La operación se saldó con 14 detenidos en territorio español y siete más en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia, mientras otras 12 personas señaladas en la causa continúan prófugas. Entre los arrestados figura un presunto banquero clandestino al que Europol identifica como uno de los objetivos prioritarios de la investigación, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad ni la de los demás detenidos.
La inspectora jefe de la unidad antiblanqueo de la policía española, Encarna Ortega, explicó a periodistas que la estructura operaba como un engranaje paralelo al sistema bancario formal, capaz de mover recursos entre países sin dejar rastro documental. "Sin esta financiación, estos cargamentos no podrían ser movidos de un país a otro. No podría cometerse el delito de tráfico de drogas, con lo cual nos encontramos ante lo que se denomina el crimen al servicio del crimen", declaró la funcionaria, en referencia al papel de intermediación financiera que, según la investigación, prestaba la red a distintas organizaciones criminales.
De acuerdo con la información policial, el entramado no se limitaba a transferencias informales de dinero: también habría prestado servicios de blanqueo de capitales y utilizado criptomonedas para liquidar operaciones entre proveedores y compradores de cocaína en distintos puntos de Europa. Esa combinación de banca en la sombra y activos digitales figura, según las autoridades, entre los métodos que dificultan el rastreo por parte de las unidades de inteligencia financiera.
El origen de la investigación se remonta a 2021, cuando las autoridades españolas incautaron 1.84 toneladas de cocaína a bordo del buque Nehir. La embarcación, según la reconstrucción policial, fue hundida deliberadamente tiempo después en el puerto de Gijón, en el norte de España, en un intento por ocultar un segundo cargamento de 1.65 toneladas que presuntamente transportaba. Ese hallazgo permitió a los investigadores tirar del hilo financiero que derivó, cinco años después, en el golpe contra el llamado "narcobanco".
El operativo permitió además la incautación de 121 cuentas bancarias con un saldo conjunto de 2.3 millones de euros, así como 48 inmuebles valuados en más de 14 millones de euros y vehículos de lujo por arriba de 1.6 millones de euros. En total, la policía española cifra en unos 20 millones de euros (23.2 mdd) el valor de los activos identificados hasta ahora dentro de la causa.
Rutas atlánticas y la cautela sobre una conexión regional
Aunque el operativo se desarrolló en territorio europeo, este tipo de estructuras financieras suele integrarse en cadenas logísticas que conectan a organizaciones productoras y de trasiego en Sudamérica con mercados de consumo en Europa, con España, Países Bajos y Bélgica entre los principales puntos de entrada. El material disponible no permite establecer con precisión el origen de la cocaína incautada en 2021, y las autoridades españolas no han mencionado a organizaciones mexicanas en relación con esta red.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido pronunciamiento alguno sobre una eventual conexión con la red desarticulada en España. México ha sido citado en investigaciones judiciales de distintos países como territorio de tránsito y de producción de precursores químicos, aunque cada caso exige corroboración procesal propia y no cabe presumir vínculo alguno sin que así lo determine la autoridad competente.
La cifra de 20 millones de euros en activos incautados se inscribe en una serie de operaciones previas de naturaleza similar: en años recientes, la policía española ha desarticulado organizaciones que empleaban bases flotantes en altamar para transbordar cargamentos de cocaína, un antecedente que ilustra la sofisticación logística adquirida por estas redes en la región atlántica. En América Latina, casos comparables como la captura del capo Joaquín "el Chapo" Guzmán y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 mostraron cómo la cooperación internacional se ha vuelto pieza central en el desmantelamiento de estructuras transnacionales.
Fase preliminar y trámites de extradición pendientes
En el sistema procesal español, los 14 detenidos en territorio nacional deberán comparecer ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación —prisión provisional, libertad con medidas cautelares o libertad sin cargos—, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ninguno de los arrestados ha sido, hasta el momento, formalmente acusado ni sentenciado; la información corresponde a la fase de investigación policial y judicial preliminar, en la que rige la presunción de inocencia.
Los siete detenidos en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia enfrentan procesos de extradición o cooperación judicial internacional cuya duración depende de los tratados bilaterales vigentes entre España y cada uno de esos países. Europol no ha precisado plazos para la conclusión de esos trámites ni ha detallado si existen solicitudes de extradición adicionales relacionadas con los 12 prófugos que aún se buscan.
En España, la Audiencia Nacional es el tribunal competente para conocer los delitos de crimen organizado transnacional y blanqueo de capitales, y sería la instancia llamada a instruir eventuales cargos formales. La normativa antiblanqueo europea se ha reforzado en los últimos años, aunque la persistencia de estas redes evidencia, según los investigadores citados por la policía española, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales frente a la regulación.
Por lo pronto, la investigación permanece abierta y las autoridades españolas no han descartado nuevas detenciones conforme avance el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos incautados durante los cateos. Tampoco se ha informado si la fiscalía antidroga formulará cargos en las próximas semanas ni el calendario para la comparecencia de los detenidos ante la autoridad judicial.