El dato, difundido por el corresponsal Bill Melugin en su cuenta de X, marcaría la primera vez que el Pentágono hace público con qué frecuencia recurre a su tecnología de contramedidas contra sistemas de aeronaves no tripuladas —conocida por sus siglas en inglés como UAS— para neutralizar drones presuntamente vinculados al crimen organizado que intentan infiltrarse en territorio estadounidense. La estrategia, según el reporte, refleja un esfuerzo por construir una defensa antidrones "en capas" y de rápida implementación, que combine tecnología, personal capacitado y marcos de autorización actualizados, en lugar de depender de un único sistema definitivo.
Kingsley Wilson, vocero del Pentágono, declaró al medio estadounidense que "Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a las amenazas de drones vinculados a los cárteles". El funcionario subrayó que esas acciones "se coordinan estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera".
Los derribos se enmarcan en lo que ambos gobiernos denominan operativos "espejo": acciones simultáneas o sincronizadas que las fuerzas de los dos países realizan, según las autoridades responsables, desde hace cinco años en distintos puntos de la línea divisoria para combatir el tráfico de personas, de drogas y de armas. La coordinación se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien colocó el combate a la migración irregular y al tráfico de fentanilo entre sus principales prioridades hacia México.
El episodio con láser del 28 de agosto
El antecedente más documentado ocurrió el 28 de agosto, cuando el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) confirmaron en un comunicado el uso de un sistema láser para derribar tres drones presuntamente relacionados con cárteles mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México. En esa operación se utilizó por primera vez el Láser de Alta Energía Multipropósito, identificado por sus siglas en inglés como AMP-HEL.
Los tres aparatos fueron catalogados por las autoridades estadounidenses como una amenaza física para el personal militar desplegado en la zona y para los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Un día después, el gobierno mexicano confirmó que los drones eran utilizados por traficantes de personas para vigilar los movimientos de las autoridades estadounidenses, y precisó que los tres derribos ocurrieron en territorio de Estados Unidos, dentro del esquema de coordinación bilateral vigente.
El uso de drones por estructuras del crimen organizado no es un fenómeno nuevo en México: distintas fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República han documentado en años recientes el empleo de estos aparatos tanto para la vigilancia de rutas de trasiego como para el lanzamiento de artefactos explosivos en enfrentamientos entre grupos rivales, con episodios reportados en estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas, esta última entidad donde se ha advertido la presencia de las llamadas facciones de "narcojuniors" en pugna por el control territorial.
La coordinación binacional en seguridad fronteriza tampoco es inédita. Desde la Iniciativa Mérida, suscrita en 2008 bajo las presidencias de Felipe Calderón y George W. Bush, ambos gobiernos han mantenido mecanismos de intercambio de inteligencia y equipamiento; ese marco fue sustituido en 2021 por el llamado Entendimiento Bicentenario. La magnitud y la sofisticación tecnológica del despliegue actual —con sistemas láser de alta energía— representarían un salto respecto a esquemas previos basados principalmente en vigilancia y patrullajes.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha insistido recientemente en la necesidad de golpear las estructuras financieras de los cárteles, al señalar que las autoridades estadounidenses buscan "ir por el dinero" de esas organizaciones para afectar lo que describió como "el corazón de sus redes criminales", una línea que se suma a la estrategia de contención tecnológica en la frontera.
La revelación abre interrogantes sobre el marco jurídico bajo el cual se autorizan estos derribos en territorio estadounidense y sobre el protocolo de notificación a las autoridades mexicanas cuando los aparatos abatidos hayan despegado o sean operados desde suelo nacional, un punto que previsiblemente será objeto de mayor escrutinio en la relación bilateral conforme ambos gobiernos continúen ampliando el uso de tecnología antidrones en la franja fronteriza.