La petición se enmarca en la tensión que atraviesa Ceuta por la llegada de menores extranjeros no acompañados, un fenómeno que ha reabierto el debate sobre el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección de menores. El PP sostiene que la exigencia de reformar la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, antes de aceptar cualquier mecanismo de distribución territorial responde a la voluntad de reforzar el control migratorio en la frontera, en lugar de trasladar, según su lectura, la carga a las autonomías.
La crítica de fondo del partido apunta a la ausencia de un censo fiable. Según la posición trasladada por el PP, el Ejecutivo no dispondría de una cifra consolidada de menores extranjeros no acompañados presentes en Ceuta, lo que dificultaría cualquier planificación de reparto entre autonomías. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el organismo competente para publicar estadísticas oficiales sobre esta materia.
La estrategia no se limita al plano normativo. El PP reclama la habilitación de sesiones extraordinarias en el Senado durante agosto, mes en el que las Cortes Generales permanecen habitualmente fuera del periodo ordinario de sesiones. El artículo 73 de la Constitución establece que las Cámaras se reúnen en dos periodos ordinarios —de septiembre a diciembre y de febrero a junio—, y prevé que puedan celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, sobre un orden del día determinado.
El Senado, donde el PP obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales de julde 2023, tiene margen reglamentario para forzar esa convocatoria sin depender del Ejecutivo. La petición paralela a Armengol para que el Congreso siga el mismo camino busca trasladar la presión a la Cámara Baja, donde la mayoría gubernamental es más ajustada y el control de la agenda recae en la Mesa que ella preside.
Un reparto ya avalado por el Constitucional
La distribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades se rige por el principio de solidaridad interterritorial recogido en la legislación de extranjería y desarrollado por sucesivas reformas. La modificación introducida en 2021 estableció un mecanismo de reparto ante situaciones de contingencia migratoria que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades gobernadas por el PP, que alegaban invasión de sus competencias en materia de protección de menores, un ámbito que corresponde a las autonomías conforme al artículo 148.1.20 de la Constitución. El alto tribunal confirmó la constitucionalidad del mecanismo, zanjando la disputa jurídica aunque no la política.
Ese choque competencial no es nuevo. Desde 2018, cuando la llegada de embarcaciones a las costas andaluzas y canarias situó con fuerza el asunto en la agenda parlamentaria, el reparto de menores migrantes ha enfrentado de forma recurrente al Gobierno central con los ejecutivos autonómicos del PP. Durante la crisis migratoria de Canarias en 2023 y 2024, distintos grupos reclamaron también sesiones extraordinarias para abordar la llegada de menores a las islas, sin que en todos los casos se habilitara el trámite, lo que ilustra que la convocatoria de periodos extraordinarios exige en la práctica un acuerdo entre los grupos con representación suficiente para forzarla.
El Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre la exigencia de reformar la ley antes de avanzar en la acogida. En episodios anteriores, el Ejecutivo ha defendido que la solidaridad interterritorial ya está recogida en la legislación vigente y que su aplicación no debería condicionarse a reformas adicionales, si bien no consta una respuesta directa a la petición formulada esta semana.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, gobernada por el también popular Juan Jesús Vivas, ha reclamado en ocasiones anteriores mayor implicación del Estado en la gestión de los menores no acompañados, dada la limitada capacidad de sus centros de acogida y el desgaste presupuestario que supone para una administración de dimensiones reducidas frente a un fenómeno de alcance estatal.
Un problema compartido en el sur de la UE
España no es el único Estado de la Unión Europea que afronta tensiones por la llegada de menores no acompañados a sus fronteras exteriores. Según Eurostat, España figura entre los países con mayor número de solicitudes de protección internacional presentadas por menores no acompañados, junto con Italia y Grecia, los otros dos Estados con extensa frontera marítima meridional. El Pacto europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024, introduce mecanismos de solidaridad obligatoria entre los socios para el reparto de solicitantes, aunque su aplicación al caso concreto de los menores no acompañados sigue generando controversia sobre responsabilidades y financiación.
A partir de ahora, el calendario dependerá de si el Gobierno acepta abrir la negociación sobre la reforma de la Ley de Extranjería y de si el Senado y el Congreso terminan habilitando sesiones extraordinarias en agosto. En el caso de la Cámara Baja, la convocatoria requeriría una decisión de la Mesa o una petición respaldada por la mayoría absoluta de los diputados. Mientras tanto, la situación de los menores no acompañados en Ceuta permanece sin una solución de reparto acordada entre las partes.
