La controversia se remonta al 30 de julio, fecha en la que, según el relato de Rollán, se desató la crisis migratoria de Ceuta, prolongada en los días siguientes. Una semana después, el 7 de agosto, Simancas trasladó por escrito al presidente del Senado la petición de desconvocar las comparecencias, advirtiendo de que, de mantenerse las fechas, los ministros «se verán obligados a no comparecer» ante «la falta de tiempo de preparación» y el «sinsentido de unas comparecencias duplicadas».
Rollán ha respondido con un escrito en el que rechaza los argumentos del Gobierno. Recuerda que el control al Ejecutivo es una función que la Constitución atribuye a las Cortes Generales —integradas por el Congreso y el Senado— y que la comparecencia de los miembros del Gobierno ante cualquiera de las dos cámaras constituye, en sus palabras, «un instrumento fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento del sistema parlamentario».
El presidente de la Cámara Alta invoca la «genuina obligación jurídica» de los ministros de acudir cuando son requeridos. El artículo 110 de la Constitución establece que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que a su vez tienen acceso a las sesiones y facultad para hacerse oír. El Reglamento del Senado desarrolla ese mecanismo, articulando comparecencias tanto en comisión como en Pleno a instancia de la mayoría.
Rollán pone en duda además la coherencia temporal del argumento gubernamental. Sostiene que «no puede afirmarse sin sonrojo que cinco, seis y diez días de antelación» respecto a las sesiones del 12, 13 y 17 de agosto «sean insuficientes para su preparación», dado que la crisis estalló el 30 de julio y los ministros disponen de los recursos «inherentes a tan alta condición». En su escrito asegura que «habría cabido un margen razonable» para fijar las fechas, pero que el Senado «no ha encontrado receptividad alguna por parte del Gobierno».
Un elemento que agrava el desencuentro es que el Ejecutivo, según denuncia Rollán, registró con posterioridad a la convocatoria del Senado sus propias peticiones de comparecencia de los mismos ministros ante las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados, sesiones que se celebrarían casi un mes después del inicio de la crisis. La Presidencia del Senado interpreta ese movimiento como una «notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales».
El PP justificó su iniciativa de convocar a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores) en pleno mes de agosto para evitar que, según el partido, los ministros «prolonguen más su silencio y sus vacaciones en la playa». La convocatoria coincide con el periodo vacacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inició su descanso en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, el 1 de agosto, un día después de viajar a Ceuta.
Este sábado, antes de dirigirse a Simancas, Rollán ya había remitido cartas individuales a Marlaska, Robles y Albares advirtiéndoles de las consecuencias legales que podría acarrear no comparecer ante el Senado sin justificarlo debidamente. En su misiva al secretario de Estado subraya que la negativa del Ejecutivo «menoscaba la capacidad del Senado para ejercer sus competencias de impulso y control de la acción del Gobierno».
El Gobierno, por su parte, mantiene los argumentos ya trasladados por Simancas: la falta de tiempo material para preparar las comparecencias y lo que considera una duplicidad innecesaria de sesiones sobre el mismo asunto en las dos cámaras. En su carta, el secretario de Estado condicionaba la asistencia a la desconvocatoria de las sesiones del Senado y defendía que el examen se sustancie en el Congreso.
El choque plantea una cuestión de fondo sobre el reparto de funciones entre ambas cámaras en materia de control al Ejecutivo. Aunque el Congreso concentra habitualmente el grueso de esa actividad mediante preguntas, interpelaciones y mociones, el Senado conserva, conforme al artículo 66 de la Constitución, su condición de cámara legislativa con capacidad para reclamar comparecencias, instrumento que en esta ocasión ha topado con la resistencia del Gobierno.
El enfrentamiento por vía de correspondencia oficial entre la Presidencia de una cámara y el Ejecutivo es poco frecuente en la historia parlamentaria desde la Transición. Los gobiernos han mantenido tensiones puntuales con el Senado sobre la agenda de comparecencias, especialmente en fases de mayorías cruzadas entre ambas cámaras, pero el pulso abierto por escrito otorga a este episodio un carácter singular en la relación entre las dos instituciones.
Rollán cierra su carta reservándose la adopción de «medidas para la preservación de sus funciones constitucionales», sin precisar cuáles, e insta al Ejecutivo a reconsiderar su posición y a facilitar la presencia de los tres ministros ante las comisiones y el Pleno del Senado conforme a las solicitudes registradas.
Los próximos días marcarán si el Gobierno reconsidera su decisión antes del 12 de agosto, fecha prevista para la primera comparecencia convocada en el Senado, o si los ministros acuden únicamente ante el Congreso semanas más tarde. De mantenerse el pulso, la Cámara Alta podría explorar vías adicionales de presión política e institucional, aunque el marco constitucional no contempla mecanismos coercitivos directos para forzar la asistencia de un ministro que decide no comparecer.
