a una declaración de culpabilidad. El juicio con jurado popular está reservado por ley a un catálogo tasado de delitos —entre ellos, determinadas figuras de corrupción y malversación— y su celebración supone que doce ciudadanos elegidos por sorteo deliberan sobre los hechos. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, puede actuar en cualquiera de los veintidós estados miembros que la han adoptado y sus investigaciones son independientes de las que puedan desarrollar fiscalías nacionales sobre los mismos hechos.
Prospectiva
El caso abre ahora una doble vía de incertidumbre judicial. En el plano nacional, la instrucción del juez Peinado continuará mientras no prospere un recurso de la defensa ante instancias superiores o el propio instructor concluya que los indicios son insuficientes. En el plano europeo, la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de Red.es puede derivar en acusación formal, sobreseimiento o remisión a autoridades nacionales, con plazos y ritmos propios que no están supeditados al calendario del procedimiento español. La confluencia de ambas vías sobre los mismos hechos convierte los próximos meses en un período determinante para el resultado final del caso.
