Una funcionaria del gabinete presenta en televisión a un experto en la manipulación algorítmica de la opinión, y ese experto tiene a su vez una relación contractual con el aparato que produce buena parte de la narrativa oficial. No hace falta imaginar un guion: bastan los contratos, con folios, montos y vigencias, disponibles en un portal público.
Jiménez Zarate es, según la Plataforma Nacional de Transparencia, militante de Morena desde 2014. En marzo de 2022 el partido lo contrató como «auxiliar en actividades políticas» por 20 mil pesos durante un mes, con pagos quincenales netos de 10 mil pesos. Volvió a aparecer en la nómina partidista del 1 al 15 de septiembre de 2024, por otros 10 mil pesos, y de nuevo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, esta vez con pago mensual de 30 mil pesos que sumaron 90 mil. En total, tres contratos y 120 mil pesos en tres años, todos bajo el mismo concepto genérico de auxiliar de actividades políticas.
La cronología con el SPR corre en paralelo. Desde 2023 el especialista facturó al organismo que opera Canal Catorce por «desarrollo de contenidos y realización de programas». El contrato SPR-542-2023, vigente de septiembre a diciembre de ese año, fijó un monto de entre 21,293 y 54,755 pesos, con servicios de 2,622 pesos cada uno. El SPR-363-2024, de febrero a diciembre de 2024, ascendió a 201,580 pesos. Y el SPR-279-2025, vigente todo 2025, osciló entre 102,209 y 221,454 pesos. Los tres se otorgaron por adjudicación directa y suman al menos 325,083 pesos.
El dato que convierte esto en algo más que una relación de honorarios es la simultaneidad: en 2024 y 2025 Jiménez Zarate cobró al mismo tiempo de Morena y del SPR, según los documentos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia. No hay una prohibición expresa que impida a una persona prestar servicios a un partido y a un organismo público en paralelo si las funciones no se confunden. Pero la coincidencia exige explicación, sobre todo cuando el segundo contratante administra parte de la radiodifusión pública del Estado.
El SPR nació de la reforma en telecomunicaciones para operar los medios públicos federales con criterios de independencia editorial y servicio a la ciudadanía. Que uno de sus colaboradores por honorarios sea, a la vez, militante y prestador de servicios del partido en el gobierno no acredita por sí solo una instrucción política sobre los contenidos de Canal Catorce, pero erosiona la presunción de distancia que ese diseño institucional debería garantizar.
El contexto agrega una capa. En marzo de 2026, InfodemiaMx —la iniciativa del propio SPR contra las noticias falsas— ofreció una disculpa pública en redes sociales por haber calificado como falso un episodio real: el de una mujer que tomaba el sol desde un balcón de Palacio Nacional el 20 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó después la veracidad del episodio que el mecanismo de verificación oficial había desmentido.
En ese marco cobra relieve la presentación televisiva de Jiménez Zarate como voz autorizada sobre bots y manipulación digital. La consejera Alcalde lo describió como alguien especializado en «el análisis de fenómenos como la organización sistematizada de apoyo en redes sociales y su influencia en la formación de opinión pública». La descripción, leída junto a sus contratos, apunta al mismo terreno en el que él ha operado profesionalmente.
Conviene medir las cifras: 445 mil pesos en cuatro años no constituyen una fortuna ni sugieren, por sí solos, un esquema de enriquecimiento. El problema no es el monto, sino la arquitectura. Un especialista que cobra del partido gobernante y del organismo público de radiodifusión, presentado en un programa oficial para hablar de manipulación de la opinión pública, plantea un problema de transparencia que ninguna cantidad vuelve inocuo.
La consejería jurídica ha estado en el centro de otra controversia reciente: la difusión de un listado de periodistas y comentaristas críticos de la Cuarta Transformación. La organización Artículo 19 condenó esa lista y advirtió sobre estigmatización periodística y autocensura. La presidenta Sheinbaum, por su parte, minimizó el listado y rechazó haber ocasionado daños a los periodistas exhibidos. Sobre los contratos cruzados de Jiménez Zarate, ni la consejería jurídica ni el SPR han ofrecido hasta ahora una versión pública que explique la coincidencia.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige a los servidores públicos —y a quienes contratan con el Estado— evitar situaciones que comprometan la imparcialidad de su actuación. No existe impedimento legal para militar en un partido y prestar servicios profesionales a una dependencia pública, siempre que no medie conflicto de interés declarado ni tráfico de influencias. La zona gris entre lo permitido y lo indebido es, precisamente, donde correspondería trabajar a la fiscalización, con instancias como la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública.
El precedente no es lejano. La relación entre los medios públicos y el poder en turno ha sido un terreno de disputa recurrente, desde el antiguo Instituto Mexicano de la Radio hasta las polémicas sobre el manejo editorial de Canal Once o el propio SPR en sexenios anteriores. La pregunta de fondo —si el Estado mexicano puede sostener medios efectivamente autónomos del gobierno— reaparece cada sexenio, y cada sexenio produce, tarde o temprano, su propio episodio de contratos incómodos.
Lo que distingue este caso es que no requiere especulación: los contratos están documentados en la Plataforma Nacional de Transparencia, con instrumentos identificados, montos y vigencias. No hay una acusación por construir, sino un patrón por explicar. La siguiente ocasión en que alguien salga en televisión a explicar cómo funcionan los bots y la desinformación, resulta pertinente preguntar, con el mismo portal en la mano, quién le paga los honorarios.