La causa se dirige contra Grande-Marlaska y contra quienes resulten responsables por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tratamiento ilícito de datos personales que revelan la ideología, prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, según recoge la propia resolución judicial. La Sala ha ordenado formar rollo y registrar el procedimiento a raíz del escrito de Pineda.
El origen está en un documento titulado «Tertulianos. Radio y Televisión», elaborado en 2024 con membrete del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación. Según la querella, el fichero incluye fotografías y datos profesionales de numerosos periodistas y tertulianos junto a etiquetas sobre su posición ideológica: expresiones como «ideología de izquierdas», «extrema derecha», «militante socialista» o «ideología radical de derechas» conviven con valoraciones sobre la postura de cada profesional respecto al Gobierno, Bildu, ETA, la amnistía o el independentismo.
La denuncia inicial de Pineda pretendía personarse como acusación popular, pero el Supremo recordó que el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige presentar una querella formal para ejercer esa vía, con poder especial de representación procesal incluido. La Sala fue explícita en su providencia al requerir la subsanación:
«Con carácter previo a continuar la tramitación de la presente causa», debía formularse una querella con los requisitos legales, según recoge la providencia de la Sala Segunda.
Ese trámite ya se ha completado. Este martes, Pineda ha transformado formalmente su escrito en una querella criminal contra Grande-Marlaska dentro de la misma causa especial. El escrito reclama al Alto Tribunal que admita la querella a trámite, designe instructor y ordene diligencias para esclarecer la autoría y el uso del fichero, entre ellas que se requiera a Interior el documento original, sus borradores, copias, metadatos y registros de acceso, además de los correos electrónicos, órdenes de servicio y notas internas relacionadas con su elaboración.
El precedente de Villarejo y el BBVA
El tratamiento de datos de periodistas cuenta con un antecedente judicial de mayor recorrido: los presuntos encargos de BBVA al excomisario José Manuel Villarejo, entre cuyos objetivos figuraron empresarios, políticos y también periodistas. La Audiencia Nacional abrió en julio juicio oral contra la entidad, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, una causa que se encuentra en una fase procesal mucho más avanzada que la abierta ahora contra Marlaska.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en ese procedimiento penas que suman 173 años de cárcel para Francisco González y una multa superior a 180 millones de euros para BBVA. Entre los afectados por aquellas actuaciones figura Eduardo Inda, director de OKDIARIO, que reclama indemnización por los daños derivados del espionaje. Esta apertura llega en un momento de intensa actividad judicial reflejada también en casos como el de la pareja del arquitecto Josep Juanpere detenida por los Mossos.
La Sala Segunda deberá decidir ahora si admite a trámite la querella y, en su caso, quién instruye la causa y qué diligencias se practican para determinar si Grande-Marlaska u otros responsables de Interior ordenaron, elaboraron o utilizaron el fichero contra los profesionales señalados.
